Hojeando algunos capítulos de La reacción y la revolución (1855), de Pi i Margall, he encontrado material interesante que servirá para enriquecer nuestra Historia del análisis mutualista. Algunos párrafos lo delatan como un auténtico libertario, si bien algo más intervencionista -a corto plazo- de lo que seríamos hoy en materias como la legislación laboral y la educación. Se aprecia la influencia de Proudhon en temas como el libre contrato, la soberanía individual o el derecho de propiedad; bases para una reforma de la sociedad que consistiría en descentralizar el poder y abolir los privilegios económicos. Os pego un fragmento del capítulo VII (la negrita es mía):

Mas examino atentamente las condiciones de esta nueva sociedad, y observo que para fundarla, no sólo es necesario acabar con la actual organización política, sino también con la económica; que es indispensable, no ya reformar la nación, sino cambiar la base; que a esto se oponen infinitos intereses creados, una preocupación de siglos que nadie aún combate, una ignorancia casi completa de la forma y fondo de ese mismo contrato individual y social que ha de sustituir la fuerza; que esta oposición, hoy por hoy, hace mi sociedad imposible. No por esto retrocedo; digo: La constitución de una sociedad sin poder es la última de mis aspiraciones revolucionarias; en vista de este objeto final, he de determinar toda clase de reformas.

¿Me conduce a este objeto la creación de un poder fuerte? Si todo poder es en sí tiránico, cuanto menor sea su fuerza, tanto menor será su tiranía. El poder, hoy por hoy, debe estar reducido a su menor expresión posible.

¿Le da fuerza la centralización? Debo descentralizarlo. ¿Se la dan las armas? Debo arrebatárselas. ¿Se la dan el principio religioso y la actual organización económica? Debo destruirlo y transformarla. Entre la monarquía y la república, optaré por la república; entre la república unitaria y la federativa, optaré por la federativa; entre la federativa por provincias o por categorías sociales, optaré por la de las categorías. Ya que no pueda prescindir del sistema de votaciones, universalizaré el sufragio; ya que no pueda prescindir de magistraturas supremas, las declararé en cuanto quepa revocables. Dividiré y subdividiré el poder, lo movilizaré, y lo iré de seguro destruyendo.

¿Sobre qué legisla hoy el poder público? Hoy legisla aún sobre mis derechos naturales; los pondré fuera del alcance de sus leyes. Hoy legisla aún sobre mi propiedad; la anularé sobre los instrumentos de trabajo, y la proclamaré sobre los frutos de mi inteligencia y de mis manos completamente inlegislable. Rebajaré sin cesar su facultad legislativa; con ella, como es natural, la ejecutiva; y no le dejaré al fin con más atribuciones que la de saldar el debe y el haber de los intereses generales.

Ayer el FBI sorprendió a todo el mundo después de clausurar Megaupload y organizar el arresto de su propietario, un ciudadano alemán residente en Nueva Zelanda. A continuación se ha desatado toda una campaña mediática contra el tipo, Kim Schmitz, acusado de crimen organizado y blanqueo de dinero. Incluso se le ha acusado de ser adicto a las mujeres y a los coches deportivos (¡como si eso fuera un delito por el que hubiera de disculparse!).

Francamente, me traen sin cuidado los vicios de Kim Schmitz. Lo que hay en juego es mucho más importante. Cuando un individuo graba los contenidos de su televisor para compartirlos con otras personas a través de Internet, está empleando sus propios bienes. Lo mismo sucede cuando comparte discos de música, DVDs de películas, etc. Lo que realmente hay detrás de la llamada propiedad intelectual (copyrights, en este caso) es un monopolio contra la competencia benéfica de quienes comparten su propiedad gratuitamente con otras personas. O de quienes, como Schmitz, obtienen beneficios permitiendo que otros compartan sus archivos.

Pensad por un momento en el mercado de series de Televisión. En teoría, portales como seriesyonkis.com destruyen el negocio, dado que restan audiencia a las cadenas y reducen los incentivos de los patrocinadores en sufragar su producción a cambio de anuncios. Sin embargo, la competencia de seriesyonkis ha forzado a las cadenas de televisión (Antena 3, TVE) a innovar: para no perder ingresos -o para perder menos-, ahora ofrecen a través de sus páginas web los capítulos emitidos de sus series. Del mismo modo, el boom de las películas en 3D es en gran parte resultado de la competencia de Internet: los productores de cine se han visto obligados a ofrecer un valor extra para atraer a los espectadores a las salas. Y los músicos ahora ingresan más por sus conciertos que antes, puesto que su música tiene más difusión.

Endurecer el monopolio sólo conduciría a la producción de bienes menos creativos y más caros, con la única contrapartida de que los productores obtendrían beneficios más altos y más inmerecidos. La piratería del FBI contra las transacciones voluntarias.

Como sabéis, la Editorial Innisfree está trabajando en traducir al castellano muchas obras clave del anarquismo de mercado (en su página se baraja traducir desde el Machinery of Freedom, de David Friedman, hasta Our Enemy, The State, de Albert J. Nock). Pero la obra que ha dado el pistoletazo de salida a tal proyecto es El Manifiesto Neolibertario, el clásico de Samuel E. Konkin III, donde se expone la estrategia del agorismo como alternativa política al parlamentarismo. El traductor de esta edición española es un compañero mutualista, Ignacio Pablo Rico, y cuenta con un valioso prólogo redactado por Jesús Huerta de Soto. Ya podéis comprarlo en formato electrónico y en papel a través de Amazon. Os pego su introducción:

Por fin en español el Manifiesto Neolibertario del canadiense Samuel Edward Konkin III, la obra inaugural del pensamiento agorista y uno de los textos más lúcidos y estimulantes del libertarismo contemporáneo. En él, Konkin traza un coherente sistema de prácticas y estrategias revolucionarias a seguir —que orbitan en torno al fomento y crecimiento de actividades comerciales en el mercado negro— para alcanzar una sociedad agorista —en el sentido original griego de plaza abierta a actividades mercantiles—, en la que todos los individuos gozarían de un pleno uso de su libertad.

Por cierto, creo que en relación al mismo proyecto, otro compañero se ha puesto en contacto con nosotros para comunicarnos que ha iniciado la traducción de los Studies in Mutualist Political Economy, de Kevin Carson.

En este blog hemos hablado alguna vez de Clarence Lee Swartz, Francis Tandy, Dyler Lum y otros mutualistas norteamericanos mal tratados por la historia. Pero todavía hay una tradición más olvidada, por escribir: la de los mutualistas españoles de mediados del siglo XIX. Con frecuencia partidarios de la República federal y, por tanto, difíciles de distinguir del republicanismo corriente; confundidos con el obrerismo ingenuo de los socialistas utópicos; envueltos en una época convulsa, plagada de golpes de Estado e ideologías fugaces -como el cantonalismo-; y, finalmente, marginados deliberadamente por el anarcocolectivismo posterior, a veces se puede hasta dudar de la existencia de estos mutualistas.

Pero existieron, sin duda. Gente como Rafael Farga i Pellicer, cooperativista y federalista, que más tarde se pasaría al bakuninismo. También Pi i Margall, el mismo presidente de la Primera República, simpatizaba con la idea proudhoniana de “reemplazar el gobierno por el contrato”, y tradujo buena parte de su obra. Y hace poco, investigando sobre el modernismo barcelonés, llego a la persona de Ildefons Cerdà, un ingenierio que, “influido por Hegel y la máquina de vapor, por Proudhon y el romanticismo”, colaboró mediante su labor estadística con la huelga de 1855, al tiempo que simpatizó con el obrerismo y el republicanismo federal más radical, ejerciendo de videpresidente en la Diputación de Barcelona -que, tras la revolución de 1873 se convertiría, por momentos, en un auténtico “estado catalán”-. Paradójicamente, este hombre es el artífice del Eixample de Barcelona, paradigma de planificación central urbana.

Si alguien sabe algo más acerca de estos “mutualistas olvidados”, le agradecería que compartiera sus conocimientos con nosotros.

“¿En qué beneficia la creencia en el peligro de la libertad “excesiva” de los empleados a quienes la mantienen? Si son los jefes, la respuesta es obvia: más libertad significa menos supervisión, y menos supervisión significa menos autoridad (y tal vez, menos jefes).” – Gary Hamel.

