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El Futuro de la Justicia, o el Complejo Judicial-Industrial

Gallardón

Entre 100 y 1.200 € tendrán que pagar las personas físicas en el Estado español para recurrir en los tribunales de lo civil (conflictos de propiedad y contractuales), lo social (conflictos laborales) y lo contencioso-administrativo (conflictos con la administración). Las jurisdicciones penal y militar quedan por ahora exentas. Así lo establece la Ley 10/2012 del 20 de noviembre, que entró en vigor el 21 pero que no se aplicará hasta dentro de unas semanas, cuando estén listos los formularios para hacer los pagos. [1] Nos dice el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón que esta medida paradójicamente es necesaria para preservar la gratuidad de la justicia. Supongo que el gobierno nos toma por tontos.

Como se puede comprobar enla Disposición FinalCuarta del texto, el gobierno ha aprovechado esta ley para hacerles un regalo de navidad a los funcionarios judiciales. Ha utilizado la misma estrategia de introducir una medida impopular en una ley sin relación para que pase desapercibida a periodistas poco avispados. Ya lo hizo el gobierno de Zapatero con la llamada Ley Sinde, que, recordemos, era un apartado dela Leyde Economía Sostenible. Esto confirma que nos toma por tontos.

Este recorte es más oneroso que los recortes en la sanidad o la educación estatales. Mal que bien, cualquiera puede evadir algunos impuestos y aprovecharse todo lo posible de los servicios estatales gratuitos. Mientras, los seguros médicos, los colegios y las universidades privados seguirán allí para cuando la carga tributaria y las tasas sean tan insoportables que no merezca la pena acudir a los servicios estatales. Pero los tribunales estatales son monopólicos, el Estado eliminaría cualquier intento de crear otros tribunales paralelos. Por tanto, cuando hay que resolver una cuestión legal o un conflicto o denunciar una agresión, no queda más remedio que pagar al Estado lo que el Estado pida. [2]

En casi todos los ámbitos del Estado español se observa desde hace años una tendencia a externalizar los servicios, que son gestionados por empresas privadas subcontratadas en concurso público. Si en la justicia se sigue también la misma tendencia privatizadora, el futuro se presenta aún más tenebroso.

Si esto sigue así, en unas décadas un pequeño conjunto de empresas, un complejo judicial-industrial, serán las responsables de la gestión de todo el papeleo jurídico, la celebración de los juicios y demás parafernalia legal. Veremos trabajadores jurídicos precarios y larguísimas cadenas de empresas subcontratadas por otras empresas. La ley se seguirá elaborando exclusivamente en las instituciones del Estado, y estas empresas tendrán el monopolio sobre su aplicación. Esto les proporcionará una copiosa tasa de beneficios gracias a una demanda constante y asegurada, ante la que no serán responsables.

Habrá un solapamiento evidente entre los altos cargos del Estado y los accionistas mayoritarios y altos cargos de estas empresas, igual que lo ha habido y lo hay con empresas privadas del sector energético o del complejo militar industrial, por dar dos ejemplos. Esto hará sumamente sospechosa la neutralidad de los concursos públicos en los que se contratará a estas empresas, y nos advierte de que no cabrá esperar de ellas una mayor eficiencia o un mejor servicio.

Con este movimiento el Estado entrará en una nueva fase. El Estado mantendrá el monopolio forzoso sobre la ley y el uso de la fuerza, pero cobrando como una empresa privada, a pesar de que seguiremos pagando impuestos (cada vez más). De este modo la clase dominante, a través del Estado, extraerá la plusvalía directamente por medios políticos.

Ésta no es una anomalía puntual del funcionamiento del Estado, sino que es una consecuencia de su naturaleza misma. El Estado es una institución basada en la violencia, que coloca forzosamente a algunos seres humanos bajo la voluntad de otros. Aunque a corto plazo se pueden esperar algunos buenos resultados, en el mundo no hay suficientes santos como para que un ser humano imperfecto no acabe en una posición de poder y la utilice – quizá sin siquiera ser consciente de ello – para sus propios fines, a costa de los demás.

Por tanto, los problemas de la justicia en España y la previsible dificultad de acceder a ella, no pueden ser resueltos con nuevas leyes y nuevos políticos, al menos no si se busca una solución a largo plazo. Podemos imaginar una sociedad en la que no haya una ley monopólica, donde distintos sistemas legales, promovidos por tribunales independientes, empresas privadas de seguridad, cooperativas, filés o asambleas vecinales, se solapen en un mismo territorio sin que ninguna llegue a ser hegemónica. Aunque ahondar en los detalles excede el objetivo de este artículo, podemos imaginar que las leyes no serán escritas por políticos según su percepción de lo que les conviene a los demás [3], sino que cada persona elegirá el sistema que juzgue más conveniente para sus intereses. El orden que espontáneamente surja del equilibro entre los distintos intereses, y de la igualación de la oferta y la demanda en el libre mercado, dará una ley apropiada para cada momento y lugar.

