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Subvenciones a la educación técnica, ¿a quién benefician?

 

Capital físico y capital humano son complementarios: las innovaciones en el primero deben acompañarse de cambios en el segundo por una razón obvia; el nuevo equipo necesita de personal especializado para gestionarlo. Así, dos efectos típicos de la II Revolución Industrial han sido la creciente cualificación de la mano de obra y la proliferación de cuadros técnicos (químicos, físicos, geólogos, gerentes, etc.) hasta nuestros días.

Por ese motivo, Kevin Carson considera que la educación universitaria subvencionada, al multiplicar artificialmente el número de licenciados, tiende a favorecer organizaciones más especializadas e intensivas en capital (Org Theory, p. 88):

The state’s education system provides a technical labor force at public expense, and whenever possible overproduces technical specialist on the level needed to ensure that technical workers are willing to take work on the employers’ terms.

Yo mismo incluí esa observación en el primer ensayo sobre Teoría de la organización, pero soy cada vez más escéptico. En primer lugar, no es evidente que la educación técnica favorezca más a las grandes empresas especializadas que a las pequeñas empresas equipadas con tecnologías multiusos. Además, los conocimientos universitarios proporcionan una base para formar nuevas empresas (asignaturas de contabilidad, economía, derecho mercantil, etc.) que desafíen a las ya establecidas, de modo que probablemente ambas tendencias se compensen.

Más bien, cabe apuntar a las subvenciones a la I+D, a las exenciones a la depreciación del capital y a la externalización de la investigación en las universidades públicas y el ejército, que proporcionan patentes a la empresa privada.

La escuela pública: crítica y alternativas

“Me gusta más la espontaneidad del niño que no sabe nada que el amplio conocimiento y la deformidad intelectual de un niño que ha sido sometido por nuestra actual educación” – Francisco Ferrer i Guardia.

La represión contra los estudiantes valencianos ha devuelto las reivindicaciones sobre la educación pública al primer plano. Y en buena medida están justificadas, puesto que la Generalitat Valenciana ha dejado caer todo el peso de los recortes sobre los sectores más débiles: profesores interinos (que, a parte de una reducción en su salario mensual, no cobrarán en verano) y estudiantes (que deben asistir a clase sin servicios mínimos de calefacción, entre otras cosas).

No obstante, dudo que muchos de los obstinados partidarios de la enseñanza pública hayan estudiando bien sus alternativas; me parece que tienden a convertir este debate en un conflicto sin matices entre la escuela pública, laica e idealmente accesible para todo el mundo, por un lado; y la escuela privada, religiosa y elitista, por otro. Cuando se introducen nuevos matices y alternativas, ambas posturas me parecen realmente débiles.

Cabe hacer varias apreciaciones. En primer lugar, la enseñanza pública es ineficaz: la mayor parte de los interinos circula de un instituto a otro sin posibilidad de conocer realmente a sus alumnos, al tiempo que los funcionarios, con su plaza en propiedad, carecen de todo incentivo para desempeñar bien su trabajo. Además de reducir la calidad de la educación, esto da lugar a auténticas guerras entre los profesores: los funcionarios, especialmente si son afines al director, tienden a beneficiarse entre sí, a costa de los interinos y de los alumnos (p. ej., cuando se reparten los mejores horarios, o cuando transfieren alumnos problemáticos de una clase a otra con criterios extrapedagógicos). De otra parte, los planes de estudio, controlados por el Estado central y las comunidades autónomas, tienden a modificarse constantemente por motivos políticos más que pedagógicos y promueven el adoctrinamiento de los estudiantes.

La defensa de una educación estatalizada y dirigida por funcionarios privilegiados es, francamente, un ideal reaccionario, indigno de gente joven. Pero, aunque muchos puedan estar de acuerdo con la crítica mutualista, probablemente mantengan sus reservas hasta que se les muestren alternativas. Si el objetivo es una escuela pública de calidad, probablemente la búsqueda no termine jamás. Pero si queremos una escuela de calidad, de acceso universal y abierta a la participación de consumidores, padres y profesores, entonces sí existen alternativas avaladas por la experiencia. Aquí viene lo mejor.