A medio-largo plazo, la estructura de la empresa tiende a configurarse para hacer un uso eficiente de los factores de producción y minimizar los costes de transacción -externos- y administración -internos-. En concreto, la estructura de la gran corporación moderna, compuesta de varias unidades operativas dirigidas por una jerarquía de ejecutivos asalariados, surgió para coordinar los procesos de producción y distribución a gran escala (Chandler, 2008 [1977]), en un contexto de subvenciones al transporte, patentes y otras formas de intervención estatal en la economía -véase la sección IIa-.

La jerarquía corporativa tiende a proliferar cuando existen economías de escala en la producción y la administración -que, como hemos visto, han sido artificialmente infladas por el Estado- y cuando los mercados son poco competitivos, volátiles e innovadores. A su vez, la opción de otorgar participación en los beneficios y en la gestión del puesto de trabajo a los empleados tiende a hacerse más atractiva conforme el factor trabajo se hace más escaso. Por ese motivo, un libre mercado donde las deseconomías de escala se muestran antes, los mercados son más competitivos y los trabajadores son más escasos promovería la aparición de empresas notablemente más descentralizadas que las corporaciones actuales, con capas de directivos cada vez más exiguas delegando sus actividades en equipos autogestionados, empleados recibiendo gran parte de su salario en forma de participación en los beneficios, cooperativas y trabajadores autónomos.

Incluso hoy en día, desde la tenua liberalización de 1970-1980, las empresas tienden tímidamente hacia ese modelo. Un estudio sobre 300 empresas entre 1984 y 1999 mostró que las capas de la jerarquía se habían reducido, cada vez había más responsables que dependían directamente del director general y un mayor número de empleados recibía retribuciones a largo plazo en concepto de acciones (Rajan y Wulf, 2002). En el mismo sentido, una encuesta sugiere que las empresas que descentralizan la toma de decisiones -por ejemplo, mediante el establecimiento de equipos autogestionados o delegando poder a sus empleados- tienen una probabilidad “significativamente más alta” de lograr una mayor cotización de mercado que empresas similares gestionadas de forma tradicional (Malone, 2005). Por otro lado, la cuota de mercado de las grandes empresas ha disminuido desde 1970 (Stiglitz, RR). Aunque todavía se requiere más trabajo empírico, estos resultados confirmarían las previsiones mutualistas hasta cierto punto.

Según Business Week, “los equipos de trabajo autodirigidos son, por término medio, entre un 30 y un 50% más productivos que sus contrapartes convencionales”, alcanzando cifras sorprendentes en algunos casos, como la fábrica de 3M en Hutchinson, donde la productividad aumentó un 300% después de implementar los equipos autogestionados (citado en Williams, 1995). Las empresas descentralizadas padecen costes de información y agencia notablemente más bajos, puesto que sus trabajadores tienen más incentivos en compartir información -sin pasar el filtro de los intermediarios-, tienen libertad para innovar y resolver problemas ad hoc, presentan menores tasas de absentismo y cuidan mejor de los bienes de equipo (Malone, 2005; Hamel, 2008; Carson, 2008). En relación con eso, las empresas descentralizadas atraen a más trabajadores y son más capaces de retenerlos. Como son los empleados quienes contratan, eligen al personal en función de su aptitud para trabajar con el equipo existente (Hamel, 2008; Semler, 2001). Debido a la presión de los iguales y al interés intrínseco de los trabajadores en el éxito de la empresa, éstas pueden reducir costes en supervisión y vigilancia. Por ejemplo, Taco Bell descubrió después de implementar los equipos autogestionados que un solo gerente podía supervisar eficazmente más de diez sucursales, en lugar de mantener a un gerente por sucursal (Materiabiz, RR). Asimismo, las cooperativas requieren menos supervisores e inspectores de calidad que su contraparte capitalista tradicional (Carson, 2008).

En esa tesitura, ¿por qué la mayoría de empresas no implementa estructuras descentralizadas? Básicamente, por la resistencia de los managers. Como sugiere la cita de la cabecera (Hamel, 2008), éstos se muestran reacios a delegar actividades en sus subordinados, puesto que ello les restaría autoridad y, eventualmente, los haría prescindibles. Los managers perciben la autogestión como una amenaza a su control de la organización, pues “si bien el control directo del proceso de producción por los trabajadores podría aumentar la productividad, también hace a los gerentes más vulnerables frente a los trabajadores en caso de disputa” (Carson, 2008). Un estudio de la Harvard Business School sobre la autogestión concluía en términos similares (Heskett, 2006):

El mayor obstáculo a la autogestión, como uno podría sospechar, es la gente, especialmente los ejecutivos. C. J. Cullinane identificaba los requisitos más importantes para el éxito de la autogestión como “convicción y compromiso de los altos ejecutivos”. Como apunta Peter Jonson, “la autogestión auténtica y genuina no puede darse si hay jefes o supervisores alrededor”. Barry Frank comentaba, “tienes que elegir cuidadosamente quién quiere autogestión y quién no”. Margie Parikh concluía que “los equipos autogestionados se dan solo si hay buena disposición en ambos lados”.

Así pues, un mercado libre donde los ejecutivos no pudieran atrincherarse detrás de un sistema masivo de subvenciones, regulaciones y protección estatal sería mucho más favorable a las experiencias de autogestión. Los costes de la jerarquía serían más visibles, al tiempo que mayor la presión por descentralizar la organización. En especial, un sistema donde la banca no discriminase a las cooperativas en beneficio de organizaciones más jerárquicas (Carson, 2008):

Un ejemplo de tales fuerzas estructurales es el mercado capitalista de crédito, que tiende a ser hostil debido a que la forma cooperativa excluye la representación de las entidades crediticias en la junta directiva, y limita seriamente el uso del patrimonio de la empresa como colateral. Tratar como iguales a los gestores, que pueden ser reemplazados por los trabajadores, también presenta dificultades culturales para los bancos convencionales.

“Efficiency is determined by the nature of the environment to which the firm is adapting; but what role did power play in structuring the environment itself?” – Kevin A. Carson.

Antes de pasar a debatir las razones que determinan el tamaño y la estructura de la empresa, debemos preguntarnos qué es exactamente una empresa. Para la escuela neoinstitucionalista, de quien tomamos la definición, se trata de un “nexo de contratos” (Klein, RR) donde un agente contratante central adquiere la facultad de impartir instrucciones sobre los factores de producción -en especial, el trabajo- dentro de ciertos límites (Masten, 1991).

No obstante, tomando el libro de texto tradicional podríamos omitir cualquier referencia a la empresa y suponer que todos los actores económicos actúan como contratistas independientes que compran, producen y venden guiados por el mecanismo de los precios, respondiendo ante sus consumidores sólo en lo tocante a los resultados de su trabajo y no en lo tocante a los medios de su ejecución (Masten, 1991). Así pues, ¿por qué motivo habrían de existir organizaciones como las empresas? ¿Por qué existen?

En la célebre fábrica de alfileres de Adam Smith, la producción se dividía en hasta dieciocho operaciones diferentes, donde distintos hombres estiraban el alambre, lo enderezaban, lo cortaban y afilaban hasta dar con el producto final (Smith, 1776). Sin perjuicio de las economías de escala derivadas de la especialización, cada una de estas operaciones podía encargarse a trabajadores independientes que, una vez terminada su parte, intercambien mediante contratos el resultado de su producción al siguiente operario de la cadena. Sin embargo, en el mundo real es mucho más frecuente que una sola empresa interiorice tales operaciones, tome en propiedad las instalaciones necesarias y coordine a sus trabajadores mediante órdenes. Como sostiene Coase (1937), este fenómeno se debe a que existe un coste en el uso del mecanismo de los precios. Más concretamente, en su relación con el mercado, los individuos incurren en costes de transacción que consisten en obtener la información relevante, negociar los contratos y hacerlos cumplir. Bajo ciertas condiciones, la empresa reduce tales costes al reemplazar una multitud de contratos por un sólo contrato con cada factor de producción -en especial, el trabajo-, donde éstos se comprometen a obedecer las órdenes del empresario dentro de ciertos límites (Coase, 1937). No obstante, como a medida que una empresa interioriza más actividades se enfrenta a costes de transacción crecientes relacionados con la gestión de la información y de los empleados, ésta se expandirá hasta el límite en que el coste de transacción de organizar las actividades en el interior de la empresa -coste de administración (Demsetz, 1991)- sea igual al coste de transacción de organizar las actividades a través del mercado. Así, a partir de la clásica “decisión de fabricar o comprar” (Klein, RR) queda delimitado el tamaño de la empresa.

