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Instituciones y subdesarrollo: el caso de Guinea Ecuatorial

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Hemos hablado sobre Guinea Ecuatorial en otra ocasión como ejemplo de transición al capitalismo en el Tercer Mundo. En esta ocasión me ocupo de Guinea Ecuatorial como paradigma de la relación entre malas instituciones y subdesarrollo económico. Aunque a priori estos dos aspectos son contradictorios (asociamos capitalismo con desarrollo económico), no deberían serlo si tenemos en cuenta que estos regímenes aceleran la concentración de riqueza y el divorcio entre trabajo y capital, pero al mismo tiempo inhiben la creación de un mercado articulado a partir de contratos y organizaciones complejas. Nos encontramos con un caso de capitalismo caciquil. Como España, pero peor aún.

Os pego un fragmento del penúltimo párrafo:

Estos casos ilustran el papel clave que juegan las instituciones en el desarrollo económico. Al elevar la inseguridad jurídica y los costes de transacción, Obiang no sólo captura rentas a costa de los inversores extranjeros sino de la gran mayoría de guineanos, que en otro caso prosperarían desde sus negocios precarios y casi autosuficientes actuales hasta formas de organización y contratación complejas que erosionarían las rentas de la clase dominante (que incluye, por cierto, a algunos empresarios extranjeros que sí se han amoldado al régimen).

Podéis leer el artículo entero en Societas Maris.

‘Libre mercado’ sobre la reforma educativa

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Domingo Soriano publica hoy en el periódico ‘Libre mercado’ un artículo sobre educación que repasa los principales estudios sobre la materia y propone algunas alternativas para mejorar la calidad de la educación en España.

Los informes PISA y los estudios de Mckinsey y Fedea coinciden en sus líneas generales: los sistemas educativos excelentes seleccionan a mejores profesores (a través de exámenes y/o entrevistas y pruebas en los centros), otorgan más autonomía a profesores y claustros para diseñar sus planes y les hacen responsables de los resultados de sus alumnos, haciéndolos públicos u otorgándoles primas en función de los mismos. En la misma línea, un dato que se desprende del informe PISA es que, a partir de determinado nivel mínimo de gasto en educación, el dinero invertido por alumno no es un factor determinante de los resultados. A partir de entonces el papel decisivo recae en la estructura de la enseñanza (la selección y los incentivos de los profesores, la descentralización de las decisiones, etc.), lo que significa que podríamos mejorar enormemente su calidad sin gastar un solo céntimo.

Hasta aquí todo bien. Pero el señor Soriano utiliza estos datos para defender una reforma del sistema educativo español que ignora completamente muchas de sus particularidades. Así, considera “interesantes” algunas medidas tomadas por la Comunidad de Madrid en materia educativa, como otorgar más poder de contratación a los directores de centro, o dar prioridad a la nota de las oposiciones sobre la antigüedad en la contratación de nuevo personal.

En mi opinión, el autor pasa por alto que la estructura organizativa de los centros españoles es fundamentalmente distinta a la estructura de los países excelentes en materia educativa, de modo que una medida en principio descentralizadora tenderá a producir resultados muy distintos a los previstos. Los institutos públicos están diseñados de forma que los funcionarios tienen poder sobre los interinos; los jefes de departamento, a su vez, sobre los funcionarios; y los directores sobre todo el personal del centro. Esta jerarquía es todavía más complicada si tenemos en cuenta dos aspectos: a) que directores y jefes de departamento tienen discreción para diseñar horarios y asignar grupos; y b) que ninguno de los trabajadores tiene incentivos en hacer bien su trabajo, ni tiene penalizaciones por hacerlo poco y mal. Como resultado, los estratos con más poder dentro de la jerarquía tienden a acaparar los grupos de alumnos más reducidos y/o mejores, externalizando los peores grupos de alumnos y asignaturas en los profesores novatos o con menos poder dentro de la jerarquía. Así, es muy habitual que los alumnos que requieren más atención sean atendidos, paradójicamente, por los profesores con menos experiencia.

En ese sentido, los directores de la Comunidad de Madrid percibirán su nuevo poder de contratación como un medio para beneficiarse y para repartir prebendas y favores entre sus simpatizantes a costa de los alumnos y de los nuevos profesores, como en el caso de los grupos problemáticos.