En España existen cerca de 500 cooperativas escolares gestionadas (y mayoritariamente poseídas) por padres y profesores; representan un 12% de la red privada concertada, facturan un total de 330 millones de euros al año y dan trabajo a 19.000 personas, 11.500 de las cuales son cooperativistas (datos de 2004). Dado que la propiedad y la gestión están convenientemente descentralizadas, es más fácil que los colegios respondan a las necesidades de los padres. Las plantillas de profesores tienden a ser estables para evitar que los alumnos sufran “el baile de los traslados”, al tiempo que la ausencia de plazas en propiedad y la necesidad de satisfacer a los padres proporciona buenos incentivos al trabajo. Además, en algunos casos los padres participan directamente en la gestión. Las cooperativas escolares sortean tanto los peores defectos de la escuela pública como de la privada tradicional.

Además, son laicas en un 75%. Y dado que la escuela pública tiende a reemplazar a la escuela privada laica y accesible, es probable que este tipo de escuelas creciese notablemente en ausencia de sector público. Así que, en pocas palabras, una solución apropiada parece convertir los institutos y colegios del Estado en cooperativas escolares, en manos de padres y/o profesores; dejar a la libre competencia todo el sector (lo que incluye abolir la planificación central de los planes de estudio) y subvencionar únicamente a las familias de menores ingresos. Free choice.

Descentralización y mutualización de los servicios “públicos”


Este es un capítulo del ensayo de Kevin Carson aparecido en la web de la Alliance of the Libertarian Left titulado Un programa político para los anarquistas. Creo que rescata el proyecto de Larry Gambone (mutualize!) de devolver a las comunidades los bienes del Estado, privatizándolos para sus consumidores. Es muy interesante por varios motivos: uno de ellos es que resuelve de una vez el problema de la colonización de los bienes estatales, ya que posibilita un reparto igualitario de los mismos sin necesidad de ningún “organismo centralizado” –en ese aspecto me recuerda al eterno debate entre Stiwie y WG. Y por otra parte, el artículo, además de mostrar un camino para acabar con el Estado, puede ser una respuesta eficaz a la objeción clásica al mutualismo (o a cualquier otro anarquismo de mercado) de “¿qué haréis con los que no pueden valerse por sí mismos?” puesto que es evidente que unas organizaciones barriales como las que propone Carson son mucho más proclives a ese tipo de beneficencia que las empresas privadas de las que suelen hablar los anarcocapitalistas. Sin más, ahí va.

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DESCENTRALIZACIÓN Y MUTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS “PÚBLICOS”

La policía, los servicios públicos, la salud y los servicios de bienestar deberían ser delegados íntegramente a la comunidad o al nivel de la vecindad, y controlados siempre que sea posible desde una base cooperativa con el control del “cliente”. Al mismo tiempo cada unidad demográfica de unos miles de personas – pequeñas ciudades y barrios urbanos – debería organizar el gobierno sobre el modelo de una democracia directa, con reuniones públicas y comisiones de consejeros municipales, para ejercer el control de tales funciones de gobierno.

Las comisiones estatales para las escuelas de las grandes ciudades deberían ser eliminadas, y cada escuela se convertiría en una cooperativa de consumidores, con el director y el personal convertidos en “consejeros municipales” responsables ante los padres. Intenté calcular la matrícula mínima para una educación de calidad, suponiendo que los padres de veinte o treinta niños reunieran su propio dinero para formar una escuela cooperativa. Teniendo en cuenta cosas como el alquiler de una casa para el espacio de clase, y contratando al profesorado, el costo anual no sería de más de 1500 dólares por niño.

Existiendo colegios “públicos”, por otra parte, se gastan más de 6000 dólares. La mayor parte de la diferencia radica en la proliferación de burócratas parásitos con salarios de prestigio, y en el hecho de que la aureola de majestad del Estado requiere diseñar arquitecturas estalinistas en los terrenos más caros de la ciudad.

Este es un modelo común. Cuando tratas de calcular cuánto costaría organizar este servicio para ti, y lo comparas con lo que pagas, resulta increíble. ¿A dónde va todo el dinero? Va a financiar la burocracia parásita centralizada, que no tiene incentivos para ahorrar. Es asombroso lo creativa y ahorrativa que puede ser la gente corriente cuando gasta su propio dinero, en lugar de botines robados.

Los hospitales “públicos” y municipales deberían ser hechos públicos de verdad y organizados bajo una base cooperativa, con los encargados de la administración directamente responsables ante quienes los usan. Me gustaría ver la reacción de los burócratas de oficina, que rezuman tópicos zalameros sobre los “servicios públicos”, cuando averigüen que el público es realmente quien manda.