Un elemento que tiende a elevar los costes de transacción es el carácter incompleto de los contratos. Cuando las relaciones contractuales son simples y puntuales, es previsible que ambas partes puedan negociar y hacer cumplir todos los términos del servicio a prestar sin demasiados problemas. Pero cuanto más complejo o mayor sea el período para el abasto del bien o servicio, menores serán las posibilidades y la conveniencia de que el comprador especifique lo que espera de la otra parte contratante -puesto que no puede preveerlo. Por ese motivo, el servicio que habrá de prestarse se expresará en términos generales, dejando los detalles precisos para una fecha posterior. Así, conforme más conveniente sea celebrar contratos complejos y/o a largo plazo, más incentivos existirán en interiorizar las actividades de ambas partes en una sola empresa encargada de especificar los “detalles precisos”. Por ejemplo, las economías de escala en el proceso de producción (p. ej., la fabricación de alfileres) promueven la celebración de contratos complejos y a largo plazo entre los distintos trabajadores especializados, pero dado el carácter incompleto de tales contratos y tomando en cuenta el coste de renegociar los términos cada vez que se presentan circunstancias no previstas, existen incentivos en economizar tales costes de transacción interiorizando las distintas operaciones en una sola empresa. Como hemos visto en la primera parte, el Estado promueve artificialmente tales economías y, de ese modo, eleva el tamaño mínimo de la empresa. Asimismo, las economías de escala en la administración derivan en resultados similares; pero, como veremos más adelante, tales economías son promovidas y/o protegidas sistemáticamente por el Estado.

Otro elemento que tiende a elevar el coste de transacción es la especificidad de los activos, definida como “el grado en que un activo puede destinarse a usos alternativos y por usuarios alternativos sin sacrificar su valor productivo” (Williamson, 1991). Así, cuando una empresa X invierte en equipo especializado que sólo puede producir bienes destinados a otra empresa Y, decimos que existe un alto grado de especificidad de los activos, puesto que sus bienes de equipo perderán todo o gran parte de su valor si finaliza el acuerdo entre las partes. En estas circunstancias, es muy probable que la empresa Y trate de aprovecharse de su posición respecto a X presionando para renegociar a la baja los términos del acuerdo. Por ese motivo, es posible que, en previsión de esta situación, ninguna empresa realice la inversión en capital específico de X, aun cuando esto suponga desaprovechar las ventajas de la especialización; se trata del holdup problem o problema del atasco. un buen ejemplo de esto son las inversiones especializadas en capital físico y humano para la fabricación de componentes de automóvil. Otra variedad de este problema, conocida como dependencia bilateral, tiene lugar cuando las dos empresas han realizado inversiones específicas y tratan de aprovechar las variaciones en la demanda o los costes en detrimento de la otra parte, renegociando los términos del contrato o negándose a hacerlo. Todos estos problemas, que descansan en la especificidad de los activos, el carácter incompleto de los contratos y el oportunismo de los agentes, pueden mitigarse mediante la integración vertical, donde la propiedad conjunta de los activos reduce el conflicto de intereses y, por tanto, los costes de transacción.

Hasta ahora nos hemos ocupado principalmente de los costes de transacción y del modo en que la integración empresarial puede reducir tales costes. Pero no debemos perder de vista que, a medida que una empresa crece en tamaño y jerarquía, es en sí misma una fuente de graves costes de administración que limitan su expansión y explican, de hecho, la persistencia del mercado como mecanismo coordinador.

Como explica Hayek en un conocido ensayo (RR), el éxito del mercado sobre la planificación se debe al hecho de que los órganos de planificación central son incapaces de obtener toda la información económica relevante; ésta se encuentra dispersa entre una multitud de individuos que sólo pueden hacer buen uso de ella si se les deja libertad para coordinarse a través del sistema de precios. Por motivos similares, la dirección de las grandes empresas carece de la información adecuada sobre lo que sucede en su interior. Como dice Carson (2008), “los sistemas autoritarios de arriba-abajo presentan problemas de conocimiento intrínsecos debido a que quienes tienen experiencia directa del asunto en cuestión -los empleados- deben obedecer las políticas diseñadas por aquellos que no tienen tal experiencia directa -los directivos-; y aquellos que diseñan las políticas deben basar sus decisiones en información que ha sido distorsionada por varios rangos de jerarquía entre aquellos que procesan la información y quienes se encuentran en el poder”. Esto último es especialmente probable cuando el recepto de la información tiene facultad para impartir premios y castigos al transmisor. Los subordinados tenderán a comunicar a sus supervisores aquello que éstos quieran oir, o bien aquello que desean que sus supervisores conozcan. Además, los empleados tenderán a retener información relevante para proteger su posición y su rango en la compañía, al tiempo que la jerarquía eleva el coste de corregir a los superiores. Como resultado, la información llega distorsionada a la cúspide de la jerarquía, donde debe servir para diseñar la política de la empresa.

Por otro lado, las grandes corporaciones incurren en graves problemas de cálculo económico. Cuando existen bienes intermedios específicos que no poseen precios de mercado, éstos circulan a lo largo de la organización con criterios de “costo+plus” totalmente irracionales, o bien se trata de imitar defectuosamente la asignación que tendría lugar en el mercado abierto. E incluso cuando estos bienes intermedios poseen precios de mercado en el exterior de la empresa, no tienen por qué reflejar la escasez relativa en el interior de la empresa, y por tanto llevarán a problemas similares de cálculo. Este primer argumento, por cierto, ya fue empleado por Rothbard en Man, Economy and State (citado en Carson, 2008):

“Supongamos que no hay precios de mercado: p. ej. que la Compañía Jones es el único productor de un bien intermedio. En ese caso, no habría modo de conocer qué etapa de la producción está siendo gestionada de forma rentable y cuál no. No habría forma de conocer cómo asignar los factores a las distintas etapas. No habría forma de estimar ningún precio implícito o coste de oportunidad para los bienes de capital en ninguna etapa particular. Cualquier estimación sería completamente arbitraria y no tendría ninguna relación significativa con las condiciones económicas”.

Pero como sugiere el segundo argumento -la principal aportación de Carson al debate-, incluso si el bien intermedio posee un precio de mercado, éste no expresará la escasez relativa del bien dentro de la empresa. En ambos casos, el problema de cálculo económico llevará a errores de asignación y derroche de recursos; aumentará los costes de la empresa y, naturalmente, la hará comparativamente más ineficiente que aquellas que no incurran en tales prácticas de integración vertical.

La teoría de la agencia proporciona otro marco para analizar los costes de administración (Klein, RR). Puesto que las grandes corporaciones no son gestionadas directamente por sus propietarios -los accionistas- sino por ejecutivos asalariados, éstos tienen incentivos en usar su poder y su acceso a información privilegiada para conducir la empresa en función de sus propios objetivos. Así, tienden a evadir parte de su responsabilidad, a promover el crecimiento de la empresa o de sus departamentos por motivos de prestigio o a consumir el capital para rendir falsos beneficios a corto plazo e inflar sus propias primas y opciones de compra de acciones. La corporación es, como dice Carson (2008), “una aglomeración de capital no poseído bajo control de una oligarquía gerencial auto-perpetuadora”.

Los problemas de agencia ocurren como consecuencia de dos factores: a) el oportunismo, que implica que los individuos perseguirán sus propios objetivos aun a costa de la organización, a menos que se les provea de incentivos compatibles; y b) la asimetría de información entre jefe y subordinado, que impide al primero vigilar y medir todos los movimientos del segundo (Klein, RR; Williamson, 1991). Tomando que los contratos de trabajo son necesariamente incompletos, y dado que las recompensas no guardan relación con el esfuerzo, los problemas de agencia son especialmente graves en la empresa capitalista. Los jefes se verán obligados a incurrir en altos costes de vigilancia para extraer el máximo esfuerzo a sus trabajadores, y éstos tenderán a evadir sus responsabilidades en aquellos puntos más difíciles de percibir por la jerarquía. Además, los empleados tenderán a mostrar su descontento en forma de mayores tasas de absentismo, descuido de los bienes de equipo, mengua en los niveles de productividad e incluso sabotaje -y todos estos problemas aumentan conforme al tamaño de la empresa (Carson, 2008).  Tales costes están ausentes o son notablemente más bajos cuando los trabajadores retienen una parte significativa de los beneficios, o bien cuando el mercado reemplaza a la jerarquía.