***

[1] Sí, esto es tan ilegal como parece. Durante ese tiempo probablemente no se podrán tramitar los casos.

[2] De todas formas, es posible que tomarse la justicia por la propia mano salga rentable en algunos casos, si alguien provoca a su agresor daños de modo que por las tasas no le resulte rentable denunciarlos a su vez.

[3] Eso siendo optimista. En el peor de los casos, según su percepción de lo que les conviene a sí mismos.

Expropiando el Procomún

Este verano, el gobierno de España ha propuesto un anteproyecto de la Ley de la Racionalización, Sostenibilidad y Administración Local, que permitirá eliminar las entidades locales menores, éstas son, aquellas que están por debajo del municipio. Se trata de instituciones con personalidad jurídica propia, distinta de la de su municipio, que normalmente están gestionadas por democracia directa y cuya función es, principalmente, la gestión de las tierras comunales. Sólo quedan instituciones de este tipo en algunas comunidades autónomas, entre ellas, Galicia y Castilla y León.

Sería demasiado fácil decir que estas tierras comunales son propiedad del Estado, y que por tanto esto es una deseable desestatalización. Pero esto no es así. Existe una continuidad entre estas tierras y las tierras comunales que han sido gestionadas por los vecinos de las poblaciones rurales de la Península desde la Alta Edad Media. La mayor parte de esta tradición democrática y comunal actualmente está desaparecida, y lo que quedan son vestigios. Los vecinos, sus usuarios y ocupantes, son los legítimos propietarios de estas tierras según cualquier criterio serio de adquisición de la propiedad. Hasta ahora eran gestionadas por éstos colectivamente, y ahora van a pasar a manos de, según el caso, los municipios, las diputaciones provinciales, o propietarios privados.

Se trata de una expropiación a los propietarios legítimos en toda regla. Se trata además de la destrucción de un resquicio de democracia directa local que podía aún servir de contrapeso de poder ante el Estado, en particular, ante los municipios.

La excusa es el ahorro, si bien esto es algo que conviene matizar. Las entidades locales menores apenas generan gastos, pero si son vendidas a propietarios privados, generarán un ingreso, lo cual nos da una imagen mucho más clara de las motivaciones verdaderas de esta reforma.

Todo esto se ha hecho ante el silencio de la mayoría de los medios – es difícil encontrar información – , salvo de dos autores muy distintos, David de Ugarte por un lado, Félix Rodrigo Mora por otro. Las fuentes y más información podéis encontrarlas en esos artículos.

La verdad es que aún no comprendo bien el galimatías legal de la administración local. Tampoco comprendo bien cuál debería ser la posición libertaria coherente respecto a esta forma de organización que, por gestionarse localmente, impone en cierto modo un monopolio territorial sobre los asuntos que gestiona, análogo al de un estado. Pero, desde una primera impresión, no me resulta nada halagüeño.

El proyecto, afortunadamente, ha contado con el rechazo de todos los partidos, e incluso de muchos alcaldes del PP, y es probable que no sea aprobada sin modificaciones que, quizá, la hagan menos intolerable. Sólo quizá.

Definiciones y distinciones

Una nueva traducción extraída del blog de Kevin Carson, podéis encontrar el original aquí

DEFINICIONES Y DISTINCIONES

LIBRE MERCADO: Condición de la sociedad en la que todas las transacciones económicas son fruto de la elección voluntaria sin coacción
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Descentralización y mutualización de los servicios “públicos”


Este es un capítulo del ensayo de Kevin Carson aparecido en la web de la Alliance of the Libertarian Left titulado Un programa político para los anarquistas. Creo que rescata el proyecto de Larry Gambone (mutualize!) de devolver a las comunidades los bienes del Estado, privatizándolos para sus consumidores. Es muy interesante por varios motivos: uno de ellos es que resuelve de una vez el problema de la colonización de los bienes estatales, ya que posibilita un reparto igualitario de los mismos sin necesidad de ningún “organismo centralizado” –en ese aspecto me recuerda al eterno debate entre Stiwie y WG. Y por otra parte, el artículo, además de mostrar un camino para acabar con el Estado, puede ser una respuesta eficaz a la objeción clásica al mutualismo (o a cualquier otro anarquismo de mercado) de “¿qué haréis con los que no pueden valerse por sí mismos?” puesto que es evidente que unas organizaciones barriales como las que propone Carson son mucho más proclives a ese tipo de beneficencia que las empresas privadas de las que suelen hablar los anarcocapitalistas. Sin más, ahí va.

