Entre 100 y 1.200 € tendrán que pagar las personas físicas en el Estado español para recurrir en los tribunales de lo civil (conflictos de propiedad y contractuales), lo social (conflictos laborales) y lo contencioso-administrativo (conflictos con la administración). Las jurisdicciones penal y militar quedan por ahora exentas. Así lo establece la Ley 10/2012 del 20 de noviembre, que entró en vigor el 21 pero que no se aplicará hasta dentro de unas semanas, cuando estén listos los formularios para hacer los pagos. [1] Nos dice el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón que esta medida paradójicamente es necesaria para preservar la gratuidad de la justicia. Supongo que el gobierno nos toma por tontos.
Como se puede comprobar enla Disposición FinalCuarta del texto, el gobierno ha aprovechado esta ley para hacerles un regalo de navidad a los funcionarios judiciales. Ha utilizado la misma estrategia de introducir una medida impopular en una ley sin relación para que pase desapercibida a periodistas poco avispados. Ya lo hizo el gobierno de Zapatero con la llamada Ley Sinde, que, recordemos, era un apartado dela Leyde Economía Sostenible. Esto confirma que nos toma por tontos.
Este recorte es más oneroso que los recortes en la sanidad o la educación estatales. Mal que bien, cualquiera puede evadir algunos impuestos y aprovecharse todo lo posible de los servicios estatales gratuitos. Mientras, los seguros médicos, los colegios y las universidades privados seguirán allí para cuando la carga tributaria y las tasas sean tan insoportables que no merezca la pena acudir a los servicios estatales. Pero los tribunales estatales son monopólicos, el Estado eliminaría cualquier intento de crear otros tribunales paralelos. Por tanto, cuando hay que resolver una cuestión legal o un conflicto o denunciar una agresión, no queda más remedio que pagar al Estado lo que el Estado pida. [2]
En casi todos los ámbitos del Estado español se observa desde hace años una tendencia a externalizar los servicios, que son gestionados por empresas privadas subcontratadas en concurso público. Si en la justicia se sigue también la misma tendencia privatizadora, el futuro se presenta aún más tenebroso.
Si esto sigue así, en unas décadas un pequeño conjunto de empresas, un complejo judicial-industrial, serán las responsables de la gestión de todo el papeleo jurídico, la celebración de los juicios y demás parafernalia legal. Veremos trabajadores jurídicos precarios y larguísimas cadenas de empresas subcontratadas por otras empresas. La ley se seguirá elaborando exclusivamente en las instituciones del Estado, y estas empresas tendrán el monopolio sobre su aplicación. Esto les proporcionará una copiosa tasa de beneficios gracias a una demanda constante y asegurada, ante la que no serán responsables.
Habrá un solapamiento evidente entre los altos cargos del Estado y los accionistas mayoritarios y altos cargos de estas empresas, igual que lo ha habido y lo hay con empresas privadas del sector energético o del complejo militar industrial, por dar dos ejemplos. Esto hará sumamente sospechosa la neutralidad de los concursos públicos en los que se contratará a estas empresas, y nos advierte de que no cabrá esperar de ellas una mayor eficiencia o un mejor servicio.
Con este movimiento el Estado entrará en una nueva fase. El Estado mantendrá el monopolio forzoso sobre la ley y el uso de la fuerza, pero cobrando como una empresa privada, a pesar de que seguiremos pagando impuestos (cada vez más). De este modo la clase dominante, a través del Estado, extraerá la plusvalía directamente por medios políticos.
Ésta no es una anomalía puntual del funcionamiento del Estado, sino que es una consecuencia de su naturaleza misma. El Estado es una institución basada en la violencia, que coloca forzosamente a algunos seres humanos bajo la voluntad de otros. Aunque a corto plazo se pueden esperar algunos buenos resultados, en el mundo no hay suficientes santos como para que un ser humano imperfecto no acabe en una posición de poder y la utilice – quizá sin siquiera ser consciente de ello – para sus propios fines, a costa de los demás.
Por tanto, los problemas de la justicia en España y la previsible dificultad de acceder a ella, no pueden ser resueltos con nuevas leyes y nuevos políticos, al menos no si se busca una solución a largo plazo. Podemos imaginar una sociedad en la que no haya una ley monopólica, donde distintos sistemas legales, promovidos por tribunales independientes, empresas privadas de seguridad, cooperativas, filés o asambleas vecinales, se solapen en un mismo territorio sin que ninguna llegue a ser hegemónica. Aunque ahondar en los detalles excede el objetivo de este artículo, podemos imaginar que las leyes no serán escritas por políticos según su percepción de lo que les conviene a los demás [3], sino que cada persona elegirá el sistema que juzgue más conveniente para sus intereses. El orden que espontáneamente surja del equilibro entre los distintos intereses, y de la igualación de la oferta y la demanda en el libre mercado, dará una ley apropiada para cada momento y lugar.
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[1] Sí, esto es tan ilegal como parece. Durante ese tiempo probablemente no se podrán tramitar los casos.
[2] De todas formas, es posible que tomarse la justicia por la propia mano salga rentable en algunos casos, si alguien provoca a su agresor daños de modo que por las tasas no le resulte rentable denunciarlos a su vez.
[3] Eso siendo optimista. En el peor de los casos, según su percepción de lo que les conviene a sí mismos.
