En este blog hemos repasado muchos casos de estupidez sistemática de las corporaciones (p. ej. entorno al cálculo económico o el tratamiento de la información), pero pocas veces hemos apuntado el por qué.

La respuesta es sencilla: el divorcio entre la autoridad, encargada de tomar decisiones, y los costes asociados a tales decisiones. Las demás contradicciones (p. ej. entre autoridad e información idiosincrática; o entre trabajo y gerencia) pueden retrotraerse a esa cuestión.

Como apunta Lloyd Dumas, en relación tanto con el sector público como el privado,

La asunción de que el control es ejercido por quienes asumen los costes no es trivial, y en muchos casos no es realista. Por ejemplo, los contribuyentes asumen el coste de los salarios de los empleados gubernamentales. Y, aunque racional, los contribuyentes no son necesariamente quienes controlan las decisiones del personal gubernamental. Por consiguiente, es muy posible que el salario de los individuos contratados exceda el valor de su trabajo a ojos de los contribuyentes. En opinión de los funcionarios del gobierno que se encargan de la contratación, el valor de los salarios podría exceder en mucho el coste de oportunidad de tal uso del presupuesto. Pero los funcionarios no son quienes pagan los salarios –son los contribuyentes. Esta situación no es exclusiva del gobierno. Los gerentes de las corporaciones privadas, por ejemplo, pueden caer en la construcción de imperios burocráticos o en la contratación de gente cuyo trabajo es menos valioso de lo que cuesta, a ojos de los accionistas y/o consumidores que asumen los costos salariales. Por lo que es el juicio de quienes toman las decisiones el que prevalece cuando los responsables de las decisiones y aquellos que asumen los costes son personas distintas. (Dumas, 1986)

Esto explica, por ejemplo, la tendencia de los gerentes a contratar personal subordinado más allá de lo que justificarían criterios estrictamente económicos (incluso bajo el capitalismo estatal); de ese modo pueden externalizar hacia abajo sus tareas más desagradables; y señalizar prestigio frente a otros departamentos que empleen a un menor número de personas. El coste marginal de contratar a un empleado, para el gerente, es prácticamente nulo; y los beneficios que le reportan son netamente superiores (más tiempo de ocio, prestigio).

En palabras de Lloyd,

El coste de expandir el aparato de control burocrático es bajo, mientras que el valor para los gerentes de tal expansión puede ser sustancialmente mayor (…). Los gerentes tienen el poder de tomar las decisiones: están en posición de contratar y comprar decisiones. Por lo tanto, en la medida en que el valor de la expansión exceda sus costes desde la perspectiva de los gerentes, estos continuarán expandiendo la burocracia.

Naturalmente, este tipo de prácticas no tendría cabida en un libre mercado, que penalizaría a las empresas que inflaran los costes sin un aumento proporcional de la satisfacción del consumidor. Pero actualmente no vivimos en un libre mercado, y las barreras de entrada, privilegios y monopolios (entre los cuales merecen un lugar especial las patentes) protegen a las corporaciones contra la soberanía de la mayor parte de la población.

Hace algunos meses, y en esta misma línea, el estudio Why Do Management Practices Differ across Firms and Countries? concluía que las malas prácticas de gestión tienden a mantenerse en aquellos países donde la competencia es más débil. [1]

En definitiva, las corporaciones son irracionales en virtud de su propia estructural (que divorcia la autoridad de los costes), y esta estructura sobrevive porque la intervención selectiva del Estado impide que la competencia actúe de la forma adecuada. [2]

———————–

[1]: Sin embargo, el estudio también concluye que las empresas grandes y jerárquicas están mejor gestionadas. En mi opinión, se trata de un simple error de correlación: dado que en el Tercer Mundo las empresas son más pequeñas (y están peor gestionadas), y en los países occidentales las empresas son más grandes (y están mejor gestionadas, por término medio), el estudio concluye que las empresas grandes y jerárquicas son más eficientes. Pero ignora el hecho de que, aunque en Europa y Norteamérica la relativa competencia permite depurar las empresas mal gestionadas, también es en estos países donde se subvenciona masivamente a las corporaciones o se las protege a través de monopolios artificiales como las patentes (todo lo cual no sucede en los países subdesarrollados, donde predomina la pequeña empresa).

[2]: Esto sucede cuando, por ejemplo, algunos insumos están subvencionados masivamente -de forma que su uso extensivo e ineficiente no comporta ninguna pérdida.

El economista e historiador Douglass C. North aporta un argumento algo más elaborado de lo usual a favor de la existencia del Estado en Institutions, Institutional Change and Economic Performance (1991).

Si bien es cierto que las sociedades sin Estado son posibles -admite North-, la economía de estas sociedades tiende a ser rudimentaria: los intercambios son sencillos; se realizan en un ámbito espacial y temporal reducido; implican siempre a los mismos actores, que generalmente se conocen, y las características de los bienes intercambiados tienden a ser fácilmente medibles. Nótese que esto implica que las sociedades aestatales generan mecanismos para burlar la necesidad de un Estado central: p. ej. para evitar el oportunismo y el fraude, los actores tratan de repetir los intercambios con las mismas personas, o llevar al mercado únicamente bienes con características fáciles de medir (donde los problemas de información asimétrica entre comprador y vendedor son menores). Las sociedades tribales serían un buen ejemplo.

Sin embargo, estos mecanismos son insuficientes para articular una economía compleja y desarrollada, donde los intercambios son impersonales, diferidos temporal y espacialmente e implican mercancías de difícil medición. Pensemos en la producción de cualquier mercancía cuyos atributos relevantes sean conocidos solo parcialmente por el comprador (p. ej. calidad de las piezas), en la que intervengan distintas empresas, cooperando desde distintos países o regiones en diferentes momentos del tiempo. En este contexto, aunque en general las empresas tratarán de mantener una reputación a largo plazo, algunas tendrán incentivos en comportarse de forma oportunista para obtener beneficios a corto plazo. Dado que es imposible especificar en un contrato todos los términos de un intercambio complejo (por ello se habla de “contratos incompletos”), los pleitos entre las partes serán frecuentes.

En definitiva, la mayor incertidumbre (que equivale a más costes de transacción) derivada de una economía compleja hace necesaria la existencia de un tercero al que todos los actores puedan apelar en última instancia. Si una sociedad libertaria es incapaz de generar esto, su economía se estancará: los individuos tratarán de atenuar la incertidumbre reduciendo espacial y temporalmente sus transacciones, intercambiando mercancías de características bien conocidas (es decir, cotidianas) con individuos familiares una y otra vez.

Hasta cierto punto (y solo hasta cierto punto), la argumentación de North también explica por qué la Islandia, Irlanda y Britania medievales son ejemplos exitosos de sociedades de derecho privado: desde luego, el nivel de intercambios era sencillo y, en consecuencia, la necesidad de un Estado central era escasa. Pero no explica cómo el derecho tribal pudo mantenerse en la Arabia preislámica, aun cuando las costas del Mar Rojo intermediaban en algunas de las rutas comerciales más transitadas del mundo (entre Bizancio y el Lejano Oriente); o, especialmente, cómo las asociaciones privadas de mercaderes europeos pudieron generar, feria tras feria, la Ley Mercantil.

Antes del renacimiento urbano del siglo XI, en Europa existían importantes dificultades al comercio derivadas de la ausencia de un Estado central común (Benson, 1990):

Los mercaderes hablaban idiomas distintos y procedían de tradiciones culturales diferentes. Y aún más, las distancias geográficas impedían la comunicación directa, por no hablar de la ausencia de lazos interpersonales que hubieran facilitado la confianza. Se necesitaba una multitud de intermediarios para realizar un intercambio, entre ellos los agentes del comprador, los del vendedor y los transportistas. Todo esto ‘provocaba recelos hacia los usos extranjeros, y la disparidad de costumbres daba lugar a disputas comerciales’.

Sin embargo, las organizaciones comerciales privadas solventaron este problema. A medida que los mercaderes empezaron a comerciar a través de las barreras políticas, culturales y geográficas, exportaron también sus prácticas comerciales a los mercados extranjeros. Las antiguas costumbres de ámbito local que resultaron ser comunes a muchos lugares acabaron formando parte del Derecho mercantil internacional. Donde surgían problemas, las prácticas que resultaran ser más eficientes para facilitar los intercambios comerciales desplazaron a las que no lo eran tanto. Y, a medida que las leyes del comercio se iban haciendo más precisas, se ponían por escrito (Ibídem).

Es más, los mercaderes llegaron a formar sus propios tribunales para administrar justicia, a donde presentaban sus quejas de fraude, oportunismo, abusos, etc. Su eficacia radicaba en el común acuerdo de los mercaderes para aceptar el veredicto antes de comparecer; en caso contrario, el mercader refractario era excluido de los circuitos comerciales y de la organización a la que perteneciese. El ostracismo era una medida de presión social eficaz.

En el siglo XXI, una sociedad sin Estado podría generar estabilidad económica de una forma similar. Los actores tendrían incentivos en señalizar su propia honestidad y en comprobar la honestidad de su contraparte para maximizar sus posibilidades de intercambio pero, dados los altos costes de información de “medir” la honestidad de individuo a individuo, es probable que los tratos comerciales estuvieran avalados por las compañías aseguradoras (o mutuas) de los actores implicados.
Así, nadie entraría en tratos con individuos que no estuviesen respaldados por compañías de honestidad probada, y estas tendrían incentivos en obligar a sus asociados a respetar los contratos y saldar sus deudas (al tiempo que cobrarían tarifas distintas en función de la reputación del cliente).

La probabilidad de casos de oportunismo, fraude, etc. se reduciría notablemente, y la teórica incertidumbre generada por la ausencia de Estado daría lugar a una auténtica anarquía ordenada.

Como quedó dicho en otros posts, podemos definir el mutualismo como

un sistema económico y social basado en la libertad de contrato, la propiedad privada y los mercados libres, que toma el capitalismo actual como producto del privilegio y el monopolio promovidos por el Estado y aspira a una sociedad regida por cooperativas de trabajadores y pequeños negocios, en un contexto político donde el Estado ha sido reemplazado -incluso en funciones tales como la ley, la seguridad o la justicia- por mutualidades, compañías de seguros y tribunales de arbitraje.