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DESCENTRALIZACIÓN Y MUTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS “PÚBLICOS”

La policía, los servicios públicos, la salud y los servicios de bienestar deberían ser delegados íntegramente a la comunidad o al nivel de la vecindad, y controlados siempre que sea posible desde una base cooperativa con el control del “cliente”. Al mismo tiempo cada unidad demográfica de unos miles de personas – pequeñas ciudades y barrios urbanos – debería organizar el gobierno sobre el modelo de una democracia directa, con reuniones públicas y comisiones de consejeros municipales, para ejercer el control de tales funciones de gobierno.

Las comisiones estatales para las escuelas de las grandes ciudades deberían ser eliminadas, y cada escuela se convertiría en una cooperativa de consumidores, con el director y el personal convertidos en “consejeros municipales” responsables ante los padres. Intenté calcular la matrícula mínima para una educación de calidad, suponiendo que los padres de veinte o treinta niños reunieran su propio dinero para formar una escuela cooperativa. Teniendo en cuenta cosas como el alquiler de una casa para el espacio de clase, y contratando al profesorado, el costo anual no sería de más de 1500 dólares por niño.

Existiendo colegios “públicos”, por otra parte, se gastan más de 6000 dólares. La mayor parte de la diferencia radica en la proliferación de burócratas parásitos con salarios de prestigio, y en el hecho de que la aureola de majestad del Estado requiere diseñar arquitecturas estalinistas en los terrenos más caros de la ciudad.

Este es un modelo común. Cuando tratas de calcular cuánto costaría organizar este servicio para ti, y lo comparas con lo que pagas, resulta increíble. ¿A dónde va todo el dinero? Va a financiar la burocracia parásita centralizada, que no tiene incentivos para ahorrar. Es asombroso lo creativa y ahorrativa que puede ser la gente corriente cuando gasta su propio dinero, en lugar de botines robados.

Los hospitales “públicos” y municipales deberían ser hechos públicos de verdad y organizados bajo una base cooperativa, con los encargados de la administración directamente responsables ante quienes los usan. Me gustaría ver la reacción de los burócratas de oficina, que rezuman tópicos zalameros sobre los “servicios públicos”, cuando averigüen que el público es realmente quien manda.

Pero la cuestión del control es sólo un primer paso. En última instancia, tenemos que alejarnos de nuestra adoración ciega de la autoridad protectora, y nuestra creencia de que “los expertos” están en un edificio grande de cristal y acero. Como en el caso de los colegios, la descentralización a nivel vecinal causaría ahorros masivos. Y adquiriendo responsabilidades sobre nuestra propia salud se reduciría considerablemente la demanda de hospitales. Preveo una clínica en cada barrio, propiedad de sus pacientes, con un personal mínimo de MDS y muchas más enfermeras y paramédicos para dar cuidados básicos a domicilio. Sería una mezcla de la Clínica Cooperativa de Berkeley y el chino “doctores descalzos.”

Hasta donde es posible, se pondría más atención en la prevención, y la integración de medicina alopática, neuropática y alimentaria. Cuando tales métodos no fueran suficientes, los miembros de las clínicas locales tendrían acceso a equipos más especializados de alta tecnología, propiedad conjunta de todas las cooperativas barriales de una región. El plan de estudios de la facultad de medicina se parecería más a lo propuesto por Andrés Weil, que a lo propuesto por la industria farmacéutica.

El objetivo último en cada caso es el de organizar estos servicios de forma voluntaria, con la base del coste, financiados por honorarios de los usuarios y deudas en lugar de impuestos, y así eliminar la distinción entre el Estado y la sociedad. Pero la viabilidad de hacer esto a corto plazo varía en cada caso, y en algunos debe esperar a la liquidación final del Estado. Algunas cosas, como la educación, no pueden ser llevadas desde una base voluntaria y de costos hasta que la liquidación del privilegio cause una distribución más igualitaria de riqueza.

Un candidato para la reorganización inmediata en base a los costos son las utilidades (N. T: los servicios de gas, agua, electricidad, etc.). La mayor parte de los incentivos de la extensión urbana son falsos, en el sentido de que fuerzan a los habitantes de áreas más antiguas y centrales, a pagar tarifas más altas para subvencionar a aquellos que se instalan en nuevas áreas (con la división por zonas de códigos contra los tenderos vecinos y el desarrollo de varios otros tipos de empleos, que también deberían ser suprimidos). La eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a la energía nuclear, y a empresas de utilidades (gas, agua, electricidad, etc.), con el control por los contribuyentes en pequeñas unidades de toma de decisiones, será un incentivo poderoso a la conservación y el empleo de energías alternativas. Muchos decidirían dejar la red (de gas, agua, electricidad…) en parte o totalmente, y cavarían sus propios pozos, generarían su propia energía, o sus desperdicios orgánicos.