Pero la cuestión del control es sólo un primer paso. En última instancia, tenemos que alejarnos de nuestra adoración ciega de la autoridad protectora, y nuestra creencia de que “los expertos” están en un edificio grande de cristal y acero. Como en el caso de los colegios, la descentralización a nivel vecinal causaría ahorros masivos. Y adquiriendo responsabilidades sobre nuestra propia salud se reduciría considerablemente la demanda de hospitales. Preveo una clínica en cada barrio, propiedad de sus pacientes, con un personal mínimo de MDS y muchas más enfermeras y paramédicos para dar cuidados básicos a domicilio. Sería una mezcla de la Clínica Cooperativa de Berkeley y el chino “doctores descalzos.”

Hasta donde es posible, se pondría más atención en la prevención, y la integración de medicina alopática, neuropática y alimentaria. Cuando tales métodos no fueran suficientes, los miembros de las clínicas locales tendrían acceso a equipos más especializados de alta tecnología, propiedad conjunta de todas las cooperativas barriales de una región. El plan de estudios de la facultad de medicina se parecería más a lo propuesto por Andrés Weil, que a lo propuesto por la industria farmacéutica.

El objetivo último en cada caso es el de organizar estos servicios de forma voluntaria, con la base del coste, financiados por honorarios de los usuarios y deudas en lugar de impuestos, y así eliminar la distinción entre el Estado y la sociedad. Pero la viabilidad de hacer esto a corto plazo varía en cada caso, y en algunos debe esperar a la liquidación final del Estado. Algunas cosas, como la educación, no pueden ser llevadas desde una base voluntaria y de costos hasta que la liquidación del privilegio cause una distribución más igualitaria de riqueza.

Un candidato para la reorganización inmediata en base a los costos son las utilidades (N. T: los servicios de gas, agua, electricidad, etc.). La mayor parte de los incentivos de la extensión urbana son falsos, en el sentido de que fuerzan a los habitantes de áreas más antiguas y centrales, a pagar tarifas más altas para subvencionar a aquellos que se instalan en nuevas áreas (con la división por zonas de códigos contra los tenderos vecinos y el desarrollo de varios otros tipos de empleos, que también deberían ser suprimidos). La eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a la energía nuclear, y a empresas de utilidades (gas, agua, electricidad, etc.), con el control por los contribuyentes en pequeñas unidades de toma de decisiones, será un incentivo poderoso a la conservación y el empleo de energías alternativas. Muchos decidirían dejar la red (de gas, agua, electricidad…) en parte o totalmente, y cavarían sus propios pozos, generarían su propia energía, o sus desperdicios orgánicos.

En el caso de la policía y los servicios de bomberos, se debería tender hacia la incorporación de ciudadanos voluntarios en las organizaciones regulares. En cierto modo, esto es similar a la práctica de algunas cooperativas de requerir que sus miembros realicen ciertos servicios ellos mismos para evitar la creación de una jerarquía que comiera a costa de los asalariados. El fomento de extender la propiedad de armas de fuego como una fuerza disuasoria es un modo de reducir hasta donde es posible la necesidad de una policía organizada. El fomento de organizaciones de defensa de barrio armadas, a cargo de la policía “oficial”, interviene igualmente en la dirección correcta.

En algún punto tales organizaciones benéficas deberían combinarse con las organizaciones “públicas”, con las tropas comitatus (N.T: no entiendo qué quiere decir aquí, “comites” es “compañeros” en latín) suplantando completamente la aplicación profesional de la ley. Combinado con jurados libres locales autorizados a juzgar tanto la ley como los hechos, y con milicias populares, sería en buena medida una vuelta al ideal anglo republicano libertario del siglo XVIII.

La administración local y los servicios sociales son un área en la cual las bases “contrainstituciones” pueden ser sobre todo eficaces en la coordinación con el movimiento político. Las asambleas vecinales, vigilantes de policías/ organizaciones de guardia del barrio, uniones de arrendatarios, etc., las formas de organización de las comunidades locales son un modo excelente de formar el núcleo de un futuro sin Estado. Tales organizaciones pueden coordinar sus actividades con cooperativas vecinales, bancos mutuos, y pueden emprender proyectos de energías alternativas y autosuficientes. Experimentos más tempranos como las cooperativas de Berkeley, el programa de leche de la escuela Pantera Negra, o la Organización de Adams-Morgan (detallado en Community Technology de Karl Hess) son modelos excelentes que añadir.

Hay una muy amplia área en la cual la política descentralista y populista de Karl Hess se superpone con la de Lorenzo Komboa Ervin; existe un frente demasiado amplio para suprimir el Estado, si una comunidad fuerte lo apoya.