Para aquellos que aspiran a desmantelar el Estado, la “privatización” de la propiedad estatal es uno de los principales asuntos a resolver en su agenda.
Desde una perspectiva libertaria y más específicamente mutualista, la propiedad estatal debe ser devuelta a los contribuyentes y, en aquellos casos en que esto sea imposible por razones técnicas, la propiedad estatal debería ser apropiada por sus primeros ocupantes –los trabajadores de dicha industria o servicio estatal, como sugirió Rothbard en How and How Not to Desocialize.
Los mutualistas suelen ser críticos tanto con la visión estatista de la izquierda, para quienes los servicios ‘sociales’ son un monopolio estatal incuestionable, como con los apologistas de la corporación, para quienes se trata simplemente de transferir los bienes estatales a empresas capitalistas. Como dice Kevin Carson:
Al contrario que los socialistas de Estado, incluyendo a los socialdemócratas, nosotros [los mutualistas] nos oponemos a la provisión directa de los servicios sociales por el Estado. Pero a diferencia de los anarcocapitalistas y los libertarios de derechas, nosotros no equiparamos la “privatización” con el traspaso de las funciones estatales a corporaciones capitalistas. Y al contrario que los liberales vulgares y los neoliberales, nos oponemos a la externalización de funciones financiada por el contribuyente a las corporaciones “privadas” políticamente influyentes, o a la clase de privatización que deja el servicio público recién privatizado dependiente de los ingresos del contribuyente y funcionando en una red de protecciones estatales contra la competencia genuina del libre mercado. [1]
La propuesta mutualista consiste en entregar los servicios en forma de mutualidades a las comunidades-contribuyentes:
La alternativa genuina de libre mercado consiste en mutualizar los servicios gubernamentales: esto es, en descentralizarlos en unidades locales tan pequeñas como sea posible, transformándolos en cooperativas de consumidores gobernadas por sus propios clientes, y en última instancia, eliminando toda financiación vía impuestos, dejando que sea provista únicamente por clientes voluntarios. Por ejemplo, los colegios públicos deberían ser disueltos, y los colegios barriales o comunitarios transformados en cooperativas de consumidores directamente controladas por alguna combinación de profesores y padres de alumnos. Los hospitales públicos deberían ser transformados en instituciones genuinamente públicas: cooperativas participativas gobernadas por representantes de los pacientes, de los médicos y del personal de enfermería, y otro personal hospitalario. Los servicios públicos de gas y electricidad deberían ser entregados a los contribuyentes. [2]
Ahora bien, este método plantea algunos problemas. Los críticos de la mutualidad han apuntado que las deliberaciones democráticas conllevan altos costos de transacción (tiempo, esfuerzo, etc.) que una empresa convencional puede eludir con facilidad; que el reducido peso del individuo desalentaría su participación y que, al asignarse los recursos en base al principio de “un hombre, un voto”, sería imposible medir la intensidad de las distintas preferencias.
En este punto son útiles las anotaciones de M. Buchanan y Tullock expuestos por Horacio Langlois en varios artículos. [3]
Estos autores demuestran las deficiencias de la democracia directa en su forma actual de la siguiente manera: dada una comunidad de individuos, la mayoría de los mismos podría decidir acabar con un colectivo minoritario A perteneciente a dicha comunidad, aun cuando la intensidad del voto de este colectivo, que ve peligrar su vida, fuese probablemente mayor que el de buena parte del grupo mayoritario, para quienes el colectivo minoritario A es relativamente indiferente. Aplicado a un hospital mutualizado, esto podría significar que una mayoría podría destinar los recursos disponibles del hospital en aumentar el número de camas, por ejemplo, aun cuando la minoría demandase con más intensidad la modernización de los quirófanos. Como apunta Langlois:
A un hombre que se opone apasionadamente a una medida dada y a un hombre que es ligeramente favorable, pero no se preocupa demasiado de ella, se les da el mismo peso en el proceso de la toma de decisiones finales. Parece obvio que ambos individuos podrían mejorar su situación, en términos de sus propias preferencias expresadas, si se permitiera al hombre rotundamente opuesto, “comerciar” de algún modo o intercambiar algo con el partidario relativamente indiferente de la medida opuesta.
La solución que proponen estos autores es, por lo tanto, crear un mercado de votos en el que los grupos minoritarios puedan expresar la intensidad de sus demandas comprando el voto de los individuos más indiferentes de los grupos mayoritarios. Esto significa que en un hospital mutualizado sería posible saber de forma precisa y relativamente sencilla en qué proporciones han de destinarse los recursos, armonizando los intereses de los usuarios y reemplazando el cálculo económico tradicional –aunque dependiendo de él para sus transacciones externas.
El cálculo del consenso de James M. Buchanan y Gordon Tullock ha proporcionado un sustento teórico maravilloso a los servicios sociales mutualistas. Gracias a Horacio Langlois por sintetizarnos sus ideas.
Actualización:
En un principio no tenía previsto implementar las objeciones al “mercado de votos”, pero he cambiado de opinión a raíz del comentario de Marco.
La objeción básica a este sistema consiste en considerar que facilitará a los lobbies controlar los servicios mutualizados mediante sobornos. A esto pueden oponerse varios argumentos.
En primer lugar, evitar esto sería tan fácil como prohibir el intercambio exterior de votos, ya que su función consiste únicamente en agilizar los debates y reflejar las preferencias de los consumidores-propietarios. Puesto que los intercambios serían abiertos y transparentes no sería difícil atrapar a los infractores.
En segundo lugar, y creo que este es el argumento más importante, el soborno sería más improbable que en la actualidad. Los políticos sobornados no interiorizan el costo de sus acciones (por ejemplo, el contrato con una empresa de material sanitario de peor calidad, la tala de un bosque, etc.), mientras los votantes de una mutualidad sí, al ser al mismo tiempo propietarios y consumidores. De esa forma, los votantes se lo pensarían dos veces antes de empeorar gratuitamente un servicio que consumen y del que son propietarios.
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[1]: Kevin Carson, Organization Theory, editorial Booksurge, año 2008, p. 581
[2]: Ibid., p. 581
[3]: Véanse los excelentes artículos de Horacio Langlois, Teoría de los procesos democráticos; Democracia directa y reducción del Estado; Descentralización y desintegración del Estado y Los defectos de la democracia representativa.