En parte como resultado de los mencionados problemas de información e incompatibilidad de incentivos, la innovación tiende a ser muy inferior en las grandes empresas. De 61 grandes innovaciones ocurridas entre 1900 y 1958, 33 fueron producto de esfuerzos individuales, 7 lo fueron de esfuerzos mixtos y sólo 21 lo fueron de laboratorios de investigación corporativos. E incluso en el último grupo, 5 de las invenciones se originaron en pequeñas corporaciones (Jewkes, citado en Carson, 2008). Otro estudio, esta vez de la National Science Foundation, que tomaban una muestra de innovaciones técnicas ocurridas entre 1953 y 1973, concluyó que las empresas más pequeñas producían 4 veces más innovaciones importantes por dólar invertido en I+D que las empresas medianas, y 24 veces más que las empresas más grandes (Carson, 2008). Como sostienen Thomas J. Peters y Robert H. Waterman, ésto probablemente se debe a que los mandos intermedios de las grandes empresas inhiben la iniciativa de sus subordinados. La evidencia sugiere que mantener tasas altas de innovación requiere del “desplazamiento de la autoridad hacia los peldaños inferiores de la escala jerárquica y la preservación y maximización de la autonomía práctica de gran número de personas” (Peters y Waterman, RRR).

Hasta ahora hemos tomado una perspectiva comparativa de los costes y beneficios de la gran corporación y el mercado -e, implícitamente, otras organizaciones más descentralizadas. Pero, una vez más, debemos preguntarnos hasta qué punto ha distorsionado el Estado los costes y beneficios a considerar.

Ya hemos visto que el Estado promueve sistemáticamente las economías de escala en el proceso de producción y, de ese modo, infla el tamaño mínimo de la empresa. Otro argumento sostiene que las empresas tienden a crecer para alcanzar economías de escala en la administración, distribuyendo sus costes gerenciales entre la mayor cantidad de producción posible. No obstante, ésto tienden a aumentar los costes de información, cálculo económico y agencia ya examinados, y no será verdaderamente rentable a menos que exista una ventaja en la centralización de la distribución a gran escala, con sus respectivos métodos de almacenamiento y transporte estandarizados (Chandler, 2008 [1977]). Como tales economías están artificialmente infladas por las subvenciones al transporte, es previsible que el tamaño de la empresa sería inferior en un contexto de infraestructuras privatizadas.

Por otro lado, hemos visto que la especificidad de los activos, al aumentar los costes de transacción, es una de las principales motivaciones de la integración vertical. Pero un mercado donde la división del trabajo y la especialización de la maquinaria están artificialmente extendidas genera más “especificidad de los activos” de lo que sucedería en otro caso. Así, modos de producción flexibles y basados en tecnologías multiusos, más probables en un mercado liberado, promoverían la desintegración vertical en muchos sectores de la economía (Carson, 2008).

Los derechos de patente y copyright, al proteger determinadas innovaciones de la competencia, mitigan los costes de información, cálculo económico y agencia a que se enfrentan las grandes empresas. A su vez, incentivan que las corporaciones se integren verticalmente para obtener patentes sobre sus factores de producción, de modo que aunque el producto final esté libre de patente, el proceso de fabricación quede restringido. Así, a inicios del siglo XX, el trust norteamericano del tabaco inviritió masivamente en fundiciones, fábricas de maquinaria y talleres de reparación para obtener la patente sobre “inventos relacionados con la producción de cigarrillos, cigarros pequeños, rapé, papel de estaño para el empaquetado, cajas, etc.” (Lenin, RRR).

A nivel horizontal, las patentes promueven la integración en manos de la empresa propietaria de inventos clave. Por ejemplo, “General Electric y Westinghouse se expandieron para dominar el mercado de fabricación eléctrica a finales de siglo en gran medida a través del control de patentes”, y lo mismo sucedió en otras industrias como la química y las comunicaciones (Carson, 2008). En Estados Unidos, la máquina de coser podía producirse comercialmente a comienzos de la década de 1850, pero los fabricantes no pudieron empezar a fabricarlas en cantidades hasta que, en 1854, se terminó la batalla legal sobre las patentes y se formó un cártel de patentes (Chandler, 2008 1977). En la actualidad, las patentes protegen a empresas como Microsoft de la actividad de programadores independientes conectados a través de Internet (Carson, 2009), al tiempo que los copyright sostienen el modelo de outsourcing de Nike. Además, como consecuencia de las patentes, la innovación toma la forma de “saltos tecnológicos” planificados desde los laboratorios corporativos en lugar de basarse en cambios incrementales y constantes. Como hemos visto, esto último otorgaría ventajas especiales a las empresas pequeñas y descentralizadas capaces de fomentar la creatividad e iniciativa de sus empleados (Malone, 2005).

Asimismo, varios estudios revelan que las empresas pequeñas soportan costes notablemente más altos en materia de regulación que sus contrapartes más grandes, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda (Chittenden et al., 2002; Crain, 2005). Por ejemplo, en Estados Unidos el coste regulativo por empleado es un 45% mayor en las empresas pequeñas que en las grandes, alcanzando cotas todavía más altas en el sector industrial (Crain, 2005). Estas regulaciones consisten en procedimientos de gestión fiscal, requisitos medioambientales, sanitarios, laborales, etc. En algunos sectores se exige a las empresas que se encarguen de procesar sus propios residuos, lo que excluye del mercado a aquellas que carecen de las infraestructuras necesarias.

La doble tributación de los dividendos también es una “poderosa fuerza de concentración”, ya que incentiva que las corporaciones reinviertan sus ganancias en lugar de repartirlas como dividendos, atenuando de ese modo la tendencia de los ejecutivos a consumir capital para rendir falsos beneficios -uno de los ya mencionados costes de agencia. Si tales beneficios fueran repartidos como dividendos, podrían ser reinvertidos por sus accionistas en nuevas empresas, pero a causa de la doble tributación encontramos algunas grandes corporaciones con beneficios retenidos que “exceden sus oportunidades disponibles de inversión racional” mientras que la gran mayoría de pequeñas y medianas empresas carecen casi completamente de fondos de inversión. En una línea similar, las regulaciones a la compra-venta de acciones tienden a desviar las inversiones de capital hacia las grandes empresas, prohibiendo comprar acciones de negocios pequeños y locales a los inversores no acreditados (Carson, 2008).

Por otro lado, exenciones fiscales vinculadas a las ganancias del capital, la deuda corporativa y la compensación de beneficios promueven artificialmente las fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, una de las principales causas de la oleada de adquisiciones hostiles en la década de 1980 fue el ahorro de impuestos después de alcanzar altas tasas de endeudamiento (Bhagat et al., 1990, citado en Carson, 2008).

Finalmente, los contratos militares y los rescates con dinero público tienden a promover el crecimiento de la empresa para acceder a tales ayudas.

(Este artículo pretende ser la primera de dos entregas acerca de la teoría de la organización mutualista. Aunque usualmente no se distingue entre el proceso de producción y la empresa, se trata de dos unidades bien diferenciadas: un proceso a gran escala puede ser operado por una empresa pequeña, al tiempo que multitud de pequeños procesos pueden estar bajo control de una gran empresa. Por este motivo, y dada la confusión que existe incluso entre nosotros, he preferido dividir la Teoría de la organización en dos partes: una relativa al proceso de producción -el aspecto físico- y otra relativa a la empresa -el aspecto legal y contractual-. De todos modos, ambas partes interaccionan para explicar por qué las organizaciones del capitalismo tienen poco que ver con las que tendrían lugar en un libre mercado. A un plazo mayor, me gustaría completar las dos entregas con una tercera acerca del privilegio, donde se trate por qué los Estados tienden a promover la centralización de las organizaciones y de la riqueza).