Para quienes se hayan incorporado hace poco o quieran profundizar en esto del mutualismo, podéis visitar algunos posts antiguos (concretamente: este, este y este), donde encontraréis información sobre el origen del término, definiciones sencillas y algo de bibliografía (no toda, todavía tengo pendiente un recopilatorio).

Sin embargo, después de todos estos años observo que las objeciones pueden distribuirse en tres grupos: las que proceden de los estatistas, que son escépticos con la posibilidad de una sociedad sin Estado; las que proceden de los capitalistas, que niegan la capacidad de los trabajadores para autogestionar sus puestos de trabajo; y las de los comunistas/socialistas, que rechazan el mercado, la propiedad privada y el dinero como intrínsecamente indeseables. Por tanto, me propongo aclarar las objeciones de nuestros adversarios como modo de explicar qué es el mutualismo, cómo funcionaría y por qué debería hacerlo así.

1. La objeción estatista: es necesario un agente como el Estado que, por encima de los individuos, imponga la ley, el orden y la justicia.

En realidad, los servicios de ley, orden y justicia ya han sido provistos en sociedades no estatales: la Lex Mercatoria, el derecho medieval islandés, irlandés o anglosajón son buenos ejemplos de ello. Durante la Edad Media, los comerciantes de una ciudad podían mantener su ley cuando viajaban o vivían en otra ciudad (incluso transcurridas varias generaciones), sin necesidad de un Estado central común; y en la Arabia preislámica los pleitos entre tribus (incluso en el ámbito urbano) eran resueltos por mediación de personajes venerables, como lo fue el propio Mahoma.

Además, en la actualidad ya existen compañías de seguridad y tribunales de justicia (especialmente en EEUU) que complementan los servicios públicos cuando estos son incapaces de atender las demandas de los consumidores, por no mencionar la existencia de seguros o  tribunales privados encargados de dirimir contratos comerciales entre particulares [1]. Sobre esta base, las empresas podrían competir entre sí por ofrecer la mejor ley, orden y justicia al menor precio posible. Si los consumidores perciben con temor el conflicto con individuos de otras compañías, estas tendrían incentivos en establecer pactos entre sí, comprometiéndose a resolver pacíficamente los pleitos (lo que llevaría al desarrollo de tribunales de arbitraje elegidos colegiadamente, etc.). Las compañías más agresivas, al incurrir en mayores costos a causa de la guerra y los conflictos, tenderían a ser desplazadas del mercado por compañías más pacíficas y, por lo tanto, baratas. [2]

Naturalmente, estas empresas podrían tomar la forma de mutualidades: si en Japón existe una cooperativa de consumo de 300.000 miembros (Seikatsu) y en Suecia un banco mutualista de 40.000 socios, ¿por qué no podrían reconvertirse o ampliar sus servicios en una eventual sociedad postestatal?

2. La objeción capitalista: las empresas descentralizadas o manejadas por sus trabajadores son ineficientes, y es improbable que proliferen en el contexto de un mercado libre.

La evidencia empírica sugiere lo contrario: además de existir rentabilísimas redes de pequeñas empresas o cooperativas como Emilia Romagna (ver aquí y aquí), MARRV y Prato, que fabrican desde productos agrícolas hasta material militar, muchas grandes empresas de éxito implementan programas de “descentralización” y “empowerment” con la intención de aumentar la productividad de sus trabajadores: 3M, Volvo, Taco Bell, Semco, Gore o Whole Foods son buenos ejemplos de ello.

Sin embargo, no existe un criterio neutro de eficiencia: las empresas grandes y jerárquicas son “eficientes” a la hora de coordinar grandes flujos de inputs en contextos poco competitivos (generados, a su vez, por barreras de entrada estatales y transportes subvencionados) y de percibir rentas derivadas de patentes y otros monopolios. En cambio, las empresas pequeñas y descentralizadas son más eficaces a la hora de mejorar constantemente sus métodos de producción (gracias a que quienes poseen la información -trabajadores o pequeños empresarios- son, a su vez, quienes toman las decisiones [3]) y cambiar de un producto a otro en función de los vaivenes de la oferta y la demanda -ventajas que solo pueden aprovecharse en contextos muy competitivos, innovadores y no protegidos por patentes.

Por este motivo, los mutualistas sospechan que un libre mercado conllevaría empresas más pequeñas y descentralizadas por término medio, en muchos casos poseídas por sus trabajadores.

3. La objeción comunista/socialista: los mercados libres son intrínsecamente perversos y promueven la desigualdad. Aun si partiéramos de un mercado compuesto de pequeños propietarios y cooperativas, el mecanismo de la competencia restauraría de nuevo el capitalismo.

En gran parte, esta objeción es heredera de la “teoría de la concentración de capitales” de Marx, según la cual cualquier mercado tiende al monopolio y a las crisis periódicas hasta que sus contradicciones internas lo conducen al comunismo.

Sin embargo, parte de una premisa falsa: que las empresas grandes son más eficientes que las pequeñas y, por tanto, tienden a desplazarlas siempre del mercado. En realidad, existen importantes deseconomías de escala que limitan el tamaño y la jerarquía de la empresa: existen problemas a la hora de motivar y controlar a los empleados, percibir la información idiosincrásica (especialmente la relativa al proceso de producción, que está en manos de los trabajadores), transmitir las órdenes a través de la organización o, sencillamente, gestionar una abrumadora cantidad de datos en ausencia de precios de mercado [4]. Además, los costes de distribución aumentan en proporción al tamaño de la planta, de modo que en un contexto de transportes privatizados las empresas pequeñas situadas cerca de los puntos de consumo obtendrían importantes ventajas.

Por otro lado, existe una leve correlación entre el Coeficiente de Gini (que mide la igualdad en la distribución de ingresos) y el Índice de Libertad Económica, a pesar de que en la actualidad no existe ningún país auténticamente libre.
Conforme el capital se hace relativamente más abundante que el trabajo, los beneficios se reducen y el trabajo tiende a percibir su producto completo. La asimetría del capitalismo no descansa en el “laissez faire”, sino en las barreras de entrada que restringen la competencia entre capitalistas por acceder a la mano de obra, al tiempo que los trabajadores compiten ferozmente entre sí por reducir sus propios salarios [5].

————–

[1]: Sobre esto, véase el artículo de Bruce Benson, Muchos de nosotros podemos atribuirnos el descenso del índice de delincuencia, donde sintetiza algunos de los argumentos de su libro Justicia sin Estado.
[2]: Sobre los pormenores de un sistema voluntario de protección y justicia véase Rothbard, For a New Liberty.
[3]: Sobre la distorsión de las decisiones derivada del exceso de jerarquía, véase Lecciones de management en Cómo conocí a vuestra madre.
[4]: Véase el debate que mantuve con LG sobre este asunto: El cálculo económico en la empresa multinacional.
[5]: El mejor escrito sobre este asunto, del propio Tucker, se títula Socialismo de Estado y Anarquismo: en qué coinciden y en qué difieren.

“Propongo que no evitemos ninguna pregunta, que no nos retiremos de ninguna conclusión, sino que sigamos la verdad adondequiera que nos lleve… Si las conclusiones a que lleguemos van en contra a nuestros prejuicios, que no dudemos; si desafían a instituciones que por mucho tiempo se han estimado como sabias y naturales, que no nos retrocedamos.”

- Henry George, Progreso y Miseria.

En los últimos años, se habla mucho por el cyberespacio sobre modernas tendencias económicas anarquistas, en las que convergen lo que para la mayoría de anarquistas socialistas es una contradicción: se trata de los controvertidos anarquismos de mercado. Este es un rótulo en el que caen diversos discursos libertarios, que tiene en común la idea de que el intercambio regular y “espontáneo” -es decir, el mercado- no se contradice con el ideal anarquista de igualdad y libertad, sin jerarquías. Para descubrir si esto es verdad, es necesario revisar la naturaleza del concepto de ‘mercado’, y que aspectos de este es posible que la Anarquía admita.

El mercado es, según la ciencia económica, “el contexto donde confluyen los posibles oferentes y demandantes de productos a realizar intercambios”(definicion corriente de mercado). Ese deseo de intercambio es el motor del mercado; y no tiene ningún conflicto con el anarquismo en esencia, claro que la imagen del libre mercado que tenemos todos, es esa que los poderosos y los teorícos económicos nos quieren vender, donde el poder del dinero basado en su escaces artificial, los monopolios, las leyes que favorecen y dan privilegios a los que manejan el capital, y las barreras burocráticas, que convierten en una caricatura los conceptos teóricos en apariencia neutrales y justos (esa critica con matices se da incluso en los grupos mas liberales).

Pero que pasa si le agregamos el ideal de la anarquía al concepto: entonces tendríamos que decir que “realizan estos intercambios por propia voluntad, en igualdad de condiciones y sin autoridad o jerarquía que los regule”. Solo cumpliéndose estas condiciones, podría decirse que es en realidad mercado anarquista. Esto, según las tendencias de anarquismos de mercado, es lo que se llama “verdadero libre mercado”, un sistema espontáneo sin privilegios ni jerarquías, en el que nadie puede controlar las condiciones de los intercambios y todos pueden participar, en el que no existen barreras y, por lo mismo, confluyen oferentes y demandantes en cantidades ilimitadas y en el que la información es transparente y verdadera. Si estas condiciones se cumplen, creo que no puede haber ningún anarquista que se oponga o considere que el mercado no es una posible forma de organización en anarquía.

No nos debemos olvidar de un último punto, que los amigos anarquistas socialistas no me perdonarían si omitiera: el mercado no puede ser una fuente posible de explotación del hombre por el hombre; y, para que se cumpla esa última condición, es imprescindible aclarar que el “verdadero libre mercado” anarquista no debería generar ningún tipo de renta, interés o beneficio sin trabajo.

