Monthly Archives: June 2010

Las empresas no han crecido tanto

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David Friedman discute en The Machinery of Freedom (p. 20) si el tamaño de la empresa ha crecido a lo largo de último siglo tanto como pensamos (y por qué pensamos así):

Stigler examina la cuestión de si la concentración ha tendido históricamente a incrementarse. Su conclusión es que el grado de concentración en la economía ha sido relativamente estable. Siempre parece incrementarse, porque las industrias muy concentradas son mucho más visibles que su contraparte competitiva. Todos sabemos que, entre 1920 y la actualidad, General Motors ha adquirido una posición de fuerza e n la industria del automóvil. Pocos de nosotros caemos en la cuenta de que durante el mismo periodo U.S. Steel perdió su dominio en la industria del acero. Por la misma razón, tendemos a exagerar el grado de concentración que existe en cualquier periodo dado. Las áreas de la economía que consideramos “importantes” tienden a ser aquellas en las que podemos identificar una única gran empresa. Raramente consideramos otras ‘industrias’ como restaurantes y bares, servicios domésticos, fabricación de ropa y textiles, que son altamente competitivas y emplean a más gente que las industrias del hierro, el metal y el automóvil juntas.

Su argumento, además, tiene importantes consecuencias a la hora de combatir la idea que identifica “modernidad económica” con el gran tamaño de las organizaciones empresariales. Buenos ejemplos de lo que comenta Friedman serían la industria cooperativa a pequeña escala de Emilia Romagna, el sector textil de Prato o la red de pymes MARRV.

Estabilidad institucional en una sociedad sin Estado

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El economista e historiador Douglass C. North aporta un argumento algo más elaborado de lo usual a favor de la existencia del Estado en Institutions, Institutional Change and Economic Performance (1991).

Si bien es cierto que las sociedades sin Estado son posibles -admite North-, la economía de estas sociedades tiende a ser rudimentaria: los intercambios son sencillos; se realizan en un ámbito espacial y temporal reducido; implican siempre a los mismos actores, que generalmente se conocen, y las características de los bienes intercambiados tienden a ser fácilmente medibles. Nótese que esto implica que las sociedades aestatales generan mecanismos para burlar la necesidad de un Estado central: p. ej. para evitar el oportunismo y el fraude, los actores tratan de repetir los intercambios con las mismas personas, o llevar al mercado únicamente bienes con características fáciles de medir (donde los problemas de información asimétrica entre comprador y vendedor son menores). Las sociedades tribales serían un buen ejemplo.

Sin embargo, estos mecanismos son insuficientes para articular una economía compleja y desarrollada, donde los intercambios son impersonales, diferidos temporal y espacialmente e implican mercancías de difícil medición. Pensemos en la producción de cualquier mercancía cuyos atributos relevantes sean conocidos solo parcialmente por el comprador (p. ej. calidad de las piezas), en la que intervengan distintas empresas, cooperando desde distintos países o regiones en diferentes momentos del tiempo. En este contexto, aunque en general las empresas tratarán de mantener una reputación a largo plazo, algunas tendrán incentivos en comportarse de forma oportunista para obtener beneficios a corto plazo. Dado que es imposible especificar en un contrato todos los términos de un intercambio complejo (por ello se habla de “contratos incompletos”), los pleitos entre las partes serán frecuentes.

En definitiva, la mayor incertidumbre (que equivale a más costes de transacción) derivada de una economía compleja hace necesaria la existencia de un tercero al que todos los actores puedan apelar en última instancia. Si una sociedad libertaria es incapaz de generar esto, su economía se estancará: los individuos tratarán de atenuar la incertidumbre reduciendo espacial y temporalmente sus transacciones, intercambiando mercancías de características bien conocidas (es decir, cotidianas) con individuos familiares una y otra vez.

