Haciendo abstracción de la historia, si desde el Neolítico las sociedades se hubieran regido por parámetros libertarios, la transferencia de población del campo a la ciudad (y la misma aparición de las ciudades) habría seguido los siguientes pasos:
1. En primer lugar, la sociedad estaría compuesta de campesinos dedicados única y exclusivamente a la producción directa de bienes de subsistencia.
2. Conforme aumentase el excedente de producción (intensificación económica, mejora climática, etc.), los campesinos podrían saciar necesidades menos apremiantes, dedicando una parte cada vez mayor de su output a la adquisición de bienes manufacturados (vestido, calzado, etc.).
3. A causa de esta nueva demanda, parte de la industria campesina, dedicada al autoconsumo familiar, encontraría más rentable la venta para el mercado, restando tiempo de trabajo a las tareas del campo. Así surgirían la división social del trabajo y el artesanado especializado.
4. Si la demanda está lo suficientemente extendida territorialmente, los artesanos especializados tenderán a ocupar lugares centrales para minimizar los costes de desplazamiento de la mayoría de sus consumidores, dando lugar a las ciudades (que pueden superponerse a lugares de intercambio campesino tradicionales, etc.).
Parcialmente, el nacimiento de las ciudades durante la Edad del Cobre y el renacimiento urbano del siglo XI siguieron pautas similares, si excluimos loa intervención de las élites, la centralización administrativa, la aparición del Estado y los privilegios ciudadanos.
El primer modelo supone que la ciudad nace para saciar las necesidades del campo (donde hasta la actualidad sigue viviendo la mayor parte de la población mundial), pero, una vez organizada, los ciudadanos tienen incentivos en emplear su fuerza concentrada para subordinar al campo: pueden dar lugar a los primeros Estados que centralicen el excedente agrario; pueden excluir a los foráneos de las actividades urbanas, inflando artificialmente su rentabilidad; pueden gravar las actividades agrarias para subvencionar las actividades urbanas (administrativas e industriales); o pueden infringir los derechos de propiedad campesinos para forzar la emigración y aumentar los beneficios de los empleadores de trabajo urbanos (enclosures, etc.).
Incluso hoy, muchos países en desarrollo sufren la agresión de los cultivos transgénicos, que contaminan los campos circundantes e impiden la producción tradicional, arruinando a los pequeños propietarios e incentivando su emigración -con el beneplácito o la connivencia del Estado.
En todos estos casos, la transferencia de riqueza y población (la una sigue a la otra) tiene como base la agresión institucionalizada, que modifica los precios relativos de los diferentes empleos y, por lo tanto, el modo de ocupar el territorio.
En gran parte, la intervención estatal en el campo ha determinado las relaciones entre capital y trabajo hasta la actualidad, y parece imposible imaginar cómo se habrían desarrollado las ciudades y la industria en un contexto puramente libertario.