Monthly Archives: February 2012

Acceso a la propiedad y desarrollo económico

A través del Coase Institute encuentro un interesante estudio acerca de las consecuencias socioeconómicas de entregar títulos de propiedad a los más pobres, Property Rights of the Poor: Effects of Land Titling. Os pego el abstract (la negrita es mía):

Secure property rights are considered a key determinant of economic development. The evaluation of the causal effects of property rights, however, is a difficult task as their allocation is typically endogenous. To overcome this identification problem, we exploit a natural experiment in the allocation of land titles. In 1981, squatters occupied a piece of land in a poor suburban area of Buenos Aires. In 1984, a law was passed expropriating the former owners’ land to entitle the occupants. Some original owners accepted the government compensation, while others disputed the compensation payment in the slow Argentine courts. These different decisions by the former owners generated an exogenous allocation of property rights across squatters. Using data from two surveys performed in 2003 and 2007, we find that entitled families substantially increased housing investment, reduced household size, and enhanced the education of their children relative to the control group. These effects, however, did not take place through improvements in access to credit. Our results suggest that land titling can be an important tool for poverty reduction, albeit not through the shortcut of credit access, but through the slow channel of increased physical and human capital investment, which should help to reduce poverty in the future generations.

Me pregunto qué consecuencias puede tener esto en relación a la propiedad mutualista sobre la tierra. Desde luego, en los países latifundistas la reforma agraria radical debería centrar gran parte de los esfuerzos políticos.

La escuela pública: crítica y alternativas

“Me gusta más la espontaneidad del niño que no sabe nada que el amplio conocimiento y la deformidad intelectual de un niño que ha sido sometido por nuestra actual educación” – Francisco Ferrer i Guardia.

La represión contra los estudiantes valencianos ha devuelto las reivindicaciones sobre la educación pública al primer plano. Y en buena medida están justificadas, puesto que la Generalitat Valenciana ha dejado caer todo el peso de los recortes sobre los sectores más débiles: profesores interinos (que, a parte de una reducción en su salario mensual, no cobrarán en verano) y estudiantes (que deben asistir a clase sin servicios mínimos de calefacción, entre otras cosas).

No obstante, dudo que muchos de los obstinados partidarios de la enseñanza pública hayan estudiando bien sus alternativas; me parece que tienden a convertir este debate en un conflicto sin matices entre la escuela pública, laica e idealmente accesible para todo el mundo, por un lado; y la escuela privada, religiosa y elitista, por otro. Cuando se introducen nuevos matices y alternativas, ambas posturas me parecen realmente débiles.

Cabe hacer varias apreciaciones. En primer lugar, la enseñanza pública es ineficaz: la mayor parte de los interinos circula de un instituto a otro sin posibilidad de conocer realmente a sus alumnos, al tiempo que los funcionarios, con su plaza en propiedad, carecen de todo incentivo para desempeñar bien su trabajo. Además de reducir la calidad de la educación, esto da lugar a auténticas guerras entre los profesores: los funcionarios, especialmente si son afines al director, tienden a beneficiarse entre sí, a costa de los interinos y de los alumnos (p. ej., cuando se reparten los mejores horarios, o cuando transfieren alumnos problemáticos de una clase a otra con criterios extrapedagógicos). De otra parte, los planes de estudio, controlados por el Estado central y las comunidades autónomas, tienden a modificarse constantemente por motivos políticos más que pedagógicos y promueven el adoctrinamiento de los estudiantes.

La defensa de una educación estatalizada y dirigida por funcionarios privilegiados es, francamente, un ideal reaccionario, indigno de gente joven. Pero, aunque muchos puedan estar de acuerdo con la crítica mutualista, probablemente mantengan sus reservas hasta que se les muestren alternativas. Si el objetivo es una escuela pública de calidad, probablemente la búsqueda no termine jamás. Pero si queremos una escuela de calidad, de acceso universal y abierta a la participación de consumidores, padres y profesores, entonces sí existen alternativas avaladas por la experiencia. Aquí viene lo mejor.

En España existen cerca de 500 cooperativas escolares gestionadas (y mayoritariamente poseídas) por padres y profesores; representan un 12% de la red privada concertada, facturan un total de 330 millones de euros al año y dan trabajo a 19.000 personas, 11.500 de las cuales son cooperativistas (datos de 2004). Dado que la propiedad y la gestión están convenientemente descentralizadas, es más fácil que los colegios respondan a las necesidades de los padres. Las plantillas de profesores tienden a ser estables para evitar que los alumnos sufran “el baile de los traslados”, al tiempo que la ausencia de plazas en propiedad y la necesidad de satisfacer a los padres proporciona buenos incentivos al trabajo. Además, en algunos casos los padres participan directamente en la gestión. Las cooperativas escolares sortean tanto los peores defectos de la escuela pública como de la privada tradicional.

Además, son laicas en un 75%. Y dado que la escuela pública tiende a reemplazar a la escuela privada laica y accesible, es probable que este tipo de escuelas creciese notablemente en ausencia de sector público. Así que, en pocas palabras, una solución apropiada parece convertir los institutos y colegios del Estado en cooperativas escolares, en manos de padres y/o profesores; dejar a la libre competencia todo el sector (lo que incluye abolir la planificación central de los planes de estudio) y subvencionar únicamente a las familias de menores ingresos. Free choice.

El federalismo: una reflexión a propósito de Pi i Margall

En La idea federal en España, Villacañas Berlanga disecciona el federalismo español del siglo XIX, con especial atención en Pi i Margall. Allí se leen citas tan interesantes como ésta, extraída de  su La reacción y la revolución (1855):

“Nuestro principio es la soberanía absoluta del individuo; nuestro objeto final la destrucción absoluta del poder y su sustitución por el contrato; nuestro medio, la descentralización y movilización de los poderes existentes.”

Aquí se aprecia con claridad que Pi i Margall no era un republicano al uso, sino un libertario. Y confieso que esta perspectiva gradualista me convence cada vez más. A corto y medio plazo, una España descentralizada en multitud de estados federales con amplias atribuciones en materias de recaudación y gasto podría ser una buena solución para limitar el tamaño del Estado. La competencia fiscal entre federaciones promovería bajas tasas de impuestos, y la ausencia de un Estado central redistribuidor (falazmente solidario) limitaría el gasto, al tiempo que proporcionaría más incentivos para el desarrollo regional. En última instancia, la adhesión a la federación debería ser voluntaria. Mutualismo y laissez faire, también en política.

Aunque el debate sobre la monarquía no es urgente ni esencial, tampoco sería excesivo reivindicar la I República frente a la II, liberticida y estatista.