En el caso de la policía y los servicios de bomberos, se debería tender hacia la incorporación de ciudadanos voluntarios en las organizaciones regulares. En cierto modo, esto es similar a la práctica de algunas cooperativas de requerir que sus miembros realicen ciertos servicios ellos mismos para evitar la creación de una jerarquía que comiera a costa de los asalariados. El fomento de extender la propiedad de armas de fuego como una fuerza disuasoria es un modo de reducir hasta donde es posible la necesidad de una policía organizada. El fomento de organizaciones de defensa de barrio armadas, a cargo de la policía “oficial”, interviene igualmente en la dirección correcta.

En algún punto tales organizaciones benéficas deberían combinarse con las organizaciones “públicas”, con las tropas comitatus (N.T: no entiendo qué quiere decir aquí, “comites” es “compañeros” en latín) suplantando completamente la aplicación profesional de la ley. Combinado con jurados libres locales autorizados a juzgar tanto la ley como los hechos, y con milicias populares, sería en buena medida una vuelta al ideal anglo republicano libertario del siglo XVIII.

La administración local y los servicios sociales son un área en la cual las bases “contrainstituciones” pueden ser sobre todo eficaces en la coordinación con el movimiento político. Las asambleas vecinales, vigilantes de policías/ organizaciones de guardia del barrio, uniones de arrendatarios, etc., las formas de organización de las comunidades locales son un modo excelente de formar el núcleo de un futuro sin Estado. Tales organizaciones pueden coordinar sus actividades con cooperativas vecinales, bancos mutuos, y pueden emprender proyectos de energías alternativas y autosuficientes. Experimentos más tempranos como las cooperativas de Berkeley, el programa de leche de la escuela Pantera Negra, o la Organización de Adams-Morgan (detallado en Community Technology de Karl Hess) son modelos excelentes que añadir.

Hay una muy amplia área en la cual la política descentralista y populista de Karl Hess se superpone con la de Lorenzo Komboa Ervin; existe un frente demasiado amplio para suprimir el Estado, si una comunidad fuerte lo apoya.

Estado y dominación: una reflexión libertaria

Por Guilheme Roesler

Extraido de Açao humana y traducido al castellano;

 

El auge del burocratismo, del estatismo y de la planificación en los más diversos sectores de la sociedad fue el siglo XX, y no por coincidencia, es el siglo en el que las libertades y garantías individuales fueron más restringidas, cuando no descaradamente violadas por los Estados soberanos, divinos e inatacables. Karl Marx, y lo usamos de forma analógica, en su clásico El 18 de brumario de Luis Bonaparte, en un famoso pasaje, explica como esta situación se desarrolló en la Francia pre-napoleónica:

Ese Poder Ejecutivo, con su inmensa organización burocrática y militar, con su ingeniosa máquina del Estado, comprendiendo amplias capas con un ejército de operarios totalizando medio millón, además de más de medio millón de tropas regulares, ese tremendo cuerpo de parásitos que envuelve como una tela el cuerpo de la sociedad francesa y sofoca todos sus poros, surgió al tiempo de la monarquía absoluta, con el declive del sistema feudal, que contribuyó a acelerar. Los privilegios señoriales de los señores de las tierras y de las ciudades se transformaron en otros tantos atributos del poder del Estado, los dignatarios feudales se convirtieron en funcionarios pagados y el variado mapa de los poderes absolutos medievales entró en conflicto entre sí, en el plan regular de un poder estatal cuya tarea está dividida y centralizada como en una fábrica.

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Una cita curiosa


Hemos visto que no hemos tenido siempre Estado. Han existido sociedades que no han sabido lo que es un Estado. En un cierto estadio de la evolución económica, en el cual la sociedad se dividió en clases, fue necesario crear el Estado. Ahora que nos acercamos a grandes pasos a un estadio de la evolución de la producción, en el cual la necesidad de la existencia de las clases no estará más, y que las clases serán un obstáculo positivo para la producción, las clases caerán necesariamente como surgieron. Con ellas caerá inevitablemente el Estado. La sociedad que reorganizará la producción a base de la asociación libre de los productores, colocará toda la máquina del Estado en el sitio que le corresponde: en el Museo de las Antigüedades, al lado del huso y del hacha de bronce.

Friedrich Engels, El Origen de la Familia, la Propiedad privada y el Estado.

 

Curiosa, ¿eh? desde marxistas hasta anarcocapitalistas, pasando por colectivistas, comunistas y mutualistas libertarios podrían suscribir este párrafo.