La decisión de producción básica que afrontan los empresarios consiste en escoger entre diferentes cantidades y combinaciones de insumos con el objetivo de minimizar sus costes y maximizar sus ganancias. En la teoría neoclásica convencional, una de las herramientas para resolver este dilema es la función de producción, que indica la cantidad máxima de producto (output) que puede obtenerse con un conjunto determinado de insumos (input), dada la tecnología existente. Tomando en cuenta el precio de los insumos y sus tasas de sustitución, el empresario puede escoger la combinación óptima para producir una cantidad determinada del bien en cuestión. Desde esta perspectiva, el proceso de producción aparece como una caja negra donde las entradas se transforman automáticamente en salidas, y donde la proporción de las primeras se escoge mediante una simple operación matemática.

Cuando la producción de un bien requiere ciertas proporciones fijas de un insumo X, y tal insumo está subvencionado, el nivel general de la producción tenderá a aumentar por encima de lo que hubiera sucedido en otro caso. Así, por ejemplo, la producción de muchos bienes físicos requiere de ciertas proporciones fijas de infraestructuras de transporte (carreteras, aeropuertos, etc.), de modo que una disminución en su coste promueve una ampliación en el resto de insumos que intervienen en el proceso de producción (instalaciones, maquinaria, etc.). En cambio, cuando la proporción necesaria del insumo es variable, una disminución en su precio como consecuencia de la subvención tenderá a aumentar la proporción del insumo subvencionado respecto a los no subvencionados, sin repercutir sobre el nivel general. Así, las exenciones a la depreciación del capital o las subvenciones a la I+D tienden a promover métodos de producción artificialmente intensivos en capital. En un caso aumenta el tamaño de la planta de producción; en el otro, su composición.

Dentro de los insumos cabe distinguir dos tipos. Por un lado, los insumos fijos, cuya cantidad no se puede cambiar de inmediato si las condiciones del mercado indican que tal cambio sería conveniente, como en el caso de las instalaciones, las grandes máquinas y el personal de gerencia. Por otro lado, los insumos variables, cuya cantidad sí puede modificarse de inmediato, como en el caso de la provisión de materias primas o trabajadores. A largo plazo, todos los insumos (y costes) son variables, pero a corto plazo existen diferencias significativas. Los procesos de producción basados en una proporción mayor de insumos fijos tienen menos capacidad para adaptarse a las fluctuaciones del mercado, puesto que no pueden ampliar o reducir con facilidad sus niveles de producción. Por ese motivo, sus dificultades son mayores conforme se enfrentan con mercados más competitivos y fluctuantes.

Cuando un aumento en la cantidad de insumos da lugar a un aumento proporcional de la producción, decimos que existen rendimientos constantes a escala. No obstante, es frecuente que la adición de más insumos de lugar a un aumento más que proporcional de la producción (o a una disminución más que proporcional de los costes); entonces hablamos de rendimientos crecientes a escala. En este caso (también conocido como economías de escala), el coste unitario de producción se reduce y los empresarios están en disposición de disminuir el precio de sus productos. Pero, ¿por qué ocurren las economías de escala? Principalmente por tres motivos:

1. La división del trabajo. Conforme aumenta el tamaño de la planta de producción, los empleados pueden dividirse el trabajo de forma más eficiente y suprimir los tiempos muertos que median entre unas tareas y otras.

2. La tecnología. Si en el proceso de producción se requiere el empleo de varias máquinas diferentes, cada una de ellas con distinta capacidad productiva, es posible que la operación deba realizarse a cierta escala para explotar adecuadamente el equipo. Supongamos que sólo se requieren dos tipos de máquinas, una que fabrica y otra que empaqueta el producto. Si la primera máquina puede producir 20 000 unidades diarias y la segunda puede empaquetar 30 000, la producción deberá ser, por lo menos, de 60 000 unidades diarias para poder emplear ambos tipos de máquinas a plena capacidad. También existen economías cuando máquinas de mayor tamaño requieren proporcionalmente menos espacio, reparaciones o cualquier otra cuestión que las máquinas más pequeñas.

3. La compra de materias primas y bienes intermedios en gran escala, así como la contratación de publicidad, puede permitir al comprador obtener precios más favorables (descuentos por cantidad).

Sin embargo, por encima de cierto punto, la adición de más insumos produce un incremento menos que proporcional de la producción (o un aumento más que proporcional de los costes), lo que conocemos como rendimientos decrecientes a escala. En este caso (deseconomías de escala), los costes de producción tienden a distribuirse en una cantidad proporcionalmente menor de producción, de modo que el coste unitario aumenta. Esto se debe principalmente a dos motivos:

a) Los costes de distribución se elevan conforme aumenta el tamaño de las instalaciones y se añaden insumos al proceso de producción. Esto se debe a que, conforme una planta más grande centraliza las actividades de otras plantas más pequeñas, tiende a ubicarse necesariamente más lejos de la mayoría de consumidores. Así, a partir de cierto punto, cualquier disminución en el coste medio de producción derivado de un aumento en la cantidad de insumos queda anulado por un aumento más que proporcional en el coste de distribución. Éste se compone de los gastos necesarios para construir y mantener carreteras, aeropuertos y puertos, además de la contratación de camiones, aviones y barcos para transportar las mercancías a los puntos de consumo.

b) En la misma línea, la burocracia y los peldaños de la jerarquía aumentan conforme se añaden insumos a la producción. Esto implica tanto costes directos (el salario de los nuevos gerentes) como indirectos: la cúspide de la jerarquía se muestra cada vez más incapaz de obtener toda la información relevante acerca del proceso de producción, de modo que las decisiones administrativas tienden a alejarse más de la realidad conforme aumenta la escala de la producción. Naturalmente, esto se traduce en errores de dirección cada vez mayores que imponen serios límites al tamaño de la planta de producción. Volveremos sobre ello al tratar la teoría de la empresa.

Podríamos expresar lo dicho hasta ahora mediante una gráfica en forma de U más o menos pronunciada, donde a una disminución inicial del coste medio derivada del aumento de la producción sigue un incremento derivado de las deseconomías de escala. (Véase la gráfica, donde el eje horizontal representa la cantidad de producción y el eje vertical el coste medio). Equipado con estas herrramientas, el productor tiene la información necesaria para escoger el tamaño óptimo de sus instalaciones y la cantidad de insumos que desea emplear. Pero, ¿hasta qué punto ha distorsionado el Estado los costes y beneficios a considerar? ¿En qué medida ha intervenido el precio de los input y del output? Eso es lo que trataremos a continuación.

En primer lugar, bajo el capitalismo estatal los costes de distribución son artificialmente bajos. El Estado subvenciona masivamente el transporte de bienes físicos mediante la construcción y el mantenimiento de carreteras, puertos y aeropuertos públicos, promueve las industrias aeronáutica y naval y otorga precios especiales de combustible a los transportistas. De ese modo, y como indicamos antes, la subvención de uno de los insumos conduce a un aumento en la escala (y la centralización) de las operaciones. Además, en el sector servicios las carreteras públicas promueven la aparición de grandes almacenes y centros comerciales en el extrarradio, a donde los consumidores pueden desplazarse en automóvil gratuitamente.

En segundo lugar, las barreras de entrada, la protección contra la competencia (p. ej. mediante patentes y copyrights) y las regulaciones estatales reducen la competitividad de los mercados, promoviendo que los costes derivados de la burocracia (toma de decisiones errónea, etc.) sean menos penalizados de lo que serían en otro caso.

Como consecuencia, la intensidad de las deseconomías de escala se reduce, éstas se muestran a un nivel de producción mucho mayor y las instalaciones productivas se expanden por encima de lo que sucedería en un libre mercado. En nuestra gráfica, esto se plasmaría en una curva de costes con una sección horizontal artificialmente prolongada en su parte media. En la misma línea, las licencias elevan el tamaño óptimo de la planta de producción, como en aquellos casos donde se requiere un fondo de salida para iniciar el negocio (p. ej., en la banca). La expropiación de solares y los programas agrarios como la PAC, que otorgan subvenciones en función del tamaño de las propiedades, promueven asimismo unidades de producción excesivamente grandes.