Por otro lado, otorgar prioridad a las notas de las oposiciones sobre la antigüedad apenas soluciona ningún problema de la enseñanza. Los nuevos profesores tendrán incentivos ex ante (previos a la contratación) para dominar la materia, pero seguirán careciendo de todo incentivo ex post en renovar su dominio sobre esa misma materia y, sobre todo, en saber transmitirla. Las bonificaciones en función de los resultados obtenidos pueden proporcionar algún incentivo ex post, pero muy débil en comparación con los incentivos de mercado, y probablemente distorsionado por la estructura organizativa de los centros.

El gran hándicap de la enseñanza, por tanto consiste en reducir la jerarquía de poder (p. ej., eliminando la división entre funcionarios e interinos), controlar las fuentes de privilegio dentro de la jerarquía (básicamente, la asignación de asignaturas, grupos y horarios) y conseguir que todos los profesores tengan incentivos en su trabajo.

Algunos países excelentes han descentralizado las decisiones con cierto éxito al repartirlas entre el director y una junta escolar; otros han delegado todas las decisiones relevantes en los centros, ocupándose únicamente de regular algunas cuestiones. En mi opinión, la experiencia de las cooperativas escolares y de los colegios privados muestra que el mercado proporciona incentivos más fuertes que las bonificaciones estatales, al tiempo que impide completamente el crecimiento de jerarquías privilegiadas dentro de la enseñanza. La competencia y la descentralización real no sólo proporcionan buenos incentivos a los profesores, sino que permitirían innovar con nuevos planes de enseñanza y seleccionar a los que realmente funcionan.

El Futuro de la Justicia, o el Complejo Judicial-Industrial

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Gallardón

Entre 100 y 1.200 € tendrán que pagar las personas físicas en el Estado español para recurrir en los tribunales de lo civil (conflictos de propiedad y contractuales), lo social (conflictos laborales) y lo contencioso-administrativo (conflictos con la administración). Las jurisdicciones penal y militar quedan por ahora exentas. Así lo establece la Ley 10/2012 del 20 de noviembre, que entró en vigor el 21 pero que no se aplicará hasta dentro de unas semanas, cuando estén listos los formularios para hacer los pagos. [1] Nos dice el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón que esta medida paradójicamente es necesaria para preservar la gratuidad de la justicia. Supongo que el gobierno nos toma por tontos.

Como se puede comprobar enla Disposición FinalCuarta del texto, el gobierno ha aprovechado esta ley para hacerles un regalo de navidad a los funcionarios judiciales. Ha utilizado la misma estrategia de introducir una medida impopular en una ley sin relación para que pase desapercibida a periodistas poco avispados. Ya lo hizo el gobierno de Zapatero con la llamada Ley Sinde, que, recordemos, era un apartado dela Leyde Economía Sostenible. Esto confirma que nos toma por tontos.

Este recorte es más oneroso que los recortes en la sanidad o la educación estatales. Mal que bien, cualquiera puede evadir algunos impuestos y aprovecharse todo lo posible de los servicios estatales gratuitos. Mientras, los seguros médicos, los colegios y las universidades privados seguirán allí para cuando la carga tributaria y las tasas sean tan insoportables que no merezca la pena acudir a los servicios estatales. Pero los tribunales estatales son monopólicos, el Estado eliminaría cualquier intento de crear otros tribunales paralelos. Por tanto, cuando hay que resolver una cuestión legal o un conflicto o denunciar una agresión, no queda más remedio que pagar al Estado lo que el Estado pida. [2]

En casi todos los ámbitos del Estado español se observa desde hace años una tendencia a externalizar los servicios, que son gestionados por empresas privadas subcontratadas en concurso público. Si en la justicia se sigue también la misma tendencia privatizadora, el futuro se presenta aún más tenebroso.

Si esto sigue así, en unas décadas un pequeño conjunto de empresas, un complejo judicial-industrial, serán las responsables de la gestión de todo el papeleo jurídico, la celebración de los juicios y demás parafernalia legal. Veremos trabajadores jurídicos precarios y larguísimas cadenas de empresas subcontratadas por otras empresas. La ley se seguirá elaborando exclusivamente en las instituciones del Estado, y estas empresas tendrán el monopolio sobre su aplicación. Esto les proporcionará una copiosa tasa de beneficios gracias a una demanda constante y asegurada, ante la que no serán responsables.

Habrá un solapamiento evidente entre los altos cargos del Estado y los accionistas mayoritarios y altos cargos de estas empresas, igual que lo ha habido y lo hay con empresas privadas del sector energético o del complejo militar industrial, por dar dos ejemplos. Esto hará sumamente sospechosa la neutralidad de los concursos públicos en los que se contratará a estas empresas, y nos advierte de que no cabrá esperar de ellas una mayor eficiencia o un mejor servicio.