Hasta cierto punto (y solo hasta cierto punto), la argumentación de North también explica por qué la Islandia, Irlanda y Britania medievales son ejemplos exitosos de sociedades de derecho privado: desde luego, el nivel de intercambios era sencillo y, en consecuencia, la necesidad de un Estado central era escasa. Pero no explica cómo el derecho tribal pudo mantenerse en la Arabia preislámica, aun cuando las costas del Mar Rojo intermediaban en algunas de las rutas comerciales más transitadas del mundo (entre Bizancio y el Lejano Oriente); o, especialmente, cómo las asociaciones privadas de mercaderes europeos pudieron generar, feria tras feria, la Ley Mercantil.

Antes del renacimiento urbano del siglo XI, en Europa existían importantes dificultades al comercio derivadas de la ausencia de un Estado central común (Benson, 1990):

Los mercaderes hablaban idiomas distintos y procedían de tradiciones culturales diferentes. Y aún más, las distancias geográficas impedían la comunicación directa, por no hablar de la ausencia de lazos interpersonales que hubieran facilitado la confianza. Se necesitaba una multitud de intermediarios para realizar un intercambio, entre ellos los agentes del comprador, los del vendedor y los transportistas. Todo esto ‘provocaba recelos hacia los usos extranjeros, y la disparidad de costumbres daba lugar a disputas comerciales’.

Sin embargo, las organizaciones comerciales privadas solventaron este problema. A medida que los mercaderes empezaron a comerciar a través de las barreras políticas, culturales y geográficas, exportaron también sus prácticas comerciales a los mercados extranjeros. Las antiguas costumbres de ámbito local que resultaron ser comunes a muchos lugares acabaron formando parte del Derecho mercantil internacional. Donde surgían problemas, las prácticas que resultaran ser más eficientes para facilitar los intercambios comerciales desplazaron a las que no lo eran tanto. Y, a medida que las leyes del comercio se iban haciendo más precisas, se ponían por escrito (Ibídem).

Es más, los mercaderes llegaron a formar sus propios tribunales para administrar justicia, a donde presentaban sus quejas de fraude, oportunismo, abusos, etc. Su eficacia radicaba en el común acuerdo de los mercaderes para aceptar el veredicto antes de comparecer; en caso contrario, el mercader refractario era excluido de los circuitos comerciales y de la organización a la que perteneciese. El ostracismo era una medida de presión social eficaz.

En el siglo XXI, una sociedad sin Estado podría generar estabilidad económica de una forma similar. Los actores tendrían incentivos en señalizar su propia honestidad y en comprobar la honestidad de su contraparte para maximizar sus posibilidades de intercambio pero, dados los altos costes de información de “medir” la honestidad de individuo a individuo, es probable que los tratos comerciales estuvieran avalados por las compañías aseguradoras (o mutuas) de los actores implicados.
Así, nadie entraría en tratos con individuos que no estuviesen respaldados por compañías de honestidad probada, y estas tendrían incentivos en obligar a sus asociados a respetar los contratos y saldar sus deudas (al tiempo que cobrarían tarifas distintas en función de la reputación del cliente).

La probabilidad de casos de oportunismo, fraude, etc. se reduciría notablemente, y la teórica incertidumbre generada por la ausencia de Estado daría lugar a una auténtica anarquía ordenada.

Tres objeciones al mutualismo

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Como quedó dicho en otros posts, podemos definir el mutualismo como

un sistema económico y social basado en la libertad de contrato, la propiedad privada y los mercados libres, que toma el capitalismo actual como producto del privilegio y el monopolio promovidos por el Estado y aspira a una sociedad regida por cooperativas de trabajadores y pequeños negocios, en un contexto político donde el Estado ha sido reemplazado -incluso en funciones tales como la ley, la seguridad o la justicia- por mutualidades, compañías de seguros y tribunales de arbitraje.

Para quienes se hayan incorporado hace poco o quieran profundizar en esto del mutualismo, podéis visitar algunos posts antiguos (concretamente: este, este y este), donde encontraréis información sobre el origen del término, definiciones sencillas y algo de bibliografía (no toda, todavía tengo pendiente un recopilatorio).

