Este verano, el gobierno de España ha propuesto un anteproyecto de la Ley de la Racionalización, Sostenibilidad y Administración Local, que permitirá eliminar las entidades locales menores, éstas son, aquellas que están por debajo del municipio. Se trata de instituciones con personalidad jurídica propia, distinta de la de su municipio, que normalmente están gestionadas por democracia directa y cuya función es, principalmente, la gestión de las tierras comunales. Sólo quedan instituciones de este tipo en algunas comunidades autónomas, entre ellas, Galicia y Castilla y León.
Sería demasiado fácil decir que estas tierras comunales son propiedad del Estado, y que por tanto esto es una deseable desestatalización. Pero esto no es así. Existe una continuidad entre estas tierras y las tierras comunales que han sido gestionadas por los vecinos de las poblaciones rurales de la Península desde la Alta Edad Media. La mayor parte de esta tradición democrática y comunal actualmente está desaparecida, y lo que quedan son vestigios. Los vecinos, sus usuarios y ocupantes, son los legítimos propietarios de estas tierras según cualquier criterio serio de adquisición de la propiedad. Hasta ahora eran gestionadas por éstos colectivamente, y ahora van a pasar a manos de, según el caso, los municipios, las diputaciones provinciales, o propietarios privados.
Se trata de una expropiación a los propietarios legítimos en toda regla. Se trata además de la destrucción de un resquicio de democracia directa local que podía aún servir de contrapeso de poder ante el Estado, en particular, ante los municipios.
La excusa es el ahorro, si bien esto es algo que conviene matizar. Las entidades locales menores apenas generan gastos, pero si son vendidas a propietarios privados, generarán un ingreso, lo cual nos da una imagen mucho más clara de las motivaciones verdaderas de esta reforma.
Todo esto se ha hecho ante el silencio de la mayoría de los medios – es difícil encontrar información – , salvo de dos autores muy distintos, David de Ugarte por un lado, Félix Rodrigo Mora por otro. Las fuentes y más información podéis encontrarlas en esos artículos.
La verdad es que aún no comprendo bien el galimatías legal de la administración local. Tampoco comprendo bien cuál debería ser la posición libertaria coherente respecto a esta forma de organización que, por gestionarse localmente, impone en cierto modo un monopolio territorial sobre los asuntos que gestiona, análogo al de un estado. Pero, desde una primera impresión, no me resulta nada halagüeño.
El proyecto, afortunadamente, ha contado con el rechazo de todos los partidos, e incluso de muchos alcaldes del PP, y es probable que no sea aprobada sin modificaciones que, quizá, la hagan menos intolerable. Sólo quizá.