Por lo dicho antes, el pensamiento anarquista debiera ser favorable a una estructura económica de mercado, en la que el trabajador sea dueño del producto de su trabajo, para que espontáneamente -y no por un mandato- se manifieste la acción pura de las fuerzas del mercado. De esta manera, no es posible que se genere la propiedad privada de la tierra y de los depósitos de recursos naturales, menos aun, el lucro. En esta dinámica, la estructura social se organizaría a través del cooperativismo y la mutualidad. Consideremos que es la intervención del estado lo que diferencia al capitalismo de un “verdadero libre mercado”. Con la acción de la autogestión y la ausencia del estado, el capitalismo no sería posible, pues es una creación de la expropiación masiva histórica y del perfeccionamiento de algunas instituciones elementales, exógenas a la comunidad, como la emisión monopólica del dinero, la propiedad del suelo, el monopolio de la fuerza, las leyes, etc. Si un verdadero sistema libre voluntario autogestionado, que en términos neoliberales podría ser mal llamado “laissez faire”, fuera puesto en práctica, daría lugar a un organización libre sin la capacidad de extraer un beneficio sin trabajo de por medio o una renta del capital, pues estas serían nulas o insignificantes, una fórmula propuesta por el mutualismo desde hace más de un siglo.

“(…) la demanda para el consumo determina la dirección en la cual el trabajo se empleara en la producción.” (Henry George, Progreso y Miseria,1879)

Este principio, que determina la eficacia y eficiencia del mercado y que es utilizado en contra de la teoría de planificación central, también puede generar privilegios y limitar las libertades, siempre y cuando los actores económicos no tengan las mismas posibilidades de generar producción y consumo, en otras palabras no posean todas las facilidades de ingresar al mercado, así como de cambiar su producción. Esto implica que, al ser este tipo de mercado una entidad no inclusiva, solo puede generar y funcionar a partir de privilegios, lo que deviene en la desinformación para la producción eficaz y eficiente y la depredación del medio ambiente. Recordemos, además que la tan mentada democracia del mercado -cada consumidor puede “votar” cuando compra- no existe si no hay igualdad al acceder al mercado y a los medios de producción (recursos naturales).

Puede que el libre mercado sea la mejor opción de organización en su forma ideal, pero los mecanismos e instituciones creadas alrededor de este concepto son realmente de orden técnico (moneda) o jurídico (derechos de propiedad). Lamentablemente, estos están, en la actualidad, en poder del Estado/Capital.

El orden sin jerarquía en el libre mercado es una opción de organización económica anarquista, pero para que funcione no debe creerse en él ciegamente, puesto que, en tanto es espontáneo, no necesariamente calza en la práctica -aunque sí en teoría- con los ideales de la anarquía. No obstante, aun cuando es espontáneo, sigue siendo social y, por lo mismo, una institución humana que si degenerara en privilegio o jerarquía, será necesario indagar en sus mecanismos y modificar sus estructuras. Si consideramos el mercado actual, ese cambio de estructuras podrían ser, por ejemplo, reformas monetarias o reformas en la gestión de la propiedad de la tierra. Siendo la autogestión no jerárquica e igualitaria es el medio ideal para el estudio, debate y reformas de los mecanismos periféricos al mercado que lo condicionan , para llevar la praxis económica mas cerca de la teoría del libre mercado. Esto no debe considerarse como intervencionismo al libre mercado, sino como un afinamiento a las herramientas e instituciones periféricas de modo que funcionen más acorde con el concepto mismo de libre mercado y de la anarquía. La autogestión, los libres acuerdos y el consenso deben ser los métodos de resolución de todos los conflictos.

Werner onken, Economía de Mercado sin Capitalismo (extracto):

.. De esa manera el dinero perdería su poder estructural sobre el ser humano y sobre los mercados y ya no podría llevar a la distribución injusta de ingresos y bienes. Además, la regulación exacta de la cantidad del dinero en circulación y la circulación garantizada por la oxidación harían posible la estabilización del poder adquisitivo de las monedas como peso, dólar o rublo.
Mediante esta reforma monetaria Gesell veía el camino hacia un “estado social” en el cual los ingresos y bienes sean distribuidos de manera justa. En vez de la acumulación jerárquica de capital real y monetario y en vez del proletariado privado de medios de producción habría una sociedad burguesa de libres e iguales, en la cual ciudadanos económicamente independientes producirían con tiempo laboral flexible y venderían sus productos en mercados sin monopolios no sólo el interés del dinero sino también la renta territorial privada causaría injusticia social al impedir que el acceso a un bien esencial sea igual para todos.-crear el acceso igualitario de la gente a los territorios y al mercado. (Teología y Economía de la liberación, América latina, 500 años de muerte, despojo y explotación,Febrero 2002)

Si además de estos mecanismos que rodean el funcionamiento del mercado actual (moneda y propiedad), encontramos que hay otros que afecten el desarrollo del libre mercado o violenten los principios de la Anarquía, estos deben ser estudiados y si es necesario reformulados, con el fin de que el mercado sirva a un orden justo y pleno de libertades.

Para que el mercado sea eficiente y eficaz y tenga, además, dimensión humana, no debe aniquilarse la competencia. En el mercado, tiene que existir (1) la “facilidad de acceder a él “ y (2) la “facilidad de adaptarse a sus requerimientos”; de lo contrario, hablaríamos de un mercado excluyente y eso genera solo oligopolios o monopolios que eliminan la cualidad de ser libre del mercado.

LG ha escrito en Austrian Uruguay un artículo donde arremete contra la teoría mutualista sobre el cálculo económico en el interior de la empresa. En su opinión, los mutualistas aciertan al considerar que el Estado opera sin una base para establecer cálculos económicos racionales, pero yerran al extrapolar este análisis a las multinacionales, que compiten en un marco de mercado (más o menos libre) y por lo tanto pueden servirse de los precios para realizar sus operaciones.

Es un tema sobre el que he intentado escribir más de una vez, pero que por diversas cuestiones nunca he analizado en profundidad aquí.  Y nuevamente me temo que por falta de tiempo no podré hacerlo, así que me reservo otra ocasión para hacerlo mejor.

Sin embargo, me gustaría apuntar algunas cosas que se me han ido ocurriendo conforme leía el artículo.

En primer lugar, me choca lo maniqueo del planteamiento de LG: según él, o existe un perfecto cálculo económico racional o no existe en absoluto. No hay posturas intermedias. Como el Estado soviético opera en un contexto de cálculo caótico, cualquier mejoría respecto a ese modelo (véase la gran empresa) implica que existe un cálculo económico perfecto.

Si definimos el problema del cálculo económico como de emplear los medios idóneos para conseguir los fines deseados, es evidente que existe una gradación casi infinita sobre el grado en que una empresa o un Estado están incurriendo en “caos de cálculo económico”. Los precios de mercado solo son una alternativa, probablemente la mejor, de averiguar cuáles son esos “medios idóneos” en el contexto de una economía compleja.

En pocas palabras: el problema del cálculo económico radica en la mejor o peor percepción de los fines y los medios, y este problema de información admite muchísimas gradaciones.

En segundo lugar, al leer su artículo me vienen a la cabeza varios libros que le habrían sido útiles para percibir mejor la cuestión.
Especialmente La naturaleza de la empresa, de Ronald Coase. Setenta y tres años después de su publicación, todavía hay quien ignora qué son los “costes de transacción” y los “costes de administración” y qué papel juegan en el tamaño de la empresa. No tengo tiempo para exponer su argumento, pero básicamente sostiene que toda organización tiene costes de administración inherentes a su funcionamiento interno; y costes de transacción inherentes a sus relaciones con el exterior. Es la variación relativa de estos costes lo que inclina a las organizaciones hacia el crecimiento interno o externo.

El problema de cálculo económico, es decir, de emplear los medios idóneos para conseguir los fines deseados, no es más que un coste de administración añadido que aumenta conforme la organización interioriza más y más actividades. Cuando existen bienes intermedios específicos que no poseen precios de mercado, estos circulan a lo largo de la organización con criterios de “costo+plus” totalmente irracionales. E incluso cuando estos bienes intermedios poseen precios de mercado en el exterior de la empresa, no tienen por qué reflejar la escasez relativa en el interior de la empresa (del mismo modo que en la Unión Soviética), y por lo tanto llevarán a problemas similares de cálculo.

Este primer argumento, por cierto, ya fue empleado por Rothbard en Man, Economy and State (p. 546):

Supongamos que no hay precios de mercado: p. ej. que la Compañía Jones es el único productor de un bien intermedio. En ese caso, no habría modo de conocer qué etapa de la producción está siendo gestionada de forma rentable y cuál no. No habría forma de conocer cómo asignar los factores a las distintas etapas. No habría forma de estimar ningún precio implícito o coste de oportunidad para los bienes de capital en ninguna etapa particular. Cualquier estimación sería completamente arbitraria y no tendría ninguna relación significativa con las condiciones económicas.

Pero como sugiere el segundo argumento –que es la principal aportación de Carson al debate-, incluso si el bien intermedio posee un precio de mercado, este no expresará la escasez relativa del bien dentro de la empresa. En ambos casos el problema de cálculo económico llevará a derrochar recursos; aumentará los costes de la empresa y, finalmente, la hará comparativamente más ineficiente que aquellas que no incurran en tales prácticas.

Si todavía sigue pensando que la perspectiva mutualista es un alien dentro de la teoría austriaca (algo rigurosamente cierto para los más vulgares), le recomiendo Economic Calculation anad the Limits of Organization, de un economista austriaco mainstream como Peter Klein, donde expone una versión moderada del mismo argumento: el problema de cálculo económico es un coste de administración que limita el crecimiento de la empresa por encima de cierto punto. Los mutualistas solo han subrayado aquello que los austriacos habían escrito con letra temblorosa –con algunas anotaciones a pie de página. Este otro artículo, del mismo autor, también es esclarecedor (en castellano).

En tercer lugar, me llama la atención que para LG una transacción de mercado (p. ej. entre dos empresarios independientes) sea equivalente a una transacción en el interior de la empresa (p. ej. entre un trabajador y su patrono). Ignora completamente que el contrato entre trabajador y empresario está en gran parte incompleto (no se puede determinar a priori cuánto debe producir un trabajador), y que para llevarlo a término, el empresario tiene que incurrir en costes de monitoreo y supervisión durante el mismo – costes que están ausentes en el caso de dos empresarios independientes, donde solo es necesario comprobar el resultado final.