Por otro lado, las subvenciones al transporte promueven artificialmente la división del trabajo e inflan el tamaño de los mercados. Esto, unido a las exenciones a la depreciación del capital, las subvenciones al I+D y la educación técnica, inclina la balanza en favor de la tecnología intensiva en capital y a gran escala, con predominio aplastante de los costes fijos sobre los variables. A su vez, como este modo de producción basado en tecnología hiperespecializada y altos costes fijos es más vulnerable a las fluctuaciones de la oferta y la demanda, requiere del Estado para inhibir la competencia del mercado (por medio de regulaciones, etc.) y absorber ocasionalmente los excedentes productivos a través del complejo militar-industrial, la conquista de mercados y otros programas públicos.

De ese modo, en ausencia de Estado, y si nuestros razonamientos son correctos, las unidades de producción serían más pequeñas y flexibles, con una proporción menor de costes fijos y equipadas con tecnologías multiusos, preparadas para saltar de un producto a otro en función de la oferta y la demanda.

Kristen Nelson describe las pautas de trabajo en una oficina de atención al cliente de una gran corporación petrolera:

El ritmo es extenuante (una media de 160 llamadas al día) y viene impuesto por el distribuidor automático de llamadas informatizado; las tareas son repetitivas, y los trabajadores están aislados en sus cabinas, con sus movimientos limitados por los auriculares y la concentración que necesitan poner en la pantalla del VDT (video display terminal). El ascenso se basa en las estadísticas de resultados obtenidas de forma mecánica: el ordenador mide el número de llamadas atendidas por cada operador, la duración de cada llamada, el número de clientes que cuelgan antes de ser contestados y el tiempo gastado fuera del teléfono o fuera del lugar de trabajo. Con el fin de vigilar el rendimiento, existen supervisores que escuchan un 10% de las llamadas diarias que contesta cada operador (aproximadamente 16), utilizando un monitor que no puede ser escuchado por el operador. Más de tres errores sitúan a éste por debajo del nivel de “exactitud” de la empresa.

Como en Metrópolis, tendemos a asociar la modernidad y la eficiencia en el trabajo con las formas jerárquicas y mecánicas. Pero existen motivos para pensar lo contrario.

Es obvio que unos trabajadores encerrados en cabinas, sometidos a una disciplina férrea y desprovistos de cualquier porcentaje en los beneficios o la gestión tienen pocos incentivos en sacar partido a su propia fuerza (e inteligencia) de trabajo. En relación a sus superiores, tenderán a comunicar aquello que éstos quieran oir y ocultarán todo lo que pueda utilizarse en su contra. Como apunta Williamson, los empleados tienden a concentrar sus “conductas reprobables” en puntos difíciles de captar por la jerarquía corporativa. Y como comenta Drucker, incluso en un negocio en crecimiento sólo una pequeña parte de los trabajadores terminará por ascender de puesto, de modo que un énfasis excesivo en los ascensos como mecanismo de motivación tenderá a desmotivar a la mayoría de empleados. Por otro lado, pagar a supervisores para que escuchen un 10% de las llamadas de cada operador es una solución mediocre cuando la fuente del problema está en el divorcio entre esfuerzo y recompensa. Las cooperativas y otras empresas donde los trabajadores participan de los beneficios tienden a incurrir en menos costes de supervisión. Por último, las empresas con complejo de Gran Hermano suelen registrar índices de absentismo (justificado o no) mucho mayores que otras empresas.

Si bien las ventajas de la participación (en la gestión y los beneficios) son menos evidentes en el sector de la “atención al cliente”, no subestimemos la capacidad de los trabajadores. ¿Quién imaginaba los cambios que introdujo la farmacia autogestionada?

Aquí viene la tercera entrega del recopilatorio, esta vez sobre estatismo corporativo (o, lo que es lo mismo: sobre los actos de agresión sistemática que han creado y todavía mantienen el capitalismo).

La aparición del capitalismo

- El capitalismo como orden espontáneo.

- El puño de hierro detrás de la mano invisible, I (Kevin Carson).

- El puño de hierro detrás de la mano invisible, II (Kevin Carson).

- Historia de un romance: la trasición al capitalismo en Japón.

- La transición hacia el capitalismo en el siglo XXI: los países subdesarrollados.

Globalización

- Ventaja comparativa y subdesarrollo.

- La globalización en acción.

Monopolios, privilegios, subvenciones y regulaciones: la base del capitalismo

- El efecto del monopolio radical sobre la empresa cooperativa.

- El monopolio de los aranceles (Kevin Carson).

- Las subvenciones al transporte (Kevin Carson).

- El vínculo militar-industrial (I).

- El vínculo militar-industrial (II): el caso alemán.

- Corporaciones versus mercado (Roderick Long).

- Advocatus diaboli (Roderick Long).

- Socialismo de Estado y anarquismo: los cuatro monopolios (Benjamin Tucker).

- Financial Management: ‘las empresas con vínculos políticos son más rentables’.

- La pequeña empresa, más perjudicada por la regulación estatal.

Propiedad intelectual

- Propiedad intelectual: una crítica libertaria (Kevin Carson).

- Equipos autogestionados y propiedad intelectual.

- Las patentes fomentan la integración vertical.

Así lo muestra un estudio de W. Mark Crain titulado The Impact of Regulatory Costs in Small Firms (descargar aquí). Pego algunos fragmentos:

This research updates and further delineates the disproportionality of the burden imposed by federal regulations on small business. Previous research bythe Office of Advocacy, Hopkins (1995) and Crain and Hopkins (2001), has established that regulatory and paperwork costs were found to be more onerous on small firms than on larger firms.

In the face of higher costs of federal regulations, the research shows that small businesses continue to bear a disproportionate share of the federal regulatory burden. The findings are consistent with those in Hopkins (1995) and Crain and Hopkins (2001). The research finds that the cost of federal regulations totals $1.1 trillion; the cost per employee for firms with fewer than 20 employees is $7,647.

Algunos ejemplos:

The sector-specific findings reveal that the disproportionate cost burden on small firms is particularly stark for the manufacturing sector. The compliance cost per employee for small manufacturers is at least double the compliance cost for medium-sized and large firms. In the service sector, regulatory costs differ little from small to larger firms. The disproportionality of the burden borne by small firms, identified in previous Advocacy studies, is further validated in this instance. On a peremployee basis, it costs about $2,400, or 45 percent, more for small firms to comply than their larger counterparts. The 2001 study, using a slightly different methodology, concluded that the disproportionality rate was higher—nearly 60 percent. Environmental and tax compliance regulations appear to be the main cost drivers in determining the severity of the disproportionate impact on small firms. Compliance with environmental regulations costs 364 percent more in small firms than in large firms.

Artículos relacionados:

Financial management: ‘las empresas con vínculos políticos son más rentables’.

Las empresas son hoy más pequeñas que en 1970.

Ya hemos empezado a movernos por el twitter para contrainformar acerca de las ideas del libre mercado anticapitalista: sin barreras de entrada, privilegios, subvenciones e impuestos. Todos los que tengáis cuenta podéis seguirnos en @mutualismoorg, retwittear y difundir el mensaje. ¡Cualquier apoyo es bien recibido!

Por cierto, nos han propuesto hacer un manifiesto alternativo al de la plataforma Democracia real Ya. ¿Sugerencias? ¿Voluntarios?

Tampoco estaría mal que pusierais en el apartado de comentarios los artículos mutualistas (de este blog o de otros, pero en castellano) más apropiados para difundir nuestro mensaje. Los que tengan más éxito irán colgándose en el twitter.

Me llama la atención que, tras la muerte de Bin Laden, nadie haya cuestionado el modus operandi de las fuerzas imperiales de EEUU. Obtuvieron su paradero a través de torturas a presos de Guantánamo -concretamente, ahogamiento simulado-, entraron a tiros en su vivienda y arrojaron el cadáver al mar; exactamente lo que esperaríamos de un mafioso que actúa fuera de la ley. Nadie plantea que Bin Laden mereciese un juicio justo, como sí lo obtuvieron los dirigentes nazis que perpetraron el Holocausto. No entiendo qué clase de Estado de derecho es ese ni encuentro dónde están esas bases “verdaderamente morales” que Ayn Rand atribuía a los Estados Unidos.