Con este movimiento el Estado entrará en una nueva fase. El Estado mantendrá el monopolio forzoso sobre la ley y el uso de la fuerza, pero cobrando como una empresa privada, a pesar de que seguiremos pagando impuestos (cada vez más). De este modo la clase dominante, a través del Estado, extraerá la plusvalía directamente por medios políticos.

Ésta no es una anomalía puntual del funcionamiento del Estado, sino que es una consecuencia de su naturaleza misma. El Estado es una institución basada en la violencia, que coloca forzosamente a algunos seres humanos bajo la voluntad de otros. Aunque a corto plazo se pueden esperar algunos buenos resultados, en el mundo no hay suficientes santos como para que un ser humano imperfecto no acabe en una posición de poder y la utilice – quizá sin siquiera ser consciente de ello – para sus propios fines, a costa de los demás.

Por tanto, los problemas de la justicia en España y la previsible dificultad de acceder a ella, no pueden ser resueltos con nuevas leyes y nuevos políticos, al menos no si se busca una solución a largo plazo. Podemos imaginar una sociedad en la que no haya una ley monopólica, donde distintos sistemas legales, promovidos por tribunales independientes, empresas privadas de seguridad, cooperativas, filés o asambleas vecinales, se solapen en un mismo territorio sin que ninguna llegue a ser hegemónica. Aunque ahondar en los detalles excede el objetivo de este artículo, podemos imaginar que las leyes no serán escritas por políticos según su percepción de lo que les conviene a los demás [3], sino que cada persona elegirá el sistema que juzgue más conveniente para sus intereses. El orden que espontáneamente surja del equilibro entre los distintos intereses, y de la igualación de la oferta y la demanda en el libre mercado, dará una ley apropiada para cada momento y lugar.

***

[1] Sí, esto es tan ilegal como parece. Durante ese tiempo probablemente no se podrán tramitar los casos.

[2] De todas formas, es posible que tomarse la justicia por la propia mano salga rentable en algunos casos, si alguien provoca a su agresor daños de modo que por las tasas no le resulte rentable denunciarlos a su vez.

[3] Eso siendo optimista. En el peor de los casos, según su percepción de lo que les conviene a sí mismos.

Sanidad Universal no es Sanidad Estatal

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Rad Geek

Charles Johnson, también conocido como Rad Geek (el Friki Radical) es un prominente libertario de izquierdas, que pone especial énfasis en los aspectos culturales izquierdistas. Para él, alcanzar una sociedad libertaria, en la que no exista la agresión institucionalizada, es quedarse a medio camino. Es preciso promover unos valores culturales de izquierdas que prevengan contra formas no violentas de opresión y contra la reaparición de la coerción. Contra el machismo, feminismo, contra el poder de los jefes, solidaridad obrera, y un largo etcétera. Quedaos con el nombre, probablemente dará más guerra en el futuro.

El pasado mayo publicó en su blog una nota sobre la sanidad universal que a continuación traduzco. El texto apareció originalmente en septiembre de 2011 en un comentario a un pequeño artículo de Matthew Yglesias, un liberal – socialdemócrata – con algunas simpatías libertarias. Es una respuesta a un comentario anterior favorable a una sanidad universal:

Si te opones a la sanidad universal, por definición estás a favor de que la gente que no puede permitirse una cobertura sanitaria muera.

La mayoría de los conservadores han aprendido a no decir estas cosas en público, pero por supuesto es en lo que creen.

—ds_at_yglesias, 15 de septiembre de 2011, 7:39pm

A lo que responde Johnson:

Quizá. (Ciertamente, hay muchos conservadores que se sienten demasiado cómodos con – e incluso están entusiasmados por – gran parte del sufrimiento innecesario de este mundo.)

Pero espero que te des cuenta de que no todo el mundo que está a favor de la sanidad universal apoya la sanidad estatal, y no todo el mundo que está en contra de la sanidad estatal se opone a la sanidad universal. Lo uno podría seguirse de lo otro si la única manera de tener una cobertura universal fuese por medio de una garantía política de cobertura. Pero esto no es así: hay gente que está en contra de la sanidad estatal porque cree que la sanidad corporativa es estupenda y les da igual que la gente muera; pero hay gente que está en contra de la sanidad estatal porque están a favor de una cobertura universal no estatal y no corporativa por medio de organizaciones sociales de base y del apoyo mutuo comunitario. (Véase por ejemplo http://radgeek.com/gt/2007/10/25/radical_healthcare/ o la parte final de http://www.fee.org/the_freeman/detail/the-health-care-debate-was-meaningful/.)