Por último, me gustaría hacer una anotación sobre la concepción de la empresa implícita en LG, similar a la que Klein critica como de “libro de texto”:

En los libros de texto de economía, la empresa es una función de producción o una serie de posibilidades de producción, una “caja negra” que transforma entradas en salidas. A partir del estado de la tecnología, los precios de las entradas y un plan de demanda, la empresa maximiza el beneficio monetario sujeto a las limitaciones de que sus planes de producción deben ser tecnológicamente viables. La empresa se modela como un solo actor, afrontando una serie de decisiones no complicadas: cuánto hay que producir, cuánto hay que contratar de cada factor y cosas así. Estas “decisiones”, por supuesto, no son decisiones en absoluto: son cálculos matemáticos triviales, implícitos en los datos subyacentes. En resumen, la empresa es una serie de curvas de costes y la “teoría de la empresa” es un problema de cálculo.

Obviamente, la cuestión es más compleja. El hecho de que quienes tomen las decisiones estén tan lejos de la línea de fuego implica toda una variedad de problemas: los empleados transmiten la información distorsionada en función de sus intereses (recibir premios, evitar castigos, etc.); la información tarda demasiado tiempo en subir hasta la cúspide de la jerarquía; esta cúspide tarda demasiado tiempo en reaccionar ante las demandas de los consumidores, etc.

Y todo eso, LG, actúa en una sola dirección: aumentar los costes de operación de las grandes empresas, cuya oligarquía dirigente está tan lejos de la realidad como lo estaba un ministro de industria soviético.
Naturalmente, existen algunos beneficios en la forma de organización de las grandes empresas, pero el hecho de que muchos de sus costes sean externalizados en el contribuyente me induce a pensar que no sobrevivirían en un libre mercado.

Eso no significa que no vaya a haber empresas grandes –que es un término relativo, y puede denotar tanto a una empresa de 5 como de 10.000 empleados- sino que las empresas serán notablemente más pequeñas y menos jerárquicas. Significa que en lugar de Zaras habrá Pratos y Bolonias.

Tucker no escribió jamás un libro que pueda llamarse “teórico” (Instead of a Book era un recopilatorio de pequeños artículos, sin demasiada coherencia interna), a pesar de que leyó muchos. Su modo favorito de expresarse era el debate; la confrontación de ideas con un adversario -real o imaginario- que le ofreciera el pretexto para apuntar los puntos flacos de su interlocutor y exponer sus propios argumentos. Y este artículo, Contrato u organismo, es un buen ejemplo de ello.

El artículo en sí -que es uno de mis preferidos- aborda el clásico problema de una sociedad post-estatal. Desde Proudhon, aquello de “disolver el Estado en el organismo económico” o de “reemplazar el gobierno por el contrato” ha sido malinterpretado o mal entendido por muchos de los adversarios del anarquismo. En este caso,Tucker, equiparando a los anarquistas con unos supuestos “partidarios del pago voluntario de impuestos”, expone la brillante idea de una sociedad donde distintas compañías compiten entre sí por ofrecer los servicios que previamente proveía el Estado.

Contrato u organismo

Está teniendo lugar una muy interesante y valiosa discusión en el London Jus en relación a la cuestión del pago obligatorio de impuestos frente al pago de impuestos voluntario. En el número del 17 de junio hay un comunicado de F. W. Read, en el que aparece el siguiente párrafo:

La propuesta del pago de impuestos voluntario significa realmente la disolución del Estado en sus átomos constituyentes, permitiéndoles que se recombinen como quieran, o que no se recombinen de ninguna forma, lo cual podría suceder. No existiría forma de prevenir la existencia de cinco o seis “Estados” en Inglaterra, ¡y los miembros de todos esos “Estados” podrían estar viviendo en la misma casa! La propuesta, me parece, es el resultado de una idea de quienes consideran que el Estado está o debería estar fundado en el contrato, del mismo modo que una compañía por acciones. Es una idea similar a la de la extinta teoría del “contrato original”. Se pensaba que el Estado tenía que descansar en el contrato. No ha existido contrato alguno en tiempos históricos; por tanto, se asumía que hubo un contrato prehistórico. Los partidarios del pago de impuestos voluntario dicen que nunca ha habido ningún contrato; que por tanto el Estado nunca ha tenido una base ética; y que por lo tanto no haremos un contrato. La explicación de todo este asunto, creo, es aquella dada por el Sr. Wordsworth Donisthorpe, -a saber, que el Estado es un organismo social, que se ha desarrollado como cualquier otro organismo, y que no requiere fundamentarse en el contrato, original o actual, más que cualquier otro organismo.

La idea de que los partidarios del pago de impuestos voluntario objetan al Estado precisamente el hecho de que no descansa en el contrato, y desean sustituirlo por el contrato, es estrictamente correcta, y me complace ver (por primera vez, si la memoria no me falla) que nuestros oponentes lo comprenden. Pero el Sr. Read oscurece su afirmación con la anotación previa de que la propuesta del pago de impuestos voluntario es “el resultado de una idea…que el Estado está o debería estar fundado en el contrato”. Esto sería cierto si las palabras que he señalado en cursiva se hubieran omitido. Ha sido la inclusión de esas palabras lo que ha dado base al escritor para su analogía, de lo contrario sin fundamento, entre los anarquistas y los seguidores de Rousseau. Los últimos sostienen que el Estado se originó por contrato; y que las personas de hoy en día, aunque no firmaran tal contrato, están atadas a él. Los anarquistas, por el contrario, rechazan que tal contrato se haya realizado jamás; declaran que, de haberse hecho, no podría imponerse sobre aquellos que no lo firmaron; y reivindican el derecho de cerrar contratos por sí mismos como gusten. La postura de que un hombre debería firmar sus propios contratos, lejos de ser análoga a aquella que lo hace sujeto de contratos ajenos, es su directa antítesis.

Es rigurosamente cierto que el pago voluntario de impuestos no “prevendría la existencia de cinco o seis ‘Estados’ en Inglaterra” y que los “miembros de todos esos ‘Estados’ podrían estar viviendo en la misma casa”. Pero no veo razón para la exclamación que añade el Sr. Read tras este apunte. ¿Qué sucede? Hay más de cinco o seis Iglesias en Inglaterra, y pasa a menudo que los miembros de varias de ellas viven en la misma casa. Hay más de cinco o seis compañías de seguros en Inglaterra, y no es de ningún modo inusual que los miembros de una misma familia aseguren sus vidas o sus bienes contra fuego o accidentes en diferentes compañías. ¿Se sigue algún daño de esto? ¿Por qué, entonces, no debería haber un considerable número de asociaciones defensivas en Inglaterra, en las que la gente, incluso miembros de la misma familia, pudiera asegurar sus vidas o sus bienes contra asesinatos o robos? Aunque el Sr. Read ha captado una idea de los partidarios del pago de impuestos voluntario, temo que no ve con claridad otra de ellas –a saber, la idea de que la defensa es un servicio como cualquier otro; que es un trabajo tanto útil como deseado; que por lo tanto es un bien económico sujeto a la ley de la oferta y la demanda; que en un libre mercado esta mercancía sería ofrecida al coste de producción; que, en competencia, el patrocinio iría a aquellos que proporcionaran el mejor artículo al menor precio; que la producción y venta de esta mercancía está ahora monopolizada por el Estado; que el Estado, como casi todos los monopolistas, carga precios exorbitantes; que, como casi todos los monopolistas, ofrece un artículo despreciable, o casi despreciable; que, del mismo modo que un monopolista de comida produce a menudo veneno en lugar de alimento, el Estado aprovecha su monopolio sobre la defensa para ofrecer agresión en lugar de protección; que, del mismo modo que los consumidores de uno pagan para ser envenenados, los consumidores del otro pagan para ser esclavizados; y finalmente, que el Estado excede a todos sus competidores monopolistas en la medida en que disfruta del privilegio especial de forzar a todo el mundo a comprar su producto, quieran hacerlo o no. Si, después de todo, hubiera cinco o seis “Estados”, la gente, creo yo, sería capaz de comprar la mejor seguridad a un precio razonable. Y lo que es más –cuanto mejores fueran sus servicios, menos necesarios serían, de modo que la multiplicación de los “Estados” llevaría a la abolición del Estado.

Todas estas consideraciones, sin embargo, están anuladas, en opinión del Sr. Read, por su aserto final de que “el Estado es un organismo social”. Toma esto como la “explicación de todo el problema”. Pero yo no puedo ver en ello más que otra observación irrelevante. Pregunto otra vez: ¿qué sucede? Suponga que el Estado es un organismo, – ¿y qué? ¿Qué se infiere de ello? ¿Que por lo tanto el Estado es permanente? Pero, ¿qué es la historia sino un registro de la disolución de organismos y el nacimiento y desarrollo de otros que, a su vez, acabarán disolviéndose? ¿Está el Estado exento de este mandato? Si así lo cree, ¿por qué? ¿Qué lo demuestra? ¿El Estado es un organismo? Sí; igual que un tigre. Pero a menos que me lo encuentre donde no tenga una pistola, su organismo se desorganizará rápidamente. El Estado es un tigre en busca de gente para devorar, y la gente tiene que matarlo o herirlo. Su propia seguridad depende de ello. Pero el Sr. Read dice que no puede hacerse. “De ningún modo puede restringirse el poder del Estado”. Esto debe ser muy decepcionante para el Sr. Donisthorpe y Jus, que están trabajando para restringirlo. Si el Sr. Read está en lo cierto, su ocupación es una pérdida de tiempo. ¿Está en lo cierto? A menos que pueda demostrarlo, los partidarios del pago de impuestos voluntario y los anarquistas continuarán su trabajo, animados por la creencia de que el compulsivo y agresivo Estado está destinado a morir.

Vuelvo a la carga tras una temporadita ausente, aunque no sé si podré aguantar el ritmo de meses pasados.