Me inclino a pensar que la captura de Bin Laden -sea verdadera o falsa- es pura ideología: como un triunfo romano, ha servido para que Obama recupere puntos después de su gestión desastrosa de la crisis, al tiempo que aviva la llama del patriotismo americano a costa de los derechos de los vencidos.

Buena reflexión de Alan Furth en su blog:

Primero, el anarquista de mercado nos diría que la habilidad que tiene una empresa para lavarle el cerebro a una gran cantidad de consumidores depende del tamaño de los presupuestos publicitarios, que a su vez depende del tamaño de la empresa en sí misma. Y los monstruos corporativos multinacionales de hoy en día simplemente serían económicamente inviables en un sistema de mercado verdaderamente libre; osea, en una economía en donde el estado no promoviese el crecimiento corporativo desmesurado a través de subsidios a la infrastructura de transporte y comunicaciones, patentes, cartelización de costos y leyes de incorporación. Lo mismo podría decirse del tamaño y poder de los conglomerados mediáticos modernos, cuya producción editorial contribuye a transformarnos en ganado conformista tanto como lo hacen sus anunciantes corporativos.

Yo trataría de evitar eso de “lavado de cerebros” (suena como si la gente no pudiera decidir), pero es completamente cierto que la ventaja publicitaria es más bien consecuencia que causa del éxito corporativo, y que éste en última instancia se deriva de la intervención estatal.

En este blog hemos hablado en diversas ocasiones sobre experiencias de producción descentralizada (intra e inter-empresa) como 3M, Taco Bell, Prato, MARVV, Semco, Linux o Elance, y todavía podríamos ampliar la lista para incluir a Whole Foods, Google, Gore o Volvo, entre otras. En algunos casos, la causa de estas experiencias es principalmente tecnológica (como en Linux, Elance y Google), vinculada con la “revolución de Internet”; en otros casos, la causa debe más a cuestiones circunstanciales, como en Taco Bell, donde la escasez de ejecutivos forzó a la dirección a otorgar más poder a sus trabajadores. No obstante, todavía existe una buena cantidad de empresas más o menos descentralizadas que son difíciles de encuadrar en alguna de las dos explicaciones anteriores.

Como mutualista intuía que la causa general estaba en las tenues liberalizaciones implantadas entre 1970 y 2000 (la época de nacimiento de la gran mayoría de estas experiencias), que habrían dado como resultado mercados más dinámicos donde la innovación constante y la flexibilidad cobrarían una mayor relevancia y donde, por lo tanto, los costes de las jerarquías corporativas serían mucho más evidentes. No obstante, hasta ahora no había encontrado ningún estudio que corroborase esta opinión y demostrara que, de hecho, las empresas son hoy más pequeñas que en 1970. Por suerte, en su manual de Microeconomía Joseph E. Stiglitz comenta unos datos extraídos del Economic Report of the President (1991):

Durante las últimas décadas, la importancia de las 500 mayores empresas de la revista Fortune ha venido disminuyendo en relación con el crecimiento del resto de la economía. La presión de la competencia está devorando incluso a las mayores empresas, mientras que van cobrando importancia las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, en 1970 las 500 mayores empresas de Fortune empleaban un total de 14,6 millones de trabajadores, lo que quiere decir que un trabajador de cada cinco (20%) trabajaba en una de esas 500 empresas. Sin embargo, en 1990 empleaban 12,4 millones solamente, lo que representa una reducción del 15% desde 1970. Dado que durante ese período el empleo aumento en el resto de la economía, la proporción del empleo total correspondiente a las 500 mayores empresas de Fortune cayó hasta apenas el 11,7%, es decir, únicamente alrededor de una persona de cada diez trabajaba para una de las 500 mayores empresas.

Y prosigue:

Las cifras de ventas muestran una tendencia parecida. Entre 1970 y 1990, las ventas registradas por las 500 mayores empresas de Fortune aumentaron un 59%, en términos reales. Sin embargo, la economía en su conjunto creció en ese período un 72%, es decir, las 500 mayores empresas de Fortune se quedaron muy rezagadas.

En Los celtas: una aproximación, trato brevemente el sistema jurídico de los celtas (apartado VII):

Legalmente, todos los hombres libres tenían un precio de honor; es decir, una valoración de su dignididad (prestigio o peso específico en la comunidad), directamente relacionado con su riqueza material, que servía para determinar la compensación que recibirían en caso de agravio. Aunque en época de la conquista romana estaban en proceso de constituirlo, los celtas desconocieron el Estado en sentido estricto. No había administración ni mecanismos públicos de cumplimiento de la ley, y la obtención de compensaciones por agravio era responsabilidad de la familia a la que pertenecían las partes enfrentadas.

Apesar de ello, los celtas [1] fueron capaces de garantizar cierta paz social a través de diversos mecanismos. En primer lugar, existía una clase de magistrados (llamados brithem en Irlanda) encargada de recitar la ley tradicional y de arbitrar en las disputas familiares. Como los linajes debían cargar en su conjunto con los costes de defender a sus agresores o vengar a sus víctimas, eran especialmente proclives a aceptar el arbitraje de los brithem, de los druidas o de los reyes. Una vez solicitado voluntariamente el arbitraje, desobedecer la sentencia judicial implicaba ser excluido de los sacrificios y privado del honor y de la sociedad normal, como bien nos dice César. Así, la responsabilidad familiar, la propia venerabilidad de la ley (y de sus ponentes) y el ostracismo eran incentivos suficientes para garantizar la estabilidad institucional.

Para el contexto general donde surge este sistema jurídico, podéis leer el post entero en Societas Maris. Aunque no trato extensamente el tema (no era mi intención), implícitamente se sugieren algunos factores que podían alterar su funcionamiento: la presión demográfica y la conflictividad intertribal promovían los comportamientos violentos, como se aprecia en las fuentes irlandesas y clásicas; y las economías de escala en la provisión de defensa militar fueron acentuando el poder de la autoridad central en detrimento de las tribus (aunque este proceso no llegó a concluirse hasta después de la conquista romana, ya se aprecia en la Galia).

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[1]: Como otras sociedades tribales: los romanos y los griegos antes que ellos, los árabes hasta tiempos de Mahoma, etc. Por ejemplo, en las leyes de la Atenas clásica todavía se conservaban resquicios de la responsabilidad familiar sobre sus miembros.

Gracias a Nidia Benítez, de Orden voluntario, ya está disponible en castellano Sin traición: la constitución sin autoridad. Pego un fragmento genial donde, al tiempo que cuestiona la legitimidad del Estado, Spooner sugiere (tácitamente) la alternativa mutualista:

Es cierto que la teoría de nuestra Constitución es, que todos los impuestos son pagados voluntariamente, que nuestro gobierno es una compañía de aseguramiento mutuo, voluntariamente asumida por las personas entre sí; que cada hombre hace un contrato libre y puramente voluntario con todos los demás que son partes de la Constitución, para pagar tal cantidad de dinero por tal protección, de la misma manera en que lo hace con cualquier otra compañía de seguros; y que él es tan libre de ser protegido y pagar impuestos como lo es de no ser protegido y no pagar impuestos.

Pero esta teoría de nuestro gobierno es completamente diferente de la realidad práctica. La realidad es que el gobierno, como un bandolero, le dice a un hombre: “Tu dinero, o tu vida”. Y muchos, si no la mayoría de los impuestos son pagados bajo la compulsión de tal amenaza.

Como en otros anarcoindividualistas, la influencia de Proudhon es patente.

Como vislumbrábamos en El capitalismo como orden espontáneo, éste aparece como resultado no intencionado de la interacción del Estado con otros grupos sociales. Ante la imperiosa necesidad de reclutar o pagar inmediatamente grandes ejércitos de mercenarios y artilleros, los Estados modernos (ss. XVI y XVII) tendieron a conceder privilegios a largo plazo a cambio de grandes contribuciones fiscales a corto plazo. Así, vemos a Carlos V conceder asientos sobre el comercio de las Indias a sus banqueros alemanes (en 1528, los Ehingen de Constanza obtienen el monopolio sobre el tráfico de esclavos, entre otros); o a Colbert, el ministro todopoderoso de Luis XIV, decretar todo tipo de privilegios a los comerciantes y manufactureros franceses con el fin de financiar la guerra contra Holanda e Inglaterra. La preocupación de esta época es, ante todo, “dotar a los contribuyentes del dinero suficiente para pagar sus impuestos”, y el método más rápido consiste en promover beneficios artificialmente elevados a base de privilegios y monopolios.