Por supuesto, esto deja abierta la cuestión de si ellos (nosotros – soy uno de ellos) están en lo cierto respecto a la mejor manera de conseguir una cobertura universal. Quizá los medios sociales son inadecuados; o quizá hay alguna razón, que todavía no se ha mencionado, por la cual el control estatal es preferible, como medio para conseguirla, a las asociaciones voluntarias de apoyo mutuo. Pero sea la postura correcta o incorrecta, ciertamente no se puede responder simplemente eliminándola del vocabulario, como haces cuando asumes que las únicas alternativas disponibles son (1) cobertura corporativa sólo para aquellos que se lo pueden permitir; o bien (2) cobertura universal por decreto; como si no hubiera un (3) cobertura universal por medios no estatales.

—Charles Johnson, 16 de septiembre de 2011, 10:32pm

Leyendo otros textos suyos, parece que lo que Charles Johnson propone es una combinación de asociaciones de apoyo mutuo que proporcionen cobertura sanitaria asequible, y una sanidad universal gratuita en la línea de la actividad de la Cruz Roja o de Médicos Sin Fronteras.

Esto es similar en cierto modo a lo que están haciendo ciertos médicos del Estado español con el apoyo del 15-M. Con el Real Decreto-ley 16/2012 del pasado abril se introdujeron un buen puñado de recortes y reformas en la sanidad del Estado español. Entre ellos, en un cambio sin precedentes, la sanidad ha dejado de ser universal desde septiembre. Ahora ya no se atiende a los inmigrantes sin papeles de forma gratuita, pero algunos médicos “objetores” les están atendiendo a pesar de ello. Si esto se convirtiera en una red contraeconómica de médicos fuera de las estructuras del Estado, dispuestos a atender a inmigrantes y a otras personas económicamente excluidas, creo que tendríamos un ejemplo de lo que propone Johnson. Aunque es terriblemente improbable que ocurra.

Creo que las asociaciones cooperativas para proporcionar sanidad a sus miembros tienen mucha importancia para delinear una sociedad libertaria. Por otro lado, las organizaciones que proporcionan sanidad gratuita pueden ser muy adecuadas en desastres naturales y otras situaciones de emergencia, pero son, al fin y al cabo, una forma de beneficencia. En la mente de la mayor parte de la población española, cualquier amago de disociar la sanidad de los mismos políticos y burócratas que nos explotan, es equivalente poco menos que a permitir que haya personas moribundas y agonizantes tiradas en la calle. Me parece que la beneficencia no es una opción muy atractiva ni muy sólida como alternativa al estado de bienestar, cuando se nos echa en cara qué ocurriría en un mercado libre con aquellas personas que tengan enfermedades graves y no están cubiertas, ya que les sigue dejando en una situación de dependencia.

Probablemente sea factible una solución mutuamente beneficiosa entre los seguros médicos y aquellas personas que, por las causas que sea, se encuentren con una enfermedad grave y sin cobertura. Por ejemplo, se puede llegar a un acuerdo para que el paciente, o sus familiares, se comprometan a contratar el seguro en el futuro durante un número acordado de años. Los seguros mutuales probablemente serían más solidarios y por tanto estarían más dispuestos a llegar a este tipo de acuerdos.

También solucionaría muchos problemas que los seguros privados sean, al menos parcialmente, de capitalización individual, es decir, que una parte de la cuota periódica se ahorre para futuras contingencias. De este modo, si el asegurado capta una enfermedad terminal, o crónica, puede recurrir al dinero ahorrado, y la compañía no le negaría el servicio. Por supuesto, muchos seguros privados actualmente hacen lo posible por escaquearse de cualquier responsabilidad sobre sus asegurados.

A esto hay que añadir, además, que en una economía de mercado sin intervención del estado cabe esperar que los salarios sean más altos, los productos – también la sanidad – más baratos de mejor calidad, y las condiciones laborales mejores.

 

Expropiando el Procomún

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Este verano, el gobierno de España ha propuesto un anteproyecto de la Ley de la Racionalización, Sostenibilidad y Administración Local, que permitirá eliminar las entidades locales menores, éstas son, aquellas que están por debajo del municipio. Se trata de instituciones con personalidad jurídica propia, distinta de la de su municipio, que normalmente están gestionadas por democracia directa y cuya función es, principalmente, la gestión de las tierras comunales. Sólo quedan instituciones de este tipo en algunas comunidades autónomas, entre ellas, Galicia y Castilla y León.