Hoy comentaré un caso que he mencionado en otros artículos pero que nunca había expuesto en profundidad: se trata de la alucinante experiencia de producción en red y a pequeña escala de Prato, en Italia. Últimamente parece que todas las buenas empresas salen allí, a despecho de sus malos gobernantes.

Prato es la capital de una región de la Toscana, y en ella se concentra la industria textil más importante del mundo. Durante la primera mitad del siglo XX su industria estaba dominada por unas pocas grandes empresas, pero a mediados de la década de 1960 comenzaron a separarse. Cuarenta años después, en el año 2000, había más de 15.000 pequeñas empresas, con una media de menos de cinco empleados cada una. Y lo más importante: no se trataba de empresas rudimentarias y caseras, sino que utilizaban maquinaria moderna y personal cualificado. Para aprovechar las economías de escala, las compañías establecieron alianzas para sufragar las compras a proveedores, la investigación o el desarrollo (de forma similar a como sucede en Emilia Romagna o MARRV).

Para coordinar la interacción entre empresas han creado un grupo de agentes llamados impannatori. Cuando llega un pedido demasiado grande para una sola empresa, los impannatori se encargan de tejer redes de trabajo entre compañías para que cumplan el pedido. Pero, como apunta Thomas Malone, estos agentes no deberían confundirse con alguna clase de ejecutivos senior que dirigen la red, puesto que no la controlan:

No existe un director general (CEO) de la industrial textil de Prato. Cada empresa toma sus propias decisiones respecto a con quién hacer negocios y en qué condiciones. De todas estas interacciones descentralizadas surgen algunos de los mejores tejidos de moda del mundo entero.

Actualización. No es casual que este tipo de empresa haya surgido en un sector (el textil) donde la demanda es especialmente volátil y no existe -por ahora- un rígido sistema de patentes. El motivo de la descentralización es, ante todo, la necesidad de mantener una producción flexible que pueda coordinar grandes pedidos en épocas de mucha actividad, mantenerse ligeramente rentable en vacas flacas (gracias a sus reducidos costes fijos) y pasar de un producto a otro de acuerdo al vaivén de la demanda.

Probablemente, si desapareciesen otros privilegios como las licencias, las barreras de entrada, las exenciones fiscales a la depreciación del capital, las subvenciones a la I+D y, especialmente, las subvenciones al transporte, las grandes empresas se disolverían en estos sectores como una pastilla efervescente en un vaso de agua. Pero después de las tenues liberalizaciones de los 70, 80 y 90, parece que las políticas estatales “anti-crisis” apuntan a reforzar la jerarquía, las corporaciones y las parásitas burocracias estatales y pseudoprivadas.

————————————————

Bibliografía: Thomas Malone, El futuro del trabajo.

Hace unos días apareció en un periódico de Auburn (EEUU) una carta de Roderick Long, donde carga contra republicanos y demócratas a propósito de la reforma sanitaria, sugiriendo una auténtica solución de libre mercado -las cooperativas sanitarias, actualmente constreñidas por las regulaciones estatales. Es sencillamente genial (la negrita es mía):

Republicans promise to protect us against big government, while Democrats promise to protect us against big business.
But in practice, both parties consistently support a partnership between big government and big business, at the expense of ordinary people. They bicker over which partner is to be dominant; but neither party ever seriously threatens the overall partnership.
The healthcare bill is a case in point.
Democrats have portrayed it as an assault on the power of insurance companies – as if those companies won’t benefit enormously from a provision requiring everyone to buy health insurance (with or without the public option).
The Republicans, for their part, portray their defense of the status quo as a defense of the free market. But the status quo in healthcare is no free market; it’s a system of massive, ongoing government intervention on behalf of insurance companies, pharmaceutical companies, and the medical establishment.
Democrats and Republicans disagree only over the precise flavor of intervention, not the amount. The question is always whether decisions about your healthcare should be made by bureaucrats, or instead by plutocrats – never by you.
A century ago, a vibrant system of health cooperatives, run not by bureaucrats or plutocrats but by the working class, was dramatically reducing healthcare prices and boosting patient autonomy – until government regulation shut the system down. (University of Alabama history professor David Beito documents the story in his book From Mutual Aid to the Welfare State.)
If Republicans really care about free markets, and if Democrats really care about the poor, why doesn’t either party work to repeal those laws and allow the cooperative system to return?

A principios del siglo XX, cuando el mundo se debatía entre el socialismo estatal y el capitalismo, dos románticos ingleses, Chesterton y Belloc, dieron lugar a una nueva corriente económica y social que sería conocida como distributismo. Inspirada en la encíclica papal Rerum Novarum, pretendía superar la falsa dicotomía política de su tiempo, y tenía como meta la distribución radical de la propiedad privada entre la población –especialmente el capital y las herramientas de producción-.
Aunque poco conocido en el ámbito hispano, en los países anglosajones el distributismo mantiene vigorosas organizaciones como el Catholic Worker o la Distributist Review, e influye activamente en la opinión pública sobre las grandes empresas.

Los distributistas contemplan el sistema industrial como anulador de la creatividad y la dignidad humana, son críticos con el sistema bancario convencional, simpatizan con las cooperativas de crédito y han reprendido históricamente las expropiaciones masivas de campesinos –especialmente durante los Tudor- como un modo de “proletarizar” a la sociedad. En cierto modo, el distributismo de Chesterton y Belloc parece la versión católica de la banca mutualista de Proudhon y Greene o el análisis histórico de Spooner o Carson.

Sin embargo, tiende a contemplar el capitalismo corporativo actual como el producto de un mercado fundamentalmente libre que, por lo tanto, debería ser controlado en una dirección más saludable. Chesterton proponía una tributación discriminatoria en favor de las pequeñas empresas; y E. F. Schumacher planteó que el 50% de las acciones de las grandes empresas deberían pasar a manos del Estado.

En este punto sus planteamientos me parecen incongruentes: a pesar de surgir como una reacción a los totalitarismos del siglo XX, bajo la promesa de devolver el poder y la dignidad al individuo, el distributismo deja la ejecución de todo su programa en manos del Estado.

Pero quizá existan motivos para ser optimista: durante los últimos años, la teoría de la organización mutualista, al enfatizar las cooperativas, los pequeños propietarios y las granjas familiares como el escenario probable de un mercado liberado, ha dado pie a la simpatía de los grupos distributistas. Después de todo, si el capitalismo actualmente existente es producto del privilegio y el monopolio, esperar soluciones del Estado tiene tanto sentido como blanquear una pared pintándola de negro. La puerta de la cooperación está abierta.

[En castellano podéis leer aquí varios artículos sobre Chesterton y el distributismo, en el primer archivo a partir de la página 146. También podéis echarle un vistazo al artículo de Kevin Carson Libertarianism and Distributism, en inglés.].

La retórica del libre mercado es contundente: el precio de los bienes se corresponde con el valor asignado por los consumidores; los propietarios de los factores de producción y los trabajadores perciben una parte equivalente a su aporte a la producción; y las empresas tienen el tamaño óptimo que, en cada sector, permite obtener la mayor cantidad de output con la menor cantidad de inputs.

Pero precisamente por ese motivo debemos cuidarnos de aplicarla en exceso. Si lo hacemos, corremos el riesgo de utilizar el genial aparato teórico del laissez faire para justificar situaciones injustas.

Es dudoso que, si la meta final a que tiende el mercado cambia constantemente, el trabajo perciba su producto completo en la actualidad; las barreras de entrada frenan la demanda de trabajo y los empresarios establecidos probablemente obtienen rentas de escasez artificiales. También es verosímil creer que el precio de los bienes no corresponde al valor real otorgado por los consumidores, cuyas compras son encauzadas selectivamente hacia los intereses del capitalismo corporativo; en ocasiones, son artificialmente elevados (p. ej. mediante el monopolio de las patentes), y otras veces son artificialmente reducidos (p. ej. mediante la PAC o las subvenciones al transporte). Por este motivo, además, se hace difícil admitir que el tamaño de las fábricas y empresas corresponda al óptimo de libre mercado: el precio artificialmente bajo –subvencionado- de algunos factores de producción (p. ej. el transporte o la educación técnica), por un lado; o artificialmente alto (nuevamente, mediante patentes, o cárteles), por el otro, nos llevan a pensar que las empresas se han “estirado” en exceso para utilizar intensivamente los factores subvencionados  -del mismo modo que las jirafas aumentaban su cuello para alcanzar los árboles en la teoría de la evolución de Lamarck-; o bien se han expandido cómodamente en sectores donde tales precios de monopolio se lo permitían.

Del mismo modo, existen conceptos que quizá no sean intrínsecos o adecuados a un libre mercado radical, a pesar de que en la actualidad sí son relacionados con la retórica de libre mercado. Ludwig von Mises decía que la prueba para discernir si un país poseía una economía totalitaria o de mercado era la existencia de una bolsa de valores; sin embargo, esta presupone una serie de accidentes históricos como el divorcio entre capital y trabajo y la propiedad ausente a gran escala que no son intrínsecos a la “lógica del mercado”. Sin la deuda pública, los privilegios reales o las expropiaciones masivas de campesinos a lo largo de los siglos pasados y desde la Edad Media, es plausible aventurar que las bolsas de valores no hubiesen alcanzado su posición dominante como método de financiación –e incluso que métodos alternativos como los cooperativas de crédito o los microbancos alcanzasen un amplio grado de desarrollo. La venta de acciones es un método costoso, ideado sobre todo para sufragar inversiones en activos específicos que los bancos son reacios a financiar, por lo que existirían menos incentivos para emplearla en un contexto de producción a pequeña escala y tecnologías multiusos.

Igualmente, aunque hoy consideramos las fusiones y adquisiciones como el método “natural” para reunir grandes capitales, este no es el único ni necesariamente el más eficiente; en gran medida tales métodos están artificialmente promovidos por incentivos fiscales de diversa índole (p. ej. por compensación de pérdidas entre empresas, o regulaciones a las transacciones de mercado). Numerosos estudios apuntan a que las fusiones y adquisiciones, al adherir peldaños en las jerarquías, aumentan los costes de información, reducen los incentivos del trabajo y disparan los problemas de agencia. En un contexto de libre mercado, cuando el tamaño medio de las empresas sea notablemente inferior, la solución obvia consistirá en involucrar a varias de ellas en una red de pequeños propietarios, subcontratando gran parte de las actividades en el resto de socios –algo que ya se practica en Rock Valley (Estados Unidos), Prato y Bolonia (Italia), y que ya han adoptado parcialmente muchas grandes empresas como Nike y Toyota. Cuando el mercado está adulterado en beneficio de una clase dominante, las respuestas organizativas probablemente tienen muy poca relación con alguna clase de criterio de eficiencia neutral.

Por ese motivo, los ejecutivos tienden a considerar el sueldo de los trabajadores como un “coste variable” a ser recortado, al tiempo que mantienen sus propios salarios como un “coste fijo”, inmune a los cambios en la coyuntura económica. La jerarquía de las grandes corporaciones repercute en toda la sociedad, hasta el punto en que es difícil discernir dónde acaba el mercado y dónde empiezan las relaciones de poder.

Tal y como dicen los economistas, la acumulación de capital es probablemente el método más común para aumentar la productividad del trabajo y, por lo tanto, el nivel de vida de los trabajadores. Sin embargo, en una sociedad operada por sus trabajadores, probablemente el énfasis pase desde la acumulación de capital a la eficiencia del trabajo, que aumentará la productividad a través de la observación y la mejora de los métodos de producción desde la misma línea de fuego. La abstinencia del capitalista será reemplazada por la inteligencia de los trabajadores.

En última instancia, el capitalismo estatal y el libre mercado se parecen tanto como la noche y el día; necesitamos términos nuevos para describir realidades distintas.

Extraído del prefacio a la primera edición alemana de la Miseria de la filosofía de Marx:

En segundo lugar, la competencia, al realizar la ley del valor de la producción de mercancías en una sociedad de productores que las intercambian, crea por eso mismo, y en ciertas condiciones, el único orden y la única organización posibles de la producción social. Solo gracias a la depreciación o al aumento de los precios de los productos, los productores aislados aprenden a su costa qué productos necesita la sociedad y en qué cantidad. Pero la utopía defendida por Rodbertus quiere suprimir, precisamente, este único regulador. Y si nos preguntamos qué garantía tenemos de que no se producirá más cantidad que la cantidad necesaria de cada producto; de que no careceremos de trigo ni de carne mientras que sobra azúcar de remolacha y rebosamos de aguardiente de patata, y de que no nos faltarán pantalones para cubrir nuestra desnudez mientras que los botones para pantalones se multiplican por millares –Rodbertus nos muestra, con aire de triunfo, su famosa cuenta según la cual se ha establecido un certificado exacto para cada libra de azúcar superflua, para cada tonelada de aguardiente no comprado, para cada botón de pantalón inutilizable, cuenta que resulta “justa”, que “satisface todas las exigencias y cuya liquidación es exacta”. Y quien no lo crea no tiene más que dirigirse al señor X…, el empleado superior de la caja de la deuda pública en Pomerania, que ha revisado el cálculo encontrándolo correcto, y a quien se puede considerar incapaz de cometer una falta en sus cuentas de caja.

Y más adelante, concluye:

Si se impide a la competencia dar a conocer a los productores aislados la situación del mercado mediante el alza o la baja de los precios, se los deja completamente a ciegas.

¿Alguien puede imaginar un razonamiento más claro y, a la vez, más contradictorio con su propia doctrina? ¿Es incapaz de extrapolar su crítica, propia de un economista de libre mercado, a su propio sistema?  Parece que, detrás del silencio acerca de la “futura sociedad comunista”, se encontraba un profundo miedo al fracaso –como efectivamente ha ocurrido. El empleado superior de la caja de la deuda pública en Pomerania no fue, históricamente, seguidor de las ideas de Rodbertus: se llamó Ministro de Industria soviético, y tenía una foto de Marx y Engels en su despacho.

Existen principalmente dos propuestas libertarias para acabar con la pobreza en el planeta: transferir pobres a los países ricos, y crear riqueza en los países pobres. (Existe una tercera opción: transferir riqueza de los países ricos a los países pobres, pero es una propuesta socialdemócrata o neoliberal, no libertaria).

Aunque las propuestas no son incompatibles entre sí, son representativas de los diferentes enfoques dentro del movimiento libertario.

Transferir pobres a los países ricos significa que la inmigración equilibrará la tasa de capital invertido por persona a nivel mundial, tanto creando puestos de trabajo en los países ricos para personas que no podían encontrarlos en su tierra natal como transfiriendo riqueza hacia los países pobres a través de las remesas de los inmigrantes.

Crear riqueza en los países pobres significa permitir que tengan un desarrollo endógeno sin necesidad de emigrar (al contrario de lo que proponen los pro-inmigración) o de recibir capitales extranjeros (en oposición a lo que proponen los apologistas de la globalización). Buenos ejemplos de esta propuesta son la multitud de campos, fábricas y talleres a pequeña escala levantados a lo largo de todo el Tercer Mundo –en parte gracias a los equipos de “tecnología intermedia”-; o las pequeñas empresas y cooperativas financiadas con los microcréditos de Grameen y otros bancos especializados en pequeños préstamos para países en desarrollo.

Quienes enfatizan la primera propuesta suponen tácitamente que el empleo debe recibirse desde el exterior, en lugar de fabricárselo uno mismo. Autoempleo es una contradictio in terminis para ellos.

En cambio, quienes subrayan la segunda propuesta entienden que, en la jerarquía de prioridades del potencial inmigrante, la familia y los amigos están por delante de los extraños, y que el autoempleo está por encima de la jerarquía. Por lo tanto, promueven un orden de prioridades dentro del movimiento libertario idéntico al del potencial inmigrante, que enfatice el desarrollo local y la autonomía individual. Su programa consiste en: 1) la abolición de los aranceles y las subvenciones a los productos agrarios, de modo que los países pobres puedan competir en los mercados occidentales; 2) en la entrega de los títulos de tierra artificiales, como los latifundios, a los campesinos del Tercer Mundo; y 3) en la supresión de toda traba burocrática, patente o prohibición agresiva que impida el uso libre de su sus habilidades y su tecnología a las personas pobres. Como la propia FAO reconoce, este programa –especialmente el punto 1- acabaría virtualmente con el hambre en el mundo.

Obviamente, ambos programas no son incompatibles: ni suscribir el segundo implica rechazar el primero ni viceversa. Pero el movimiento libertario debería considerar las expectativas de los pobres en lugar de jugar a la ingeniería social con ellos –lo que se aplica en mayor medida a socialdemócratas y neoliberales-. Reclamar la libre inmigración carece de sentido cuando esta es una consecuencia de la destrucción por parte del Estado de modos de vida tradicionales.

En una economía deformada por el privilegio, el monopolio y las subvenciones masivas, miramos con sorpresa lo que en otro caso nos parecería lógico y natural. No son las monstruosas fábricas de las multinacionales -ubicadas a miles de kilómetros de sus puntos de consumo- lo que llama nuestra atención, sino las diminutas islas de socialismo, casi medieval, situadas a en nuestros propios barrios. Hablo, por supuesto, de las panaderías; el paraíso económico de Chesterton y Schumacher.

En ellas se plasman gran parte de los ideales del mutualismo: la producción y la distribución se realizan a pequeña escala, trabajo y el capital están casi completamente unidos, el empleo asalariado cumple solo una función auxiliar y las franquicias o grandes empresas de pan (p.ej. Panishop, o los servicios de panadería del Corte Inglés o Mercadona) están relegadas a puestos marginales en el mercado.

Y sin embargo, nada parece más racional que centralizar la producción en unos pocos lugares para distribuirlo a gran escala para el mercado masivo, tal y como hace Mercadona con sus panes plastificados. Pero ni los panes de Mercadona son más baratos que los del panadero de mi barrio ni han conseguido desplazarlo, ¿por qué?

Los estatistas mantienen que se debe gracias a los horarios restringidos, que garantizan a los pequeños propietarios una “competencia justa” frente a las grandes superficies. La realidad, en cambio, nos demuestra que esos pequeños propietarios ya han solventado el problema de los horarios haciendo turnos (p. ej. mi panadero trabaja desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, y su mujer toma el relevo hasta el medio día) y que, además, el pan se acaba antes de que cierren la persiana. Las grandes empresas no obtendrían ninguna ventaja de la libertad de horarios.

Otros estatistas apuntan a la restricción municipal del porcentaje de metros de suelo comercial que pueden tener las grandes superficies, pero esto no explica por qué las panaderías ganan frente a, p. ej. Mercadona, cuando ambas están igualmente distribuidas en una misma ciudad, ni por qué Panishop se mantiene tan lejos del límite de suelo comercial –y, de hecho, ni siquiera es una gran superficie-.

Lo cierto es que es tan sencillo como que no existen economías de escala en la producción y distribución de pan. En el lado de la producción, un pequeño horno eléctrico o de leña puede adecuar la oferta a la demanda local, sin necesidad de producir en masa para distribuir los costes fijos entre un gran número de unidades. En el lado de la distribución, al ser el pan un bien que los consumidores compran diariamente, estos no están dispuestos a hacer desplazamientos largos  (como lo están, por ejemplo, a la hora de hacer compras quincenales en un supermercado) y valoran más las redes de distribución cortas. Lo mismo sucede con otros bienes de consumo diario como los periódicos.

¿Cuál es la moraleja de todo esto? Que, cuando los costes de desplazamiento son demasiado altos desde la perspectiva del consumidor, los puntos de venta tienden a reducirse y descentralizarse para minimizar tales costes. Del mismo modo que la extensión del coche en los años veinte redujo el coste de desplazamiento y aumentó el tamaño de los establecimientos minoristas (véase el caso de Sears), unas carreteras privatizadas/mutualizadas actuarían en sentido contrario.