A iguales incentivos, los estados subdesarrollados del siglo XXI están respondiendo con las mismas estrategias que sus homólogos de antaño, acelerando inconscientemente la transición hacia el capitalismo, concentrando la riqueza en pocas manos y empobreciendo a sus ciudadanos (¿o más bien súbditos?). Gracias al maravilloso archivo que ha abierto El País con documentos de Wikileaks, llego a este cable de la embajada estadounidense en Guinea donde se informa de las actividades del gobierno de este país:

Land, operating licenses and import concessions were common forms of “payment” to ministers and other ranking officials during a period when “there was often no money to pay salaries”. The practice began with EG government seizure of “abandoned” Spanish colonial holdings — and their subsequent redistribution to officials as a means of compensation. As testament to the then-prevailing level of abject poverty, former U.S. Ambassador
to EG Chester Norris (1989-1992) relates having to personally loan money to President Obiang himself so he could “buy gasoline to go to local political events.”

Los marxistas deberían dejar de pensar en el Estado como una espada que cambia de manos en función de la clase económica dominante: en gran parte, es él quien marca la aparición de esas “clases económicas dominantes” a partir de sus propios intereses. Los archivos de toda Europa -y ahora Wikileaks- lo prueban sobradamente. Por eso soy mutualista.

(Lo escribí pensando originalmente en Societas Maris, pero creo que también es un asunto interesante para tratar desde un prisma mutualista).

Desde el descubrimiento de América, el Atlántico ha pasado de ser un apéndice del Mediterráneo a convertirse en la arteria líquida del gran comercio internacional: Lisboa, Sevilla y Amberes; más tarde Amsterdam y Londres, fueron eclipsando, paulatinamente, el protagonismo de viejas ciudades mercantiles como Génova, Venecia o Barcelona. Algo lógico, si pensamos que, a largo plazo, Norteamérica y Europa se convertirán en las civilizaciones más ricas y productivas del planeta. Ya en el siglo XIX, la ‘invasión’ de productos agrícolas e industriales procedentes de Estados Unidos aterroriza a los terratenientes y empresarios europeos, que sin embargo continúan haciendo buenos negocios en los puertos de Boston y Nueva York. El Atlántico se encuentra en su Edad de oro. Pero del mismo modo que éste vino para reemplazar al Mediterráneo, ahora el Pacífico está socabando la prosperidad relativa del Atlántico; es el gran movimiento de nuestro siglo, iniciado tímidamente por los españoles en el siglo XVI, con el galeón de Manila.

Conforme la producción industrial y el nivel de vida de países como India, China o Corea del sur aumenta, los intercambios de estos países entre sí y con las costas orientales de Estados Unidos están alejando las grandes corrientes comerciales de la vieja (y anquilosada) Europa. Al calor de este desplazamiento, los puntos intermedios del tráfico marítimo se ven salpicados de pequeños estados (incluso ciudades-estado) como Singapur y Hong Kong que, relativamente autónomas respecto a los grandes Estados territoriales del interior, no dejan de recordarnos a las repúblicas italianas de la Edad Media. Sólo tenemos que reemplazar la vela latina por el motor a gasoil; los toneles y las bolsas de piel por los grandes container. Como sus homólogas medievales, son centros financieros y comerciales de escala mundial que basan su prosperidad, además de en la geografía, en una política de impuestos bajos.

Al tiempo que Europa decae en términos relativos, aplastada por el peso de las regulaciones, el fisco y la inflación, otras áreas se ven bendecidas por el nuevo rumbo de la economía-mundo. Australia, que antes creíamos en el fin del mundo, se encuentra bien situada para aprovechar la oportunidad; a largo plazo, las costas orientales de Centro y Sudamérica (y en menor medida, el área del Caribe, situada a las bocas del canal de Panamá) están llamadas a un destino similar, mientras que Mozambique, Tanzania, Kenia, Somalia o Etiopía pueden esperar que su situación se alivie a un plazo mayor, conforme la riqueza de Asia estimula su agricultura y su industria.

Los principales enigmas que rodean a este gran movimiento secular son, sin duda, dos:

1) Qué sucederá con el modelo europeo de Estado del bienestar. Puesto que la economía-mundo bascula hacia el Pacífico, la nueva distribución de la riqueza parece beneficiar a Estados relativamente menos intervencionistas, o donde la intervención estatal se enfoca hacia otros sectores. Esto, además, podría vincularse con el gran debate que existe en Estados Unidos en torno a la relación del Estado y el individuo, sin duda como reacción frente al programa electoral de Obama (reforma sanitaria, etc.), pero que forma parte de un conflicto más amplio entre los valores europeos y los “genuinamente americanos”.

2) Qué sucederá con los países islámicos. En estos momentos, muchos de ellos se ven sacudidos por auténticas revueltas que amenazan con derrocar a sus gobiernos, y es imposible predecir en qué dirección se decantarán los acontecimientos: quizá seamos testigos de una nueva ola de islamismo que amenace el frágil equilibrio de Oriente Próximo; quizá, a largo plazo, se introduzcan reformas democráticas que garanticen cierta estabilidad institucional y permitan aprovechar su situación geográfica en la nueva economía-mundo.

Ante movimientos tan amplios sería temerario realizar cualquier predicción, pero para transformar el mundo hay que conocerlo.

Harold Demsetz sostiene que el medio ambiente es un bien público porque el coste de transacción de perseguir y penalizar la contaminación es demasiado alto: los beneficios de contaminar suelen estar concentrados, mientras las externalidades negativas están dispersas entre una multitud de afectados. Kevin Carson, partiendo de premisas mutualistas (que los lectores habituales de este blog conocerán de memoria) le da la vuelta a la tortilla: la clave no está en que los costes de perseguir y penalizar sean demasiado altos, sino en que los costes de contaminar masivamente son demasiado bajos. De hecho, artificialmente bajos.

If we look at the actual historical record of how tort liability law has dealt with negative externalities like pollution, it’s clear that the state has had a huge effect on shifting the comparative transaction costs of enforcing different kinds of property rights in a particular direction — namely, reducing the costs for large property owners (in particular firms in extractive industries) to enforce their rights against squatters and trespassers, while increasing the costs of small interests enforcing (for example) rights against polluters.

The bare act of large-scale engrossment of vacant land by the early American state, followed by large-scale land grants or grants of preferential access to favored railroad, mining, drilling, timber and ranching interests, is one example.

Another is the changes which American courts made in common law liability rules, as described by Morton Horwitz in “The Transformation of American Law.” The common law of liability was substantially changed in the early decades of the nineteenth century to protect businesses against liability for things that were regarded as a normal part of doing business, even if it resulted in real harms to third parties.

Yet a third example is the twentieth century regulatory state, which preempted common law liability altogether and created safe harbors for those who met its dumbed-down standards. In functional terms, this was a direct continuation of the process Horwitz described. A polluter who meets EPA standards can point to that as a legal defense, even if a plaintiff can marshal good scientific evidence that the pollution caused her significant harm.

Se trata de un viejo debate que no tengo la intención de retomar en serio, aunque sí querría plasmar algunas impresiones. Con el paso del tiempo me he ido convenciendo de que, a despecho de la opinión popular, el anarquismo no significa otra cosa que moderación en el uso de la violencia.

Más allá de si los derechos individuales son intrínsecos a la naturaleza humana o son fruto de una convención; más allá de todas las implicaciones económicas y sociales que tiene el uso moderado de la violencia, el anarquismo no aspira a otra cosa que a un marco institucional donde, como dice genialmente Montesquieu, los individuos se encuentren en una situación tal que “aunque sus pasiones les inspiren actuar con malicia, el interés les aconseje no hacerlo”. Para mí, el anarquismo supone una auténtica división de poderes; un complejo de incentivos que, a partir de la interiorización de costes y la competencia entre diferentes sistemas legales y compañías de seguridad y de justicia, garantiza que los individuos conserven la máxima libertad compatible con el máximo grado de prosperidad. Y mi lealtad al anarquismo está subordinada a la prosecución de tal meta.