En La guerra y el futuro de la ley policéntrica y Defensa nacional y bienes públicos ya hablamos sobre los problemas de defensa exterior a que se enfrenta una comunidad regida por contratos voluntarios. Robert P. Thomas y Douglass C. North (de quien también hemos hablado aquí) resumen bien el argumento en El nacimiento del mundo occidental (p.14):
Podemos considerar el gobierno sencillamente como una organización que ofrece justicia y protección a cambio de ingresos. Esto es, nosotros pagamos al gobierno para que establezca y haga cumplir los derechos de propiedad. Aunque, ciertamente, ciertos grupos voluntarios pueden proteger los derechos de propiedad en una escala reducida, resulta casi inimaginable que se pueda obligar a que sean respetados de forma general sin la autoridad del gobierno. Veamos las razones. Desde que el nomadismo dejó paso a los asentamientos agrícolas, el hombre encontró dos maneras de adquirir bienes y servicios: podía producirlos o robárselos a los demás. En el último caso la coacción era un mecanismo para la redistribución de la riqueza y la renta. ante la amenaza de los bandoleros, la respuesta de los productores de bienes y servicios consistió en invertir en defensa militar. Pero la construcción de fortalezas y el aislamiento de soldados hizo surgir inmediatamente el problema del free rider. Como realmente resultaba difícil establecer fortalezas y tropas para proteger a algunos vecinos sin proteger a todos, si las contribuciones se establecían sobre una base voluntaria todos encontraban más ventajoso dejar que pagase el vecino. Así pues, la defensa, como caso clásico de bien público, implica el problema de excluir de los beneficios a terceros. La solución más eficaz fue -y continúa siéndolo- la creación de una autoridad gubernamental y la contribución obligatoria por parte de todos los beneficiarios.
La explicación es esencialmente correcta, pero los autores hacen una extrapolación injustificada: si bien reconocen que el Estado nace en un contexto tecnológico y organizativo muy específico (el período que va del Neolítico a la Edad de los metales), en el que las organizaciones voluntarias son incapaces de excluir a los free riders, a continuación pasan a considerar que el Estado es igualmente necesario en la actualidad, a pesar de que las condiciones tecnológicas y organizativas son notablemente distintas.
Estoy de acuerdo con los autores en que, dado un contexto militar donde la única forma de defenderse consiste en construir murallas y pagar el reclutamiento de soldados, el Estado quizá sea necesario para excluir a los free riders que se nieguen a contribuir en la defensa. Esto todavía admite dudas, al menos en el Neolítico, cuando poblados como Çatal Huyuk -actual Turquía- solventaron hasta cierto punto el problema de los free riders apiñando las casas entre sí, suprimiendo las calles y formando una especie de muralla natural de cara al exterior, de forma que todos los vecinos estuvieran obligados, por razones obvias, a contribuir en la defensa exterior. Sin embargo, como los arqueólogos consideran que esa “muralla de viviendas” no debía disuadir más que pequeñas incursiones o ataques de animales salvajes, podemos coincidir con North en lo esencial.
Pero aun así, es evidente que en la actualidad no necesitamos murallas para delimitar el área de los Estados; que la tecnología permite coordinar a bajo coste grandes cantidades de trabajo mediante Internet o telefonía móvil; y que la eficiencia de las organizaciones voluntarias ha aumentado enormemente gracias a la aparición de compañías de seguros, etc.
Una compañía libertaria de defensa podría excluir a los free riders de diversas formas: negándoles la restitución de sus bienes destruidos o expoliados, restringiendo su acceso a refugios antiaéreos propiedad de la compañía, etc. Pero ni siquiera sería necesario excluirlos si los beneficios privados superasen los costes privados, aun cuando los beneficios sociales fueran proporcionalmente mayores (es decir, a pesar de que persistieran free riders que se benefician del servicio sin soportar su coste). Probablemente las empresas e individuos más ricos, al percibir la guerra como más perjudicial en términos absolutos, patrocinen a las compañías de defensa a cambio de publicidad y prestigio ante su comunidad. Roderick Long cuestionaba que alguien tuviera más incentivos que Coca-Cola en patrocinar la defensa de Estados Unidos frente ataques externos, pero la cuestión bien podría plantearse en término de redes cooperativas o empresas ubicadas en zonas geográficamente comprometidas (más susceptibles de sufrir daños y, por tanto, más proclives a invertir en su prevención).
Si la Atenas clásica pagaba sus trirremes fiscalizando a los acaudalados terratenientes, es posible que una sociedad libertaria pague sus tanques y aviones incentivando a los más ricos a que, de forma voluntaria, inviertan en la defensa de sus propiedades. Si la publicidad ya sufraga competiciones deportivas o excavaciones arqueológicas, ¿por qué no iba a permitir la defensa frente a agresiones externas?