En lugar de encargar el diseño de modelos 3D, logotipos, redacciones o traducciones a algún departamento interno, inflando el tamaño y la jerarquía de la organización, las empresas emplean con una frecuencia cada vez mayor los mercados externos y las subcontrataciones. Un modo fácil y seguro de hacerlo es a través de Elance, una empresa estadounidense que conecta a las empresas con miles de proveedores autoempleados, que gracias a su sistema de historiales y reputaciones permite a las compañías seleccionar a los profesionales autónomos adecuados para realizar sus pedidos. El sistema es sencillo: ellas anuncian la tarea que necesitan y, a continuación, decenas de autoempleados compiten a través de una subasta por obtener el trabajo. Como las empresas prefieren a los profesionales baratos y fiables, aquellos más ineficientes o con un historial poco laureado acaban siendo desplazados del mercado. Y funciona.

En Elance se ofrecen servicios de programación, diseño, dirección de empresas, marketing, ventas, finanzas, asistencia legal, traducciones, pequeñas investigaciones y mucho más. Es un mercado inmenso. Lo más fascinante es que, gracias a este tipo de páginas web, un porcentaje creciente de individuos se está emancipando de la jerarquía corporativa, ganándose la vida como trabajadores autoempleados. Como diría David Friedman, cada uno vende “no de su tiempo, sino lo que su tiempo produce”. Y todo lo necesario para entrar en él es un ordenador de menos de 1000 euros.

Cuando Rothbard se burlaba de la propuesta de Konkin de reemplazar el trabajo asalariado por una red de emprendedores autónomos, desconsideró la posibilidad de que tecnologías como Internet pudiesen reducir los costes de transacción de organizar la producción a través del mercado. Hoy, en cambio, sabemos que las nuevas tecnologías trabajan por el socialismo.

Investigando sobre el problema de la llamada “defensa nacional” en una sociedad libre me he topado con dos textos especialmente interesantes; un libro coordinado por Hoppe, The Myth of National Defense, donde diversos autores de primera línea hablan sobre los ejércitos estatales, los ejércitos históricos de mercenarios, los bienes públicos, etc. Es relativamente extenso como para leerlo en Internet, pero tiene cosas realmente interesantes. El segundo texto, Funding Public Goods: Six Solutions, es un artículo de Roderick Long donde expone realmente bien el problema de la defensa nacional y algunas soluciones desde el libre mercado –muchas de ellas las tocaba yo por casualidad en La guerra y el futuro de la ley policéntrica.

En una sociedad donde los individuos no están obligados vía impuestos a sufragar los ejércitos, uno de los problemas cruciales es el de la defensa nacional. Esto sucede por dos motivos estrechamente vinculados entre sí: en primer lugar, a que, dado que las compañías no pueden discriminar quién ha pagado y quién no a la hora de defender un territorio (p. ej. no pueden salvar de las bombas únicamente las casas de sus clientes, sino que también beneficiarán –gratuitamente- sus vecinos), existen incentivos para que aparezcan “free-riders” o polizones; personas que se benefician del servicio sin pagar. En segundo lugar, y por esa razón, quienes sí pagan tienen la sensación de estar siendo estafados y tenderán a pasarse al primer grupo.

En este punto Roderick Long ofrece un par de ejemplos brillantes extrapolables a la defensa nacional, que refutan la idea estatista de los “bienes públicos”.

En primer lugar, menciona el caso de los faros, tradicionalmente considerados un “bien público” por todos los libros de texto económicos debido a que es imposible discriminar a qué embarcaciones lanzar indicaciones luminosas y a cuáles no, de modo que los “free-riders” se benefician del servicio a costa de los demás. Sin embargo, Long apunta que los faros ingleses del siglo XIX eran enteramente privados. La fórmula para atajar los polizones, en este caso, fue empaquetar el “bien público”, del que es imposible discriminarlos, con otro bien del que sí pueden ser excluidos: los servicios del muelle y el puerto. Los barcos, al pagar la tarifa del puerto pagaban además el mantenimiento del faro, de modo que los free-riders quedaron completamente anulados.

En segundo lugar, expone un caso similar de free-riders con las emisiones de televisión y radio, a los que cualquiera puede acceder si capta la frecuencia adecuada. Nuevamente, el mercado empaquetó el “bien público” de la emisión con un “bien privado”: la publicidad. Y una vez más los polizones quedaron excluidos.

Esto debería hacernos reflexionar sobre la naturaleza creativa del mercado; después de todo, millones de personas pueden inventar muchas más formas de proveer servicios de “defensa nacional” que nosotros solos en calidad de ingenieros sociales. Pero, aun así, es fácil advertir que el “bien público” de la defensa nacional podría ser empaquetado en “bienes privados” como los seguros de vida y de propiedad. Como argumenta Hoppe, las compañías de seguros (mutuos o convencionales) tendrían incentivos muy potentes para proteger y recuperar las propiedades de sus socios con tal de minimizar los costes, ya que de lo contrario tendrían que indemnizarlos

De ese modo, al añadir las compañías un plus a su tarifa, todo individuo que aspirase a asegurar su propiedad y su vida, o a minimizar los conflictos con otros individuos o compañías (virtualmente, casi todo el mundo) se vería obligado a costear un pequeño ejército para la “defensa nacional”. Por no mencionar la potente publicidad que supondría para una empresa patrocinar a una red nacional de compañías de seguridad.

Mantuve un pequeño debate hace unos días en el blog de Snake (Humano sin sentido) con Alejandro, que argumentaba que un libre mercado radical conduciría a un monopolio total -concretamente, citaba el caso de Carrefour en el sector minorista. Me dejé algunos puntos (p. ej. los incentivos fiscales que promueven artificialmente las fusiones y adquisiciones), pero el debate fue productivo, breve y conciso:

Alejandro: Imagínense el grupo Carrefour (cuya extensión fue limitada por las leyes de defensa de la competencia cuando se fusionaron Continente y Pryca). O sea que, mejor, imagínense un Carrefour mucho más poderoso de lo que es ahora. En la mayoría de las ciudades españolas sería el único gran hipermercado existente.

Ahora imagínense que Carrefour le dice a Coca Cola: Si le vendes a otro super-hipermercado, nosotros dejamos de comprarte.Y así con todos los proveedores. Fíjense que manera más sencilla de cargarse a toda la compentencia.

Afortunadamente, el ESTADO limita el porcentaje de metros de superficie comercial que puede tener una sola empresa en un municipio. Si no, les aseguro que todos ustedes comprarían en Carrefour. (y al precio y en las condiciones que quisiera Carrefour).

Víctor L.: En un libre mercado sobreviven y se expanden las empresas más eficientes; sin embargo, no estamos en un libre mercado.

Con esto solo quiero alertarte de que probablemente Carrefour no sea una empresa de libre mercado, sino que más bien ha crecido y prosperado al amparo de una infraestructura estatal previa, sin la cual sería impensable su existencia.

Es cierto que el Estado limita el porcentaje de metros de superficie comercial por municipio; y que las leyes anti-monopolio, en alguna medida, tratan de impedir las prácticas de “dumping” (aunque en esto último su intervención es irrisoria). Sin embargo, de ahí no se sigue que sin tales intromisiones, en un mercado libre radical, Carrefour fuese más fuerte. Tiendo a pensar todo lo contrario.

En primer lugar, Carrefour depende de una red de distribución a gran escala que sería impensable sin un sistema de carreteras estatales a costa del contribuyente; lo más probable es que, en anarquía, el coste añadido hiciese más atractivo comprar a comerciantes locales. Además, los locales de Carrefour se concentran en el extrarradio, el único lugar donde pueden comprar terrenos baratos y aprovechar las “economías de escala”; pero todo eso implica un enorme desplazamiento por parte de los consumidores, que sería menos atractivo de existir peajes. De nuevo, los comerciantes locales parecen una alternativa más razonable.

En segundo lugar, en el sector mayorista existen barreras de entrada altas que obstruyen la entrada de competidores -lo que permite a Carrefour expandirse más de lo que podría en un mercado libre.

Y por último, Carrefour y otras grandes superficies se aprovechan, al contrario que los pequeños comerciantes, de las EXPROPIACIONES estatales, un elemento casi indispensable para colocar grandes plantas con aparcamientos inmensos.

Por todas estas razones pienso que un libre mercado no tendría nada que ver con lo que aventurabas, sino que sería exactamente lo opuesto: un mercado popular a pequeña escala, de ámbito local y en muchos casos en manos de sus trabajadores.

(A continuación él me reprochaba que pretendiera eliminar las economías de escala –“una herramienta básica de toda economía moderna”-, y yo le contestaba que, por el contrario, las economías de escala son indestructibles y que solo aspiramos a que salgan a flote los costes ocultos de las mismas).

La supervivencia de un sistema libertario de ley policéntrica en un contexto hostil de grandes estados es una de sus grandes incógnitas, ¿serán capaces de tolerar un experimento que podría en tela de juicio su existencia, y serviría de ejemplo para millones de activistas en todo el mundo? Y, sobre todo, ¿sería capaz la sociedad libertaria de responder a los posibles ataques exteriores?

Las sociedades históricas de ley policéntrica, como Islandia, Irlanda o Inglaterra en la Alta Edad Media, funcionaron bien a la hora de resolver problemas cotidianos, pero acabaron sucumbiendo en la guerra, velada o abierta, contra los Estados centrales.

Hoppe argumenta que no hay nada que temer: las sociedades con economías comparativamente más libres pueden permitirse sufragar mejores ejércitos, con lo que siempre acaban superando a sus rivales estatistas. Eso explicaría por qué Holanda primero, y después Inglaterra y Estados Unidos, han sido primeras potencias a nivel internacional.

Pero esto solo es parcialmente cierto, y totalmente inaplicable al anarquismo. En primer lugar, la libertad económica no decide automáticamente la potencia de un país: Francia y España fueron, del XVI al XVIII, tanto o más potentes que los Estados que menciona Hoppe; y un conglomerado de países prósperos pero desunidos puede perfectamente ser vencido por un Estado central más pobre (p. ej. la victoria de Rusia contra Suecia en el s. XVIII). En segundo lugar, la relativa libertad económica de los Estados de Hoppe fue canalizada por un Estado centralizado; no responde a las objeciones de los arquistas.

Una primera objeción es la aparición de polizones: como las compañías de seguridad tendrían que proteger territorios concretos, sin posibilidad de discriminar a quienes no han pagado el servicio, existirían incentivos para no contratarlo –ya que se continuarían percibiendo gratuitamente sus beneficios. En respuesta, Bruce Benson apunta que un modo de combatir a los polizones sería añadir, en los contratos de compra de una vivienda, la contratación de compañías de seguridad. De esa forma todo vecindario –y finalmente toda ciudad o región- tendría compañías que podrían enlazarse, evitando los polizones y repartiendo el coste de la guerra entre toda la población.

Otra posible respuesta, de la que soy más partidario, podría apuntar lo siguiente. Las compañías de seguridad probablemente cobrasen un plus en tiempos de guerra, pero también tendrían que asegurar la vida y la propiedad de sus clientes en un contexto más peligroso. La percepción de restituciones o el rescate de prisioneros y bienes parecen incentivos suficientes para contratar seguridad, aun cuando los polizones se beneficien de servicios importantes sin pagar –después de todo, tampoco tendrían ninguna ayuda para reconstruir sus casas o recuperar a sus seres queridos.
Además, esta opción tiene una ventaja social importante: los ricos, que tendrían más interés en mantener sus posesiones, serían quienes principalmente sufragarían la defensa. (Lo que contrasta notablemente con la situación actual, donde los pobres sufragan y mueren por las guerras de los ricos).

Una segunda objeción son los costes de transacción: una organización centralizada tiene menos problemas para concentrar los recursos de guerra que el mercado. La razón principal del Estado fue reducir los costes de transacción que implicaba reunir una multitud de grupos independientes en una misma dirección, de modo que pudiese aprovecharse su fuerza conjunta. Sin embargo, hemos avanzado un poco desde el neolítico y la edad de bronce –cuando quizá, dado el nivel tecnológico, los costes de transacción fuesen privativos-; hoy, el teléfono y especialmente Internet pueden ayudar a coordinar grandes redes de compañías de seguridad, como ya sucede con éxito en muchos otros sectores.

Concuerdo con Manuel Castells en que, conforme avanzan las redes a lo largo de la economía, el anarquismo (especialmente de ley policéntrica) es cada vez más factible:

La gran dificultad para el anarquismo siempre fue cómo conciliar la autonomía personal y local con la complejidad de una organización productiva y de la vida cotidiana en un mundo industrializado y en un planeta interdependiente. Y es aquí donde la tecnología resultó ser una aliada del anarquismo más que del marxismo. En lugar de grandes fábricas y gigantescas burocracias (base material del socialismo), la economía funciona cada vez más a partir de redes (base material de la autonomía organizativa). Y en lugar de estados nación controlando el territorio, tenemos ciudades Estado gestionando los intercambios entre territorios. Todo ello a partir de Internet, móviles, satélites y redes informáticas que permiten la comunicación y el transporte local-global a escala planetaria.

Si al molino de viento correspondió la sociedad feudal, y al molino a vapor la sociedad capitalista, tal y como dijera Marx, las tecnologías de la información son el preludio del anarquismo.

Ya ha salido un trabajo que llevaba semanas esperando, The Decline and Fall of Sloanism, uno de los estudios periódicos que publica Kevin Carson para el C4SS. En su anterior número, Moloch: Mass-Production Industry as a Statist Construct, Carson profundizaba en uno de los temas principales de su libro anterior; el modo en que el Estado forzó la economía corporativa de la actualidad.
Esta vez trata del giro en esa misma economía corporativa hacia un modelo de fabricación flexible. A quienes hayáis seguido a Kevin Carson o hayáis leído sus libros os sonarán algunos capítulos –e incluso traduje uno de ellos al castellano, Decay of Cultural Pseudomorph-, pero el énfasis en la tendencia actual hacia la descentralización es un tema fascinante y completamente nuevo en él.
Últimamente he estado leyendo a autores radicales sobre ese mismo tema, sobre el efecto de las tecnologías de la información sobre las organizaciones, etc. y echaba en falta la perspectiva de Carson sobre el tema. Según cuenta continuará tratando ese tema en los siguientes números.

Benjamin Tucker publicaba en 1893 un artículo, Socialismo de Estado y anarquismo: en qué coinciden y en qué difieren, contenido en su Instead of a Book, donde exponía las posturas enfrentadas de Proudhon y Marx. El primero adoptaba la postura natural frente al monopolio: eliminar toda restricción a la competencia en la oferta de empleos, de modo que los trabajadores disfrutaran del producto completo de su trabajo. Marx, por el contrario, proponía  formar un monopolio universal concentrado en el Estado para combatir los monopolios del capitalismo.

Más de un siglo después, Gary Chartier toma la defensa del genuino libre mercado frente al capitalismo estatal y los remedios socialdemócratas en los mismos términos que Tucker. De lectura obligada para quienes todavía piensan que la sanidad americana es el paradigma del laissez faire:

Considere el impacto que ejerce el poder de monopolio de las compañías farmacéuticas y el complejo médico a través de la ejecución de los derechos de patente conferidos arbitrariamente por el gobierno. O considere el efecto sobre los precios cuando las exigencias de licenciación limitan quién puede ser médico, cuántos médicos puede haber y qué tipos de trámites deben pasar quienes no son médicos. O el efecto que ejercen similares exigencias de licenciación que reducen dramáticamente la competencia en otras profesiones sanitarias. O el efecto de limitar los permisos de los hospitales –frecuentemente también en vista de las condiciones de mercado de las comunidades en las que estarían dispuestos a operar (de modo que haya tan poca competencia cara a cara como sea posible).

Sin olvidar las restricciones estatales que impiden a los pobres un ingreso mayor del que obtienen bajo el capitalismo estatal, Chartier propone abolir las patentes sobre los medicamentos, los requisitos de zona y licencia para construir un hospital y todas las barreras de entrada que limitan la competencia entre las profesionales sanitarios. También apunta que las subvenciones agrícolas deberían ser suprimidas, debido a que desvían recursos para producir alimentos de escasa capacidad nutritiva.

Por mi parte, creo que una medida complementaria a la liberación total del mercado sería la mutualización de la sanidad pública, de forma que fuese entregada a las comunidades más cercanas y gestionada democráticamente por una junta electa, tal como el banco JAK, con el objetivo de ofrecer sus servicios al costo. Roderick Long menciona en How Government Solved que, antes de que el aparato regulador socialdemócrata las destruyera, asociaciones y mutualidades obreras de todo tipo ofrecían servicios médicos a sus afiliados por menos de 2 dólares al año.

¿Quién quedaría sin sanidad cuando las mutualidades la sirven al precio de costo, las barreras de Chartier han sido abolidas y el trabajo recibe su producto completo?

Es habitual que, frente a las denuncias de quienes se oponen al vínculo del Estado con las corporaciones, sus partidarios mencionen las también abultadas subvenciones a las pequeñas empresas. En efecto, si empresas de todos los tamaños y estructuras reciben subvenciones, no existe tal “capitalismo corporativo” ni es probable que, en ausencia del Estado, predominase una economía más local y a pequeña escala.

En primer lugar cabe aclarar que los mutualistas no defienden las pequeñas empresas per se; tan solo afirman que, en un libre mercado radical, la producción sería conducida por organizaciones de jerarquía y tamaño más reducido. No idealizan al pequeño empresario ni al trabajador autoempleado.

Respecto a las subvenciones a las pequeñas empresas, lo que debe preguntarse el estudioso no es a quién van dirigidas (sea a pequeñas, medianas o grandes empresas) sino qué estructura y tamaño de la organización fomentan. Si las subvenciones a corporaciones como Zara o General Motors estuviesen diseñadas para incentivar la producción para mercados locales, con redes de distribución cortas y jerarquías reducidas (p. ej. mediante requisitos previos al desembolso), es evidente que tales subvenciones, a pesar de dirigirse a grandes empresas, incentivarían un modo de producción exactamente opuesto.

Del mismo modo, si las subvenciones se dirigen a pequeñas empresas pero tienen por objeto intensificar el uso del capital, ampliar las redes de distribución y las jerarquías, es indiferente quiénes sean los beneficiarios; lo cierto es que la medida desviará el modo de producir hacia formas propias de las grandes empresas capitalistas.

Y esto último es lo que sucede en la actualidad: el Estado, en un torpe intento de crear una economía bien nutrida de pequeñas y medianas empresas, intenta crearlas a imagen y semejanza de los dinosaurios corporativos. Se trata de injertar sus procedimientos en un entorno completamente distinto a donde surgieron. Como consecuencia, las empresas subvencionadas fracasan o alcanzan un tamaño artificialmente grande.

Este es precisamente el objetivo de los institutos industriales que crecen por toda la geografía nacional, así como de las subvenciones a la exportación y a la Investigación y Desarrollo (I+D) –aunque por supuesto, las pymes no son las únicas ni las mayores beneficiarias de todo este derroche de medios estatal. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana el AITEX desarrolla gratuitamente productos con aplicación al sector textil; los empresarios no tienen más que comprar la patente para explotar sus descubrimientos. Gracias a estas instituciones públicas y semipúblicas, las poderosas empresas de ámbito local –que en ocasiones cuentan con multitud de empleados, y redes de distribución mucho más amplias de lo que sugiere el término “pyme”- externalizan en el contribuyente el coste de las pruebas e investigaciones de nuevos productos. Además, el AITEX también proporciona asesoramiento en administración y de diversa clase.

Tales ejemplos no refutan la tesis mutualista; al contrario, demuestran que sin toda esa infraestructura estatal de subvenciones, independientemente de quién sea su inmediato beneficiario, las organizaciones tenderían a ser de ámbito más local y menos jerárquicas. Las subvenciones a la exportación, ampliando las redes de distribución; las subvenciones al I+D y los Institutos, fomentando los métodos jerárquicos e intensivos en conocimientos técnicos; y las patentes gratuitas, otorgando un monopolio sin virtualmente ningún coste [1], operan en el sentido contrario.

———————————————————————–

[1]: Por otro lado, las patentes inhiben la tendencia hacia organizaciones más horizontales en la medida en que desechan su principal virtud: el conocimiento preciso sobre el proceso de producción.