Sería demasiado fácil decir que estas tierras comunales son propiedad del Estado, y que por tanto esto es una deseable desestatalización. Pero esto no es así. Existe una continuidad entre estas tierras y las tierras comunales que han sido gestionadas por los vecinos de las poblaciones rurales de la Península desde la Alta Edad Media. La mayor parte de esta tradición democrática y comunal actualmente está desaparecida, y lo que quedan son vestigios. Los vecinos, sus usuarios y ocupantes, son los legítimos propietarios de estas tierras según cualquier criterio serio de adquisición de la propiedad. Hasta ahora eran gestionadas por éstos colectivamente, y ahora van a pasar a manos de, según el caso, los municipios, las diputaciones provinciales, o propietarios privados.

Se trata de una expropiación a los propietarios legítimos en toda regla. Se trata además de la destrucción de un resquicio de democracia directa local que podía aún servir de contrapeso de poder ante el Estado, en particular, ante los municipios.

La excusa es el ahorro, si bien esto es algo que conviene matizar. Las entidades locales menores apenas generan gastos, pero si son vendidas a propietarios privados, generarán un ingreso, lo cual nos da una imagen mucho más clara de las motivaciones verdaderas de esta reforma.

Todo esto se ha hecho ante el silencio de la mayoría de los medios – es difícil encontrar información – , salvo de dos autores muy distintos, David de Ugarte por un lado, Félix Rodrigo Mora por otro. Las fuentes y más información podéis encontrarlas en esos artículos.

La verdad es que aún no comprendo bien el galimatías legal de la administración local. Tampoco comprendo bien cuál debería ser la posición libertaria coherente respecto a esta forma de organización que, por gestionarse localmente, impone en cierto modo un monopolio territorial sobre los asuntos que gestiona, análogo al de un estado. Pero, desde una primera impresión, no me resulta nada halagüeño.

El proyecto, afortunadamente, ha contado con el rechazo de todos los partidos, e incluso de muchos alcaldes del PP, y es probable que no sea aprobada sin modificaciones que, quizá, la hagan menos intolerable. Sólo quizá.

Sobre “El Mito del Peronismo como Pecado Original”

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Alan Furth acaba de publicar su primer artículo original en el c4ss, El Mito del Peronismo como Pecado Original, tanto en inglés como en castellano.

Lo comento no sólo porque se trate de su primer artículo, sino porque es uno de los pocos análisis de la política hispanoamericana, en este caso sobre Argentina, que se escriben desde una perspectiva explícitamente anarquista de mercado y libertaria de izquierdas.

Este tipo de análisis sobre España lo llevamos haciendo en este blog desde hace unos años. Y muchas de las reflexiones de Juan Urrutia y David de Ugarte desde las Indias sobre la historia de la península Ibérica son afines.

Desde un punto de vista anarquista pero no de mercado, también tenemos la valiosa lectura de la historia de la España de Félix Rodrigo Mora, y la crítica de Rafael Uzcátegui al gobierno de Chávez en Venezuela.

Aunque el mutualismo nació en Francia y tuvo una relativa difusión en España, y posteriormente el anarquismo en general tuvo mucha difusión en todo el mundo de habla hispana, el mutualismo contemporáneo proviene de EEUU, y su análisis se aplica casi exclusivamente al mundo anglosajón. Es necesario retomar esta tradición mutualista para hacer un análisis crítico de los problemas específicos de la península Ibérica y de América Latina. Como dice Alan en el párrafo final:

Y aunque el enriquecimiento de políticos y sus amigotes a costillas del resto de la población también sean una cruda realidad de los gobiernos populistas de izquierda, las masas empobrecidas de América Latina seguirán prefiriendo esa versión del juego capitalista al neoliberalismo, simplemente porque el primero pesa menos sobre sus espaldas que el segundo.

Éste párrafo nos deja con la pregunta en los labios. Si las masas empobrecidas latinoamericanas no se dejan engañar por la retórica neoliberal, y si llegan a convencerse de que los líderes populistas e izquierdistas no son una alternativa mucho mejor, entonces el anarquismo de mercado, de izquierdas y de inspiración mutualista, puede tener mucho potencial en América Latina. En contraste, el liberalismo libertario o el anarcocapitalismo tienen muchas posibilidades de degenerar en el libertarismo vulgar contra el que nos advierte Alan, lo que nos devolvería al ya sufrido neoliberalismo.