Sin embargo, después de todos estos años observo que las objeciones pueden distribuirse en tres grupos: las que proceden de los estatistas, que son escépticos con la posibilidad de una sociedad sin Estado; las que proceden de los capitalistas, que niegan la capacidad de los trabajadores para autogestionar sus puestos de trabajo; y las de los comunistas/socialistas, que rechazan el mercado, la propiedad privada y el dinero como intrínsecamente indeseables. Por tanto, me propongo aclarar las objeciones de nuestros adversarios como modo de explicar qué es el mutualismo, cómo funcionaría y por qué debería hacerlo así.


1. La objeción estatista: es necesario un agente como el Estado que, por encima de los individuos, imponga la ley, el orden y la justicia.

En realidad, los servicios de ley, orden y justicia ya han sido provistos en sociedades no estatales: la Lex Mercatoria, el derecho medieval islandés, irlandés o anglosajón son buenos ejemplos de ello. Durante la Edad Media, los comerciantes de una ciudad podían mantener su ley cuando viajaban o vivían en otra ciudad (incluso transcurridas varias generaciones), sin necesidad de un Estado central común; y en la Arabia preislámica los pleitos entre tribus (incluso en el ámbito urbano) eran resueltos por mediación de personajes venerables, como lo fue el propio Mahoma.

Además, en la actualidad ya existen compañías de seguridad y tribunales de justicia (especialmente en EEUU) que complementan los servicios públicos cuando estos son incapaces de atender las demandas de los consumidores, por no mencionar la existencia de seguros o  tribunales privados encargados de dirimir contratos comerciales entre particulares [1]. Sobre esta base, las empresas podrían competir entre sí por ofrecer la mejor ley, orden y justicia al menor precio posible. Si los consumidores perciben con temor el conflicto con individuos de otras compañías, estas tendrían incentivos en establecer pactos entre sí, comprometiéndose a resolver pacíficamente los pleitos (lo que llevaría al desarrollo de tribunales de arbitraje elegidos colegiadamente, etc.). Las compañías más agresivas, al incurrir en mayores costos a causa de la guerra y los conflictos, tenderían a ser desplazadas del mercado por compañías más pacíficas y, por lo tanto, baratas. [2]

Naturalmente, estas empresas podrían tomar la forma de mutualidades: si en Japón existe una cooperativa de consumo de 300.000 miembros (Seikatsu) y en Suecia un banco mutualista de 40.000 socios, ¿por qué no podrían reconvertirse o ampliar sus servicios en una eventual sociedad postestatal?

2. La objeción capitalista: las empresas descentralizadas o manejadas por sus trabajadores son ineficientes, y es improbable que proliferen en el contexto de un mercado libre.

La evidencia empírica sugiere lo contrario: además de existir rentabilísimas redes de pequeñas empresas o cooperativas como Emilia Romagna (ver aquí y aquí), MARRV y Prato, que fabrican desde productos agrícolas hasta material militar, muchas grandes empresas de éxito implementan programas de “descentralización” y “empowerment” con la intención de aumentar la productividad de sus trabajadores: 3M, Volvo, Taco Bell, Semco, Gore o Whole Foods son buenos ejemplos de ello.

Sin embargo, no existe un criterio neutro de eficiencia: las empresas grandes y jerárquicas son “eficientes” a la hora de coordinar grandes flujos de inputs en contextos poco competitivos (generados, a su vez, por barreras de entrada estatales y transportes subvencionados) y de percibir rentas derivadas de patentes y otros monopolios. En cambio, las empresas pequeñas y descentralizadas son más eficaces a la hora de mejorar constantemente sus métodos de producción (gracias a que quienes poseen la información -trabajadores o pequeños empresarios- son, a su vez, quienes toman las decisiones [3]) y cambiar de un producto a otro en función de los vaivenes de la oferta y la demanda -ventajas que solo pueden aprovecharse en contextos muy competitivos, innovadores y no protegidos por patentes.

Por este motivo, los mutualistas sospechan que un libre mercado conllevaría empresas más pequeñas y descentralizadas por término medio, en muchos casos poseídas por sus trabajadores.

3. La objeción comunista/socialista: los mercados libres son intrínsecamente perversos y promueven la desigualdad. Aun si partiéramos de un mercado compuesto de pequeños propietarios y cooperativas, el mecanismo de la competencia restauraría de nuevo el capitalismo.

En gran parte, esta objeción es heredera de la “teoría de la concentración de capitales” de Marx, según la cual cualquier mercado tiende al monopolio y a las crisis periódicas hasta que sus contradicciones internas lo conducen al comunismo.

Sin embargo, parte de una premisa falsa: que las empresas grandes son más eficientes que las pequeñas y, por tanto, tienden a desplazarlas siempre del mercado. En realidad, existen importantes deseconomías de escala que limitan el tamaño y la jerarquía de la empresa: existen problemas a la hora de motivar y controlar a los empleados, percibir la información idiosincrásica (especialmente la relativa al proceso de producción, que está en manos de los trabajadores), transmitir las órdenes a través de la organización o, sencillamente, gestionar una abrumadora cantidad de datos en ausencia de precios de mercado [4]. Además, los costes de distribución aumentan en proporción al tamaño de la planta, de modo que en un contexto de transportes privatizados las empresas pequeñas situadas cerca de los puntos de consumo obtendrían importantes ventajas.

Por otro lado, existe una leve correlación entre el Coeficiente de Gini (que mide la igualdad en la distribución de ingresos) y el Índice de Libertad Económica, a pesar de que en la actualidad no existe ningún país auténticamente libre.
Conforme el capital se hace relativamente más abundante que el trabajo, los beneficios se reducen y el trabajo tiende a percibir su producto completo. La asimetría del capitalismo no descansa en el “laissez faire”, sino en las barreras de entrada que restringen la competencia entre capitalistas por acceder a la mano de obra, al tiempo que los trabajadores compiten ferozmente entre sí por reducir sus propios salarios [5].

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[1]: Sobre esto, véase el artículo de Bruce Benson, Muchos de nosotros podemos atribuirnos el descenso del índice de delincuencia, donde sintetiza algunos de los argumentos de su libro Justicia sin Estado.
[2]: Sobre los pormenores de un sistema voluntario de protección y justicia véase Rothbard, For a New Liberty.
[3]: Sobre la distorsión de las decisiones derivada del exceso de jerarquía, véase Lecciones de management en Cómo conocí a vuestra madre.
[4]: Véase el debate que mantuve con LG sobre este asunto: El cálculo económico en la empresa multinacional.
[5]: El mejor escrito sobre este asunto, del propio Tucker, se títula Socialismo de Estado y Anarquismo: en qué coinciden y en qué difieren.

Rothbard, ¿contra la globalización?

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O, al menos, muy lejos de lo que los anti-globalización entienden por un apologista de la misma:

“Los conservadores norteamericanos insisten en particular en resaltar ante los países retrasados las grandes posibilidades y la importancia de las inversiones privadas procedentes de los países avanzados, y les incitan a crear un clima favorable a las mismas, de modo que no se vean sujetas al instigamiento de los gobernantes. Todo ello es muy cierto, pero, una vez más, a menudo es irreal, dada la situación de estos países. Estos conservadores caen persistentemente en el error de no saber distinguir entre las inversiones exteriores legítimas del mercado libre y las basadas en concesiones monopolistas y en donaciones de vastas extensiones de tierras otorgadas por los Estados subdesarrollados. En la medida en que las inversiones exteriores se basan en monopolios y en agresiones contra el campesinado, en esa misma medida adquiere el capitalismo extranjero las características de los señores feudales y debe ser combatido con los mismos medios“. (La ética de la libertad, p